La distribución se hará en función del PIB, la población, la tasa de desempleo y el esfuerzo previo realizado por el país de acogida, pese a las protestas de países como España, que consideran que la CE ha concedido en el cálculo un peso demasiado reducido al paro y a la tasa de acogida previa (un 10 por ciento cada uno, frente al 40 por ciento que concede a cada uno de los otros dos factores).

No participarán en la medida Italia y Grecia, los más afectados por la llegada de demandantes a través del Mediterráneo, ni tampoco Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, con derecho de no participación reconocido en los tratados.

El Ejecutivo comunitario cree que de esos 40 mil demandantes, 24 mil deberían proceder de Italia y 16 mil de Grecia, y que España debería aceptar 2 mil 573 solicitantes de los que ya están en territorio italiano y mil 715 de Grecia.

Estas cifras suponen un esfuerzo mayor para España con respecto a lo que había avanzado la CE el pasado 13 de mayo, cuando dijo que el país debería absorber un 9.1 por ciento del total de demandantes de asilo, en lugar del 10.72 por ciento que propuso hoy.

La CE además propone conceder 6 mil euros por cada demandante a los países de acogida, es decir, reservar un total de 240 millones del presupuesto comunitario para financiar este programa de emergencia.

Italia y Grecia tendrán a cambio que tomar las huellas dactilares e identificar a las personas llegadas a su territorio, algo que no siempre ocurre en la actualidad, por lo que muchos demandantes acaban pidiendo asilo en Alemania y Suecia en lugar de quedarse en el país por el que entraron en la UE.

Otro de los requisitos será que Roma y Atenas presenten en el plazo de un mes una hoja de ruta para mejorar y hacer más eficientes sus respectivos sistemas de asilo.

La Comisión sugiere que solo estén sujetos a este reparto entre países los demandantes de asilo procedentes de Siria y Eritrea, que son las nacionalidades predominantes.

Para que la propuesta de la CE entre en vigor tendrá que ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo de la UE, mientras que el Parlamento Europeo sólo será consultado, lo que significa que podrá aceptar, rechazar o proponer enmiendas a la medida, pero que los países no tienen por qué tener un cuenta su valoración.