Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– El Juez Quinto de Circuito de lo Civil de Panamá, Juan Bosco Molina Rivera, ordenó el embargo de 10 propiedades del magnate mexicano Carlos Slim como consecuencia de un pleito legal por la concesión de explotación de una central hidroeléctrica en donde se denunció abuso de poder, espionaje industrial, competencia desleal y otras irregularidades, informó el diario La Estrella de Panamá que obtuvo acceso al auto dictado por la autoridad judicial.
De acuerdo con el medio, se trata de seis fincas en la provincia de Chiriquí, dos en Panamá, un apartamento en la capital y la central hidroeléctrica Bajo de Mina. El medio dio a conocer el día de ayer que quien logró el embargo del empresario de origen libanés fue Julio César Lisac Jiménez, un ciudadano panameño de 82 años que hace más de cinco emprendió una lucha contra Slim.
La decisión judicial emitida el pasado 20 de noviembre, considera procedente la solicitud de embargo presentada por Lisac, quien en 2006 denunció al gobierno del ex Presidente Martín Torrijos por favorecer que le quitaran una concesión de explotación hidroeléctrica para dársela a Carlos Slim.
El diario panameño refiere que desde 1997, Mina Hydro-Power Corp, con inversión internacional y de Lisac a la cabeza, contaba con los permisos para estudiar la factibilidad de tres proyectos hidroeléctricos. Uno de ellos, Bajo de Mina tenía en 2006 todos los estudios y permisos aprobados, la concesión recibida y el contrato de construcción firmado. Sin embargo, apareció en la escena el grupo Slim.
“Los que se presentaron primero como potenciales asociados y luego interesados compradores se convirtieron, en menos de un año, en quienes se hicieron cargo de la concesión, que la Autoridad de Servicios Públicos de Panamá (ASEP) le retiró a Lisac tras no concederle una extensión solicitada de cinco meses para empezar las obras , cuando ya habían firmado el contrato de concesión de generación de energía”, publica La Estrella.
Dice que de acuerdo a lo relatado por Lisas, en tiempo récord se empezó a construir la Central Hidroeléctrica Bajo de Mina, sobre un modelo que identificó copiado del suyo. En consecuencia Lisac acudió a la justicia panameña con el argumento de abuso de poder, espionaje industrial, competencia desleal y otras irregularidades.
En 2010, la Sala Tercera de lo Contencioso administrativo de la Corte Suprema declaró ilegal la resolución con la que la ASEP le retiró la concesión en la que había trabajado durante casi diez años. Según el fallo, la ASEP actuó de forma poco diligente en el manejo de sus responsabilidades administrativas y argumentó incluso que fue la propia institución la que no hizo lo necesario para que Mina Hidro-Power Corp. pudiera empezar los trabajos acordados.
En otros tribunales de arbitraje internacional, como el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el caso enfrenta a Panamá a una multa de hasta 2 mil 500 millones de dólares por contravenir acuerdos bilaterales con Estados Unidos, algunos de cuyos inversores tienen intereses en el grupo de Julio César Lisac.
La compañía estadounidense Transglobal Green Energy, también Transglobal Green Panama, socio estratégico de Lisac, emplazó al Gobierno panameño a un acuerdo amistoso sobre la anulación de la concesión antes de emprender acciones legales internacionales.
