Por Ibeth Cruz
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo/Provincia).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el primer año de la administración del Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, un posible daño patrimonial a la hacienda pública federal por más de 339.4 millones de pesos en materia de seguridad.
En el informe de la Cuenta Pública 2012, que se muestra al público en la página oficial del órgano fiscalizador, se aprecian irregularidades en las que incurrió el gobierno del estado durante 2012, principalmente en los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
El desvío de recursos estatales, el incumplimiento en los programas federales en materia de seguridad y la falta de comprobación de documentación y dinero etiquetado desde la Federación al estado son algunas de las anomalías que la ASF detectó, principalmente en la Secretaría de Administración y Finanzas, en ese entonces dirigida por Carlos Río Valencia.
En esta dependencia el dictamen fue negativo respecto al cumplimiento de los objetivos y la aplicación de los recursos en materia de seguridad pública.
Para la ASF llama la atención el desvío de más de 180 millones de pesos destinados del FASP a una cuenta personal de la Secretaría de Finanzas, recurso que el gobierno utilizó como préstamo y del cual solo ha devuelto 30 millones de pesos, generando intereses y presumiblemente daño a la hacienda pública estatal.
La ASF detalla que existe un daño patrimonial de 1 millón 403 mil 893 pesos y 26 centavos porque el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza compró una unidad radiográfica digital, misma que desde hace más de un año no está en funciones.
Sumado a esto, se cuenta un daño patrimonial a la hacienda pública federal por 199 mil 300 pesos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de los programas Sistema de Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y Denuncia Anónima 089, pues se desviaron los recursos mencionados para asistir a Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, al V Congreso Internacional de Centros de Atención de Emergencias sin contar con la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El daño patrimonial por 22mil 300pesos se debe a que de la cuenta bancaria del FASP se pagaron gastos del Subsidio de Apoyo a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (Proas) sin que hasta el momento se reintegre dicho monto o se proporcione la documentación que acredite el verdadero destino del dinero.
Del total del supuesto daño patrimonial a la hacienda pública federal se desprenden 9 mil 800 pesos, los cuales están dentro del Programa con Prioridad Nacional: Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, específicamente en la partida genérica denominada Servicios de Capacitación; el gobierno del estado recibió 23 millones 53.2 mil pesos, de los cuales ejerció 1 millón 449.8 mil pesos, dejando un faltante de más de 9 mil pesos más intereses a generar.
