Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atendió un caso de feminicidio y reconoció las irregularidades por parte de autoridades del Estado de México en la investigación del caso de Mariana Lima Buendía, abogada asesinada presuntamente por su ex esposo en 2010, en el municipio de Chimalhuacán. De forma unánime, los ministros otorgaron un amparo a los familiares de la víctima para que el gobierno que encabeza Eruviel Ávila Villegas investigue la muerte como un probable feminicidio y no como un suicidio.

Para Irinea Buendía, madre de Mariana, la Ministra Olga Sánchez Cordero y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el fallo es un precedente para mejorar el actuar de las autoridades y atender con mayor eficacia casos relacionados con violencia contra la mujer.

Al término de la sesión realizada durante el mediodía de ayer en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Irinea Buendía dijo a la prensa que “los ministros estuvieron a la altura” y agregó: “[La resolución] No sólo va a ayudar en el caso de mi hija, sino en todos los crímenes del país”.

“A partir de ahora, la Suprema Corte de Justicia por primera vez establece un precedente histórico en el que se reconoce cómo debe investigarse la muerte violenta de una mujer a partir de los más altos estándares en la materia”, declaró Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio.

Cuando se informó de el dictamen, la Ministra Cordero intervino para comentar que se trataba de una sentencia de “mayor trascendencia” que atendía la violencia contra la mujer en el país.

También planteó que existe un impacto negativo en el actuar y diligencias de las procuradurías de justicia en la conducción de las averiguaciones previas y añadió: “Pone de manifiesto la necesidad y urgencia en el cambio de patronos que implican vulneración a los derechos de las mujeres y el análisis bajo una perspectiva de género”.

Mariana Lima Buendía nació el 25 de marzo de 1981. En 2008 la joven de 29 años se casó con un policía judicial mexiquense, Julio César Hernández Ballinas. De acuerdo con los testimonios disponibles, el agente la golpeó desde el inicio de la relación. El 29 de junio de 2010, el hombre llamó a su suegra, Irinea Buendía, para informarle que la joven había muerto.

Cuando Irinea llegó ante el cadáver de su hija, la notó golpeada y recién bañada. Hernández Ballinas declaró que la encontró colgada y que, en esa posición intentó reanimarla. Luego la acomodó en la cama y ahí “la besó” y “dio masaje en los pies” para resucitarla.

Hernández fue investigado por sus compañeros de trabajo. Nunca fue suspendido. Al contrario: fue ascendido como comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, cargo que ocupa actualmente.

Previo al inicio de la sesión de la Suprema Corte, Irinea Buendía dijo que Julio César Hernández Ballinas, esposo y presunto asesino de su hija, ha sido protegido por autoridades locales y federales.

“A él lo han protegido […] los ministerios públicos, tres fiscales, tres subprocuradoras de feminicidio y tres procuradores generales”, explicó.

Tras cinco años de la lucha legal, el día de ayer, la Primera Sala de la SCJN otorgó, por unanimidad, el amparo 554/2013, del cual los efectos son: “primero, en la materia de revisión se modifica la sentencia impugnada; segundo, queda firme el sobreseguimiento decretado por el Juez Quinto de Distrito en materias de amparos y juicios civiles federales en el Estado de México en considerando cuarto de la sentencia recurrida; tercero, la justicia de la unión ampara y protege a Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, bajo las consideraciones presentadas en este ejecutorio”.

“El amparo obliga al Estado de México, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a que vuelva a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio. Esto obliga a reconocer terribles omisiones y negligencias graves que había llevado a este caso a la impunidad”, dijo el abogado Domínguez Márquez.

El abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio explicó que esto es un mensaje para que las autoridades del Estado de México, entidad que gobierna el priiista Eruviel Ávila Villegas, investiguen y castiguen y no sean omisos ante este tipo de casos.

Antes de la resolución, Irinea Buendía informó a SinEmbargo que lo único que ella buscaba, desde hace cinco años, era “justicia y justicia”, no más. Cuando salió de la Primera Sala, entre sollozos y expresó: “Es el mejor regalo que mi hija Mariana Lima Buendía pudo haber recibido. Hoy, 25 de marzo, si estuviera con nosotros, hubiera cumplido 34 años”.

Varias personas protestaron a las afueras del edificio del Máximo Tribunal, tanto por el caso de Mariana Lima así como por los casos de violencia contra las mujeres que –aseguraron– imperan en el Estado de México y que el Gobernador Eruviel Ávila no ha hecho nada para erradicar.

LAS IMPLICACIONES DEL CASO DE MARIANA

El caso de Mariana resulta emblemático por varias razones. En primer lugar es un feminicidio íntimo, es el asesinato de una mujer por su condición de género, ocurrido en el interior de su hogar.

“Y lo es también porque se plantea como un suicidio, una coartada muy frecuente no sólo, pero particularmente en el Estado de México”, explicó Rodolfo Domínguez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio y representante legal de la familia Lima Buendía.

Domínguez ha sido un activo promotor de la emisión de la alerta de género en el Estado de México, un novedoso mecanismo contemplado en la ley que faculta al Estado para intervenir en momentos y lugares con alzas en la violencia feminicida contra las mujeres.

Sin embargo, las organizaciones se han topado con la gruesa pared de la operación política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyos funcionarios en el gobierno del Estado de México se han valido incluso de datos falsos para impedir la activación del sistema de protección.

La muerte de Mariana Lima Buendía resulta representativa en el panorama de violencia de género también porque, recuerda el joven abogado, ocurrió tras un proceso de constante y creciente daño físico y psicológico contra una mujer que se abstuvo de denunciar por su desconfianza hacia las autoridades que en teoría debían protegerla. Y había razón para la desesperanza: esas autoridades cubrieron con impunidad a su probable asesino. Mariana trabajó para la Procuraduría mexiquense y conocía bien la ineficacia y corrupción de la institución.

A partir de su experiencia, las organizaciones atentas al feminicidio en México reconocen tres momentos de alto riesgo para la vida de las mujeres: el primero cuando escapan del ciclo de violencia, el segundo al denunciar al agresor, y el tercero al solicitar una orden de protección. Desde esta perspectiva, el error fatal de Mariana fue advertir y convencer a Hernández Ballinas de que esa vez sí lo denunciaría.

El caso es característico también por la deficiente investigación realizada por los agentes del Ministerio Público, peritos y policías; una pesquisa plena de irregularidades y negligencias y hasta colusión.

En el expediente es claro que desde el inicio Ballinas falseó su declaración al presentarse como “comandante del grupo del subprocurador”: ni era comandante ni el cargo existe. “Potenció su capacidad de influencia.”

–Con información de Humberto Padgett