El “sorprendente aumento en los homicidios” en México desde que el Gobierno decidió utilizar las fuerzas militares contra los traficantes de droga en 2006 ha sido tan grande que ha reducido la esperanza de vida en el país, son algunas de las observaciones hechas por una comisión internacional de expertos. El grupo encontró además que los “niveles intolerables de violencia, inseguridad y corrupción han dado lugar a desplazamientos masivos en México y América Central, con niveles similares a los documentados en zonas de guerra”.

Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– Una comisión internacional de expertos coordinado por la revista británica The Lancet y la universidad Johns Hopkins de EU concluyó que las políticas prohibicionista de las drogas impuestas por distintos gobiernos, entre ellos el de México, “han contribuido directa e indirectamente a la violencia letal, la transmisión de enfermedades contagiosas, la discriminación, el desplazamiento forzado”, además de ser “nocivas” para la salud pública y los derechos humanos.

“La persecución de la prohibición de las drogas ha generado una economía paralela dirigida por redes criminales. Tanto estas redes, que recurren a la violencia para proteger sus mercados, y la policía y a veces las fuerzas militares o paramilitares que les persiguen, contribuyen a la violencia y la inseguridad en las comunidades afectadas por el tránsito de drogas y las ventas. En México, el sorprendente aumento en los homicidios desde que el Gobierno decidió utilizar las fuerzas militares contra los traficantes de droga en 2006 ha sido tan grande que ha reducido la esperanza de vida en el país”, dice el informe publicado en la última edición de The Lancet.

La comisión dice que los “niveles intolerables de violencia, inseguridad y corrupción han dado lugar a desplazamientos masivos en México y América Central, con niveles similares a los documentados en zonas de guerra”.

“Las personas desplazadas, incluidos los niños, son característicos de una situación jurídica incierta y la escasez de servicios. Según una estimación, aproximadamente el 2 por ciento de la población de México, alrededor de 1.65 millones de personas, fueron desplazados debido a la violencia o el riesgo de violencia entre 2006 y 2011 [durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa]”, menciona el reporte.

El documento explica que gran parte de la violencia relacionada con el tráfico de las drogas surge de los esfuerzos de los grupos criminales para proteger sus mercados ilícitos.

Menciona que algunos expertos en la materia han sugerido que las operaciones policiales pueden dar lugar a importantes aumentos en la violencia cuando el desmantelamiento de una red criminal conduce a sus grupos rivales a intentar ocupar el territorio del grupo debilitado.

“México y Centro y Sur América han resistido una enorme carga de la violencia relacionada con las drogas”, dice el informe que detalla cómo el tráfico de drogas se ha entrelazado con otras actividades ilícitas.

El reporte dice que como en las guerras convencionales, las redes criminales que dominan el tráfico de drogas en Centroamérica han usado la violación para defender sus territorios y rutas.

Algunos expertos hablaron de una relación entre la violencia de las drogas y el aumento de los feminicidios en México y América Central; “las violaciones brutales y el asesinato de mujeres son utilizan para aterrorizar a las comunidades y a las bandas rivales”, dice el texto.

HOMICIDIOS EN MÉXICO

El informe dice que “la fatídica decisión del gobierno de Felipe Calderón” de utilizar a militares en zonas civiles para combatir a los narcotraficantes “marcó el comienzo de una epidemia de violencia en muchas partes del país, que también se extendió a América Central”.

“El aumento de los homicidios en México desde 2006 prácticamente no tiene precedentes en un país que no está formalmente en guerra”, dice el documento. Expone que este incremento en los asesinatos es tan grande en algunas partes del país “que ha contribuido a una reducción de la esperanza de vida proyectada del país”.

Menciona que los análisis consultados arrojaron que en el periodo de 2008 a 2010, en el estado de Chihuahua, uno de los estados más afectados por la violencia de la droga, la esperanza de vida para los hombres cayó en un promedio de cinco años.

La comisión de expertos dice que el aumento de los homicidios registrado en México a partir de 2006 resulta “muy significativo y notable”, sobre todo porque ningún otro país en América Latina, ni en el mundo tuvo un “rápido incremento de la mortalidad en tan poco tiempo”.

Se precisa que aunque no todo el aumento de los homicidios se puede atribuir a la violencia relacionada con las drogas, gran parte sí lo es.

“Una estimación sugiere que las muertes relacionadas con la guerra de las drogas hizo que la tasa nacional de homicidios subiera a una de 11 casos por cada 100 mil habitantes, lo que resulta en una tasa global de más del 80 casos por 100 habitantes en lugares muy afectados; la tasa de 11 homicidios por cada 100 mil personas es 2.5 veces el total de homicidios tasa en los EU de 2014”.

Menciona que los expertos también han sugerido que el impacto de la guerra contra las drogas a la mortalidad es más difícil de cuantificar debido a los métodos usados por las pandillas, tales como decapitación y desmembramiento, las ejecuciones de grupo, y las fosas comunes.

El reporte dice que a pesar de que los homicidios han bajado desde 2012, se ha registrado una tendencia al alza hasta 2014. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esta tendencia sigue hasta febrero del 2016, cuando los casos de homicidio doloso fueron mayores a los registrados en enero y a finales de diciembre del año pasado.

La comisión de expertos precisó que la violencia relacionada con las drogas en México no se limita a los homicidios y otros incidentes armados en la calle. El organismo tomó nota de la violencia cometida por agentes estatales a personas encarceladas por delitos relacionados con las drogas.

El informe explica que de las 479 personas se encontraban en prisión por delitos contra la salud durante 2002 a 2012, “es decir, antes y después de la campaña militar contra las drogas”, aproximadamente la mitad, 241, informaron de que habían sido golpeados o torturados durante algún momento de su encarcelamiento.

Se explica que los costos, incluyendo los de la salud, de la violencia sobre los ciudadanos son amplios y profundos, pues los homicidios tipo ejecución están claramente destinados a aterrorizar a la población.

“Vivir con el miedo de la violencia extrema es perjudicial para el funcionamiento normal de los servicios sociales y de salud, educación, y la participación ciudadana. La penetración de todos los aspectos de la sociedad por las organizaciones de tráfico de drogas en México, Colombia y varios países de América Central puede corromper todo, desde las elecciones hasta los servicios locales y los equipos de deportivos”, dice el documento.

El informe revela además que las leyes contra las drogas se han aplicado de manera “discriminatoria” contra minorías raciales y étnicas y contra mujeres, lo que ha socavado los derechos humanos.

“El objetivo de prohibir todo el uso, posesión, producción y tráfico de sustancias ilícitas es la base de muchas de nuestras legislaciones sobre drogas, pero estas políticas se basan en ideas sobre el uso de drogas y la dependencia que no tienen base científica”, dijo Crhis Beyrer, de la Johns Hopkins a la agencia EFE.

Según ese experto, la llamada “guerra contra las drogas” global “ha dañado la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo”. “Es hora de que repensemos nuestro enfoque a las políticas globales sobre drogas y pongamos la evidencia científica y la sanidad pública en el corazón de las discusiones sobre las políticas de drogas”, agregó.