Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Las denuncias por extorsión en el país aumentaron 158 por ciento durante el primer año del Presidente Enrique Peña Nieto, respecto al primer año del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y 501 por ciento en los primeros 12 meses del gobierno de Vicente Fox Quesada, reportó el Observatorio Nacional Ciudadano.
En el “Análisis de la extorsión en México 1997-2013”, la organización recabó información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Con base a estos datos informó que la extorsión es el segundo delito más reportado en el país. Precisó que las denuncias por este delito aumentaron 10.59 por ciento con respecto al año pasado.
El informe indica que los tipos de extorsión más comunes son: Extorsión telefónica seguido por el derecho de piso y la ciber extorsión. Además señaló que la extorsión se convirtió en el delito reportado con mayor frecuencia a nivel nacional después del robo o asalto en la calle o el transporte.
Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Ciudadano, dijo que el 53.2 por ciento de las extorsiones no son denunciadas por miedo a que las propias autoridades los extorsionen o por ser una pérdida de tiempo, mientras que el 46.3 por ciento dijo que no lo hacía es por miedo al agresor o le da poca importancia al delito.
“Es necesario impulsar la denuncia y la corresponsabilidad ciudadana en el combate a la extorsión”, dijo Rivas Rodríguez en la presentación del estudio.
Por su parte, Edna Jaime Treviño directora de México Evalúa dijo que “la extorsión es un delito que no tiene geografía, que no requiere mucha preparación y es redituable”. A su vez, Francisco Rivas refirió que hace falta el reconocimiento del cobro de derecho de piso como un problema para varias entidades.
El Observatorio realizó varias solicitudes de acceso a la información en todos los estados respecto al periodo de enero de 2012 hasta septiembre de 2013.
En Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo proporcionaron estadísticas sobre el cobro de derecho de piso. En contra parte, Chiapas, Guerrero y Nayarit no respondieron. Baja California Sur Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán dijeron que esa información era “inexistente”.
En Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz hay un problema de tipificación. Sonora y Tabasco rechazaron la solicitud.
En Hidalgo y Zacatecas no hay una modalidad de extorsión detectada y en Aguuascalientes y Puebla remite a la información del SESNSP. En Tlaxcala hay problemas de tipificación y no hay una modalidad de extorsión detectada y finalmente en Colima también remite a la información del SESNSP y no hay la modalidad de extorsión detectada.
De acuerdo con el estudio, hay tres características en las extorsiones: el extorsionador se hace pasar por miembro de un grupo criminal como Los Zetas o de La Familia Michoacana, se pide un depósito a cuentas de débito de cadenas comerciales -pues son más difíciles de rastrear- o se solicita recargas a teléfonos celulares con tarjetas de prepago.
De acuerdo al estudio, la ejecución de este tipo de delitos ha contribuido a la creación de grupos de autodefensas conformados por civiles que buscan hacer justicia por su propia cuenta, como ocurre actualmente en el estado de Michoacán (oeste).
El observatorio recomendó la implementación de políticas públicas eficaces que permitan contrarrestar y prevenir el delito, así como un trabajo coordinado entre los gobiernos estatales y federal en esta materia.
