Por Shaila Rosagel y David Martínez
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La organización internacional Artículo 19 lanzó una petición en la plataforma Change.org para exigir a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Nájera Herrera, que consignen a los funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) responsables de los ataques contra varios medios de comunicación.
La organización en defensa de la libertad de expresión detalla en la petición que los portales informativos Aristegui Noticias, SinEmbargo, y Cuna de Grillos fueron atacados en reiteradas ocasiones, dejándolos inhabilitados durante horas o días enteros.
“Además, redes de bots en redes sociales atacan a estos medios, con el objetivo de desacreditar y callar discursos críticos, violentando gravemente el derecho de la sociedad a recibir información”, agregó.
Investigaciones llevadas a cabo por la Policía Federal (PF) y la FEADLE, que han sido difundidas por SinEmbargo y Aristegui Noticias, entre otros medios, así como Artículo 19, exhiben una red de agresores contra periodistas y medios orquestada por Adrián Rubalcava Suárez, ex Delegado de Cuajimalpa y próximo Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el PRI, en colaboración con Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de Televisa; Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa; y Danna Vázquez, representante de celebridades, con acceso a las redes sociales de sus clientes en beneficio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La investigación judicial inició en octubre de 2014, cuando SinEmbargo y personal del medio sufrieron agresiones cibernéticas. Debido a ello este medio interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), investigación que fue dirigida a la Unidad Científica de la Policía Federal.
La indagatoria consta en el expediente 074/2015, fincado en la FEADLE. Este medio tuvo acceso al expediente por la denuncia interpuesta debido a los ataques que recibieron varios directivos a finales de 2014.
La organización recuerda que la Unidad Científica de la Policía Feral, con apoyo de un juez federal, ha recabado suficientes elementos de prueba, incluyendo más de 30 intervenciones telefónicas que relacionan directamente a Rubalcava con Zaragoza. También se ha demostrado que el empleado de Televisa recibe instrucciones y dinero del funcionario priista desde hace años para coordinar campañas de difamación, desprestigio y extorsiones en contra de medios, periodistas y miembros de otros partidos políticos.
“A pesar de la urgencia y la gravedad de los hechos, la FEADLE, a cargo de Ricardo Celso Nájera Herrera, ha mostrado ser incompetente y omisa en beneficio del ex Delegado de Cuajimalpa. De acuerdo a las grabaciones, Jeannette Aguirre, la primera agente del Ministerio Público a cargo del caso, recibe supuestamente dinero de los agresores. El otro agente del Ministerio Público designado a cambio de Aguirre se fue supuestamente de vacaciones poco antes de que Rubalcava obtenga el fuero por ser próximo legislador de la ALDF”, denunció Artículo 19.
Por ello, Artículo 19 invita a los ciudadanos a exigir a “Ricardo Nájera Herrera, titular de la FEADLE, que haga su trabajo, consignando la investigación ante un juez antes de que Rubalcava se convierta en Diputado del DF y así consiga fuero. Esto sucederá el próximo 17 de septiembre”.
“¡Ayúdanos con tu firma y difunde esta petición para exigir a las autoridades que cumplan con su obligación de poner un alto a la impunidad!”, finaliza.
El organismo defensor de la libertad de expresión manifestó también su preocupación ante la evidencia de que “funcionarios públicos del PRI en colaboración con empleados de la televisora más grande del país, estén usando recursos públicos para acallar, por medio de actos de intimidación, acoso, campañas de difamación y desprestigio, extorsiones y ataques cibernético, a medios y periodistas”.
El día de ayer, Artículo 19 pidió a la FEADLE, a la PGR, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y al Gobierno del Distrito Federal (GDF) garantizar la seguridad de los periodistas tras la denuncia de la red de acoso que financia, entre otros políticos, el ex Delegado Adrián Rubalcava, y en la que está involucrado un empleado de Televisa de nombre Juan Carlos Zaragoza Ríos.
“Para Artículo 19 no hay duda al señalar que es responsabilidad de la PGR investigar las omisiones por parte de la FEADLE, que tiene como mandato la protección de la libertad de expresión y no obstante, ha beneficiado a los agresores, vulnerando la seguridad de los integrantes de estos medios. Adicionalmente, Artículo 19 llama a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a la FEADLE y al Gobierno del Distrito Federal a adoptar las medidas preventivas y de protección que resulten necesarias para garantizar no sólo el ejercicio de libertad de expresión, sino la seguridad personal, de instalaciones y demás derechos humanos de quienes laboran en SinEmbargo”, dijo el organismo civil.
“Por esa razón, Artículo 19 hizo un llamado a las autoridades federales y del Distrito Federal para que sin dilaciones cumplan con su responsabilidad de investigar las agresiones, garantizar la integridad de los colaboradores del medio y proteger el derecho que tienen de recabar y difundir información sin presiones de ningún tipo”, agregó.
Por su parte, Alberto Tavira, editor del sitio digital Cuna de Grillos, confirmó a través de un comunicado que sí se le pidió bajar una foto de Adrián Rubalcava por medio de correos electrónicos, y dijo que se suma “a la inconformidad de cualquier mecanismo que pretenda obstaculizar el derecho a la información que tienen los lectores”.
Confirmó, como se publicó en SinEmbargo, que fue un “Alejandro Rojo”, es decir, Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de Televisa, quien envió los correos para que se bajara el material que Rubalcava quiso eliminar de distintos medios por medio del acoso.
Cuna de Grillos salió en las escuchas ordenadas por un juez durante la investigación realizada por la Unidad Científica de la Policía Federal.
LEGISLADORES PIDEN INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
En tanto, Luis Ángel Espinosa Cházaro, ex candidato por el PRD a Delegado en Cuajimalpa -a quien se le montó una campaña en Facebook y en Youtube con material que en apariencia, provenía de “enemigos” del mismo PRD- hizo un llamado a las autoridades a investigar el origen de los recursos con los que se pagaron las campañas de desprestigio en su contra, de SinEmbargo, Aristegui Noticias, otros políticos y periodistas.
“Hay que investigar quién pagó a estas personas para hacer campañas de desprestigio. Si era Delegado –Rubalcava-, los recursos pudieron haber salido de la Delegación. Hay que recordar que Cuajimalpa tiene un nivel de opacidad enorme, pues de 80 por ciento de transparencia que había hace tres años, ahora está en 40 por ciento, más opaco”, dijo Espinosa Cházaro a SinEmbargo.
“Hay demasiados antecedentes en contra de Adrián Ruvalcaba para que se proceda penalmente. Esto no debe continuar, son demasiados los elementos de todos lados. Este y cualquier caso que quede impune es mandar una señal a la ciudadanía de que si te dedicas a la política y delinques, no pasa nada. Es una invitación a que la gente utilice las influencias en contra de los medios, como sucedió con SinEmbargo, con Aristegui”, indicó.
Espinoza Cházaro recordó que tanto él, como su equipo, denunciaron ante el Ministerio Público a Adrián Ruvalcaba por encabezar los ataques de los que fueron víctimas antes y durante la campaña a la Jefatura Delegacional.
Los ataques no sólo incluyeron el acoso a través de las redes sociales con campañas de desprestigio, sino un atetado a su camioneta en abril y la irrupción violenta de un grupo de golpeadores durante su informe de actividades como Diputado Federal en diciembre de 2014.
“Es el comportamiento de un gánster. Pretenden utilizar la fuerza, lo vemos en la parte política en contra de quienes en la Delegación hemos señalado la corrupción, violencia y delincuencia con la que se ha manejado este grupo político que encabeza Adrián Rubalcava”, dijo.
Durante la campaña de Cházaro a la delegación hubo lesionados y amenazas de muerte. Durante la golpiza a la que hace referencia, el saldo de perredistas golpeados fue de 19.
Por su parte, el Diputado Federal electo Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional (PAN) también se pronunció porque las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva sobre el ataque digital del que fueron blanco diversos portales informativos, y se castigue a los responsables, sin que sus vínculos políticos influyan para abonar en la impunidad.
“Yo pediría que se realizara una investigación exhaustiva para ver qué personajes han hecho uso de una agencia o un consultor que se encargue de boicotear o sabotear a los portales para que no se publiquen ciertas notas, porque además de que es ilegal, es contrario al espíritu democrático que queremos instalar en el país”.
El legislador electo por el Distrito 10 del Distrito Federal consideró que una investigación profunda, eficiente y cabal sobre el boicot informático permitirá cumplir el objetivo principal salvaguardar la libertad de expresión en México.
Pero no solo eso, permitirá a la ciudadanía recobrar un poco la confianza en sus instituciones, en un momento en donde la imagen de la clase política está por los suelos, gracias precisamente a este tipo de actitudes, excesos y abusos por parte de algunas personas.
“La indagatoria se debe de realizar venga contra quien venga, creo que estamos hartos de que en este país haya intocables, hartos de que exista inmunidad [para los servidores públicos], la libertad de expresión es algo que debemos salvaguardar y cuidar todos”, dijo el Diputado electo Jorge Triana Tena.
Raúl Flores García, presidente del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (PRD-DF), consideró que debe hacerse un deslinde de responsabilidades, seguir el proceso y si se comprueban los hechos, la autoridad deberá solicitar a la Secretaría de Gobernación el desafuero para Adrián Rubalcava, quien ahora es Diputado electo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y que a partir del 17 de septiembre tendrá inmunidad procesal [fuero].
“Se debe acreditar el grado de responsabilidad, a pesar de que haya fuero”, dijo el líder partidista en la capital del país.
El PRD-DF denunció durante el pasado proceso electoral a Ruvalcaba Suárez por enviar a un grupo de golpeadores llamados “Los Claudios” a intimidar y amenazar de muerte a varios militantes del Sol Azteca que hacían proselitismo político en la Delegación Cuajimalpa a favor de los candidatos perredistas.
En esa ocasión, Flores García acudió a ofrecer una conferencia de prensa en la explanada delegacional de la demarcación, a donde llegó un grupo de hombres para tratar de intimidar a los presentes. El presidente del partido reconoció a uno de ellos y aseguró que formaba parte de “Los Claudios”.
Después de ese evento, una de las noches Ruvalcaba y varios perredistas se enfrentaron a golpes.
FISCAL ASEGURA BUSCAR “VERDAD HISTÓRICA”
“El tema está en investigación, se está trabajando”, afirmó Ricardo Nájera, FEADLE al ser cuestionado hoy sobre qué hará la Fiscalía con la evidencia de la red contratada por la oficina del ex jefe delegacional Adrián Rubalcava.
El Fiscal Especial rechazó comprometerse a fijar un plazo para terminar con la averiguación previa que revele la “verdad histórica” en esta red de acoso a medios digitales, que determine si existió uno o varios delitos o si existió uno o varios probables responsables.
Sin embargo, dejó entrever que la conclusión del caso no llegará pronto, pues en esta búsqueda de la “verdad histórica” también se considera al ex Delegado Adrián Rubalcava como ofendido dentro de la averiguación previa.
“Se está checando en este caso específico inclusive a la persona que se hizo el comentario originalmente (Adrián Rubalcava) forma parte de esta averiguación previa como ofendido. También él denunció una serie de ataques de su parte”, sostuvo.
Cuestionado directamente sobre el significado de esta declaración y sobre la posibilidad de que los medios digitales que denunciaron haber sido hostigados pasen de ser víctimas a victimarios, el fiscal pidió no adelantarse a los resultados de la investigación.
Entrevistado durante la realización de la mesa de discusión “Ser periodista en México: un peligro de muerte” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ricardo Nájera aseveró que la FEADLE trabaja de forma directa con los denunciantes, quienes han aportado una serie de instrumentos que se están desahogando. Sin embargo evitó dar detalles sobre el estado de las investigaciones o su percepción de las mismas.
“Es algo que nosotros por el momento no podemos hacer pública, porque inclusive es una irresponsabilidad o más aún puede convertirse en un delito mientras la averiguación previa no esté 100% concluida y determinada en sus consecuencias jurídicas”, aseveró.
Sobre este mismo tema, la periodista y activista Elia Baltazar consideró que el ataque digital y el acoso físico que sufrió Sin Embargo y otros portales de información, ponen ante las autoridades competentes el reto de fijar su atención en las necesidades de protección y justicia, más allá de los medios de información “tradicionales” como pueden ser radio, televisión y prensa escrita.
“El tema de SinEmbargo nos plantea un reto muy importante en términos legales, porque a final de cuentas las redes sociales e internet están abriendo un frente más cuanto todavía no tenemos cubiertos a los medios tradicionales. Me parece que estos ataques contra los portales de noticias nos hablan de otro pendiente más en términos de justicia, prevención y vigilancia”, afirmó.
NO MÁS DIAGNÓSTICOS, SÍ RESULTADOS: PERIODISTAS
Durante la mesa de discusión “Ser periodista en México: un peligro de muerte”, organizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se abordó la urgencia de no minimizar los riesgos que diariamente corren los profesionales de la comunicación en México.
Los asesinatos de periodistas sin castigo a los responsables se multiplican por todo el país, a pesar de contar con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la facultad de atracción de este tipo de delitos al ámbito federal y un mecanismo de protección para periodistas y medios de comunicación.
La periodista Elia Baltazar recordó que además de la falta de garantías para ejercer el periodismo, las autoridades siguen descartando a priori la actividad periodística como móvil de los asesinatos.
Además, existe la revictimización por parte de las autoridades que se supone verían proteger y otorgar justicia a los periodistas agraviados.
“No queremos mecanismos sino justicia”, recalcó.
Los ejemplos de sus dichos son variados y se replican en todo el país. El último caso es el registrado durante el múltiple homicidio de la colonia Narvarte, en donde fueron ejecutados el fotoreportero Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y las ciudadanas Yesenia Quiroz, Mile Martín y Alejandra Negrete, en donde todo indica que las filtraciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pretenden enlodar la honorabilidad de los asesinados para aparecer como culpables.
“La cuestionable cobertura del asesinato ya da cuenta de su fracaso, persiste la falta de ética, la improvisación, la violación constante de los derechos de las víctimas en los medios”, explicó la periodista y activista.
Este caso, como muchos otros en todo el país, solo exhiben que el entramado legal no ha logrado su objetivo más básico: prevenir y castigar los crímenes contra periodistas.
“Todo ello para qué, si la impunidad prevalece y nadie es responsable por ella. Nadie o muy pocos han tenido que pagar con su puesto la ineficiencia en la procuración de justicia de los crímenes contra periodistas”.
Por su parte, Francisco Rivas, director del ONC, destacó que si bien las autoridades proporcionan estadísticas y cifras alentadoras en la disminución de los delitos relacionados con ataques a la libertad de expresión, en los hechos existe disparidad de números por la forma en que se contabilizan los casos.
Y es que en muchas ocasiones las procuradurías estatales no tienen homologado el concepto de periodista y excluyen a los que ejercen la profesión de forma independiente, freelance o en exclusivamente en medios digitales, por lo que las agresiones a este tipo de comunicadores no siempre se contabilizan como casos de atentados a la libertad de expresión.
El problema de la falta de justicia ante el acoso a los periodistas y medios de comunicación, explicó Francisco Rivas, es que en muchas ocasiones se utiliza la censura o la autocensura como medio de protección, con lo cual la sociedad sufre por la falta de información útil.
En su oportunidad el Fiscal Especial Ricardo Nájera explicó que el Estado mexicano la implementado y generado instrumentos, mecanismos y políticas públicas que buscan garantizar al reportero, al editor, al columnista, al voceador, o al directivo, el ejercicio de actividad profesional y el pleno ejercicio de su derecho de informar.}
Explicó que la FEADLE a su cargo realiza acciones para erradicar los actos de violencia, presión, ataques y violaciones a los derechos de los comunicadores, en torno a seis ejes fundamentales:
1) Proporcionar información institucional útil a través de la página web.
2) Acelerar la procuración de justicia a los periodistas. Impartir cursos dirigidos a servidores públicos y periodistas, sobre los protocolos de medidas preventivas y medidas urgentes de protección.
3) Mayor vinculación con la autoridad local.
4) Acciones para mejorar los sistemas de procuración de justicia en los delitos cometidos contra periodistas.
5) Mayor especialización del ministerio público y sus auxiliares, y
6) Fortalecer el sistema de alerta temprana que busca garantizar de manera ágil todos los procedimientos cuando algún periodista es víctima de algún delito.
