Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- En los últimos ocho años, desde que en el país empezaron a dispararse las estadísticas de homicidios, el discurso gubernamental ha insistido en que éstos son producto de una disputa entre diferentes grupos del narcotráfico y en que las víctimas eran parte de este negocio. Los asesinatos registrados en los municipios de Tlatlaya, en el Estado de México, e Iguala, en Guerrero, sin embargo, revelan un patrón en los hechos de violencia que muestra que no son los “cárteles”, sino las fuerzas armadas de diversas entidades de gobierno, las que aparecen detrás de varios crímenes cometidos contra la población civil.
Y así como en Tlatlaya, donde los principales sospechosos de 15 homicidios son elementos del Ejército Mexicano, o en Iguala, Guerrero, donde policías municipales habrían secuestrado a 43 estudiantes, en la historia reciente del país existen decenas de ejemplos más que ilustran el grado de criminalidad con el que operan las diferentes instituciones del sistema político mexicano: Marinos desapareciendo civiles en Tamaulipas, soldados disparando contra estudiantes en Monterrey, policías federales acusando a sus mandos de tener vínculos con los delincuentes, o servidores públicos identificados como la principal fuente de amenaza contra los periodistas…
El hecho de que sean instituciones de gobierno las que aparezcan como principales sospechosas en crímenes de alto impacto -como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala- ha detonado la peor ola de críticas internacionales que ha enfrentado el Presidente Enrique Peña Nieto en sus dos años de administración.
La mayoría de los cuestionamientos, como hicieron The New York Times, Financial Times o The Economist, compararon la barbarie de Iguala con la narrativa presidencial que trataba de mostrar a México como un país de modernas reformas económicas.
Pero detrás de este discurso, advirtieron los cuestionamientos, está un país en el que la mayoría de los crímenes permanecen sin castigo y un sistema político, como advirtió The Economist, en el que “el poder significa privilegios, y por privilegios se entiende literalmente salirse con la suya después de cometer un homicidio”.
