Madrid, 24 abr (dpa) – Amnistía Internacional acusó hoy al gobierno de Mariano Rajoy de hacer todo lo que puede para sofocar protestas pacíficas en España, limitando así el derecho a la libertad de expresión.
“El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía española y los planes para reforzar una legislación represiva son una clara señal de la determinación del gobierno español de sofocar las protestas pacíficas”, aseguró la organización de defensa de los derechos humanos.
En el informe “España: el derecho a protestar, amenazado”, Amnistía Internacional documenta abusos policiales contra manifestantes y asegura que el Ejecutivo conservador muestra determinación para reforzar una legislación ya de por sí represiva.
España se ha convertido desde la irrupción de la crisis económica, en 2008, en escenario de numerosas protestas ciudadanas contra el alto desempleo y contra las medidas de austeridad. En 2012 hubo casi 15.000 manifestaciones en el país, unas 40 por día. En 2013, solo Madrid registró 4.500, según los datos de Amnistía Internacional.
“La Policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas”, denunció Jezerca Tigani, directora para Europa de la organización de defensa de los derechos humanos.
El informe habla de palizas y otros malos tratos a manifestantes tras ser detenidos, sin que sus responsables rindan cuentas por ellos. Apunta también el uso de porras y proyectiles de goma por parte de los agentes que causan lesiones injustificadas.
También denuncia un aumento de las multas a quienes participan en manifestaciones no autorizadas y critica las reformas legales previstas por el Ejecutivo para introducir nuevos cargos imputables a manifestantes así como el incremento de las sanciones.
“En lugar de promulgar leyes represivas, el gobierno y el Parlamento de España deben revisar la legislación, las políticas y las prácticas relativas a las manifestaciones y reuniones públicas para garantizar que son conformes con sus obligaciones internacionales”, instó Tigani. “El descontento público no se puede acallar mediante la represión”.
