Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a las autoridades mexicanos para que “incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos” cometidas en el supuesto enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del Ejército en San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, que dejó como saldo 22 muertos hace justo un año.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su parte, criticó que a un año de los graves hechos ocurridos en Tlatlaya “está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados”.
El Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, exigió al Gobierno mexicano avances en las investigaciones del caso Tlatlaya y en la reparación del daño de las víctimas.
“A pesar de que un oficial y seis soldados están esperando juicio, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que amplíen sus investigaciones e incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas el 30 de junio de 2014”, exigió Pouilly desde Ginebra.
La funcionaria recordó que la CNDH considera que al menos 12 de las personas que perdieron la vida en Tlatlaya, fueron ejecutadas extraoficialmente y dijo que las tres mujeres que presenciaron los hechos también han alegado haber sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria y torturas.
“Como en cualquier caso que involucre presuntas violaciones de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad aplicables al uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad, es requerida una investigación rápida, completa, efectiva, independiente e imparcial […] Investigar dichos casos y llevar a las personas responsables a la justicia es la mejor forma de garantizar que dichas violaciones no sucedan nuevamente”, sostuvo.
En tanto, la CNDH a través de un comunicado emitido hoy, señaló que “la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en lo relacionado con la reparación del daño y la atención a las víctimas ha iniciado un trabajo de coordinación con la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), la cual dio a conocer que una de las familias ya ha sido indemnizad”.
Sin embargo alertó que “está pendiente la determinación de responsabilidad en el ámbito militar de los servidores públicos involucrados”.
El organismo destacó que “su Recomendación 51/2014 ha sido parcialmente cumplida por las autoridades destinatarias”, por lo que pidió “mayor celeridad en su cumplimiento y respuesta más oportuna a sus solicitudes de información”.
Precisó que en la fase de seguimiento, ha enviado 27 solicitudes de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR), al Gobierno del Estado de México y en colaboración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de las que ha recibido 29 oficios de respuesta.
Subrayó que “Tlatlaya es un caso de violaciones graves a derechos humanos que lastima a la sociedad y no debe repetirse. Para eso hace valer los instrumentos y las facultades que la ley le otorga”.
La CNDH destacó que el Gobierno del Estado de México ha cumplido los puntos relacionados con las garantías de no repetición, consistentes en los cursos de capacitación al personal ministerial y pericial de la Procuraduría y el de colaboración con el propio organismo para el registro de las víctimas ante la CEAV.
Sin embargo, dijo, “quedan pendientes los puntos recomendatorios relacionados con la indemnización y atención médica y psicológica a las víctimas y la determinación ministerial y administrativa de los responsables de violaciones a derechos humanos”.
TLATLAYA, UN ALTO COSTO PARA LA SEDENA
Por su parte, el Secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda aseguró que el caso de Tlatlaya, ha sido tratado de forma “superficial” y admitió que ha causado un “alto costo” a las Fuerzas Armadas. Agregó que “ha sido muy costoso [para el Ejército], y también me parece que ha sido manejado de manera superficial, sin conocimiento de las cosas”.
Este lunes, El Universal publicó una entrevista con el General Cienfuegos, quien aseguró que ha faltado información y que, por ello, la sociedad “no está enterada de todas las limitaciones” que el Ejército tiene.
Sin embargo, en abril pasado la Comisión Especial sobre Tlatlaya de la Cámara de Diputados denunció que la misma Sedena, el PGR y el Gobierno del Estado de México negaron la información, lo cual, a la fecha sigue suponiendo un impedimento para lograr dar justicia en el caso.
“[La comisión] Considera notoriamente insuficiente la información aportada a este Grupo de Trabajo por parte de la Sedena, la PGR y el Gobierno del Estado de México, por lo que considera necesario hacer un respetuoso llamado a dichas instituciones para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Poder Legislativo y atiendan sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía, en especial, a partir de la consideración de que en el caso Tlatlaya se configura un caso de violaciones graves a los derechos humanos”, dice el informe, dado a conocer el pasado 16 de abril.
También dice que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos se encuentra en: la alteración de vestigios y del lugar de los delitos, presuntamente por parte de elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones en agravio de las víctimas sobrevivientes presuntamente por funcionarios del gobierno del Estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales presuntamente incurrieron servidores públicos del gobierno del Estado de México”.
Desde el pasado mes de marzo los legisladores habían denunciado que sólo pudieron trabajar con la información pública disponible –incluyendo investigaciones periodísticas–, lo cual, su labor, que intentaba dar justicia a las víctimas directas e indirectas en la ejecución de 22 personas el 30 de junio de 2014, queda incompleta.
Pero el Sedena aseveró que desde que el Congreso acotó el año pasado el fuero militar a fin de que los soldados que violen derechos humanos de civiles sean juzgados en tribunales civiles, las Fuerzas Armadas están “impedidas” para investigar hechos como los acontecidos en Tlatlaya.
Luego de los hechos de aquel 30 de junio, organizaciones civiles y testigos acusaron a los militares de haber realizado ejecuciones sumarias, entre ellas las de una menor de edad.
En septiembre del año pasado la PGR consignó por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento.
De acuerdo con la CEAV existen 25 víctimas de violaciones a derechos humanos en el caso de Tlatlaya; a 15 de ellas les fue violado su derecho a la vida; otros al derecho a la verdad y a la debida procuración de justicia; derecho a la integridad; seguridad personal y a la libertad sexual, derecho a la verdad, acceso a la justicia y derecho al acceso a la impartición de justicia y acceso a los derechos que les corresponden a las víctimas y ofendidos del delito. Sólo hay tres sobrevivientes.
Los soldados realizaron 160 disparos, mientras que los civiles sólo 12, tres de los cuales hirieron a un miembro del Ejército, de acuerdo con los estudios forenses.
En sus conclusiones, la comisión consideró que ni la Sedena, ni las instituciones y el gobierno local pueden sólo rendir cuentas al Ejecutivo, pues para esclarecer el caso, deben sujetarse a los demás poderes del Estado y a la ciudadanía.
Afirmaron que los elementos de la Sedena involucrados sí hicieron un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza, lo que llevó a la ejecución extrajudicial de las 12 personase ejecuciones extrajudiciales.
“Lo único que está comprobado es que hubo una agresión de estas personas que fallecieron ahí, lamentablemente, en contra de los soldados. Que la diferencia de fuerzas eran 22 personas armadas (…) y de parte del personal militar era un oficial y siete de tropa”, relató Cienfuegos en entrevista para El Universal.
“Entonces se habla ahí de que hubo un sometimiento. Yo no puedo entender cómo hubo un sometimiento si eran ocho soldados”, consideró el titular de la Sedena, quien explicó que no sabe la razón del porqué no ha iniciado el juicio pero urgió a que el caso ya llegue a los tribunales.
“Si nuestra gente tiene responsabilidad, que se los castigue de acuerdo a la ley”, afirmó.
También reconoció que desde que estalló el caso en los medios de comunicación el Ejército ha padecido “un desgaste importante”.
TLATLAYA SE CONGELA DOS AÑOS
La semana pasada, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) redujo de 12 a dos años el periodo de reserva de la averiguación previa iniciada por la justicia militar en el caso Tlatlaya por delitos de orden castrense.
Cuatro de los siete comisionados votaron a favor del proyecto del comisionado Javier Acuña Llamas, cuya votación había sido pospuesta hace tres semanas por falta de elementos.
Un particular solicitó la versión pública de la averiguación que la Procuraduría General de Justicia Militar inició por los presuntos delitos militares cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, misma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó por 12 años.
La Sedena argumentó que la investigación todavía no concluye y resaltó que la causa penal es exclusivamente por delitos del orden militar como “desobediencia” e “infracción de deberes” de conformidad con los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar.
Al llevar el caso ante el INAI, el particular argumentó que la información no podía reservarse puesto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) clasificó los hechos como violaciones graves y el Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia indica que la información de esa naturaleza no pude reservarse.
En su proyecto Acuña Llamas consideró que el tiempo era excesivo, pero dio la razón a Sedena en cuanto a que la averiguación previa -radicada actualmente en el Juzgado Sexto Militar- es por delitos únicamente del orden castrense y el proceso sigue en curso.
El comisionado estimó que la difusión de esa información puede vulnerar la objetividad e imparcialidad de la autoridad encargada de resolver el juicio.
El proyecto fue avalado en lo general por Acuña Llamas, la presidenta del instituto, Ximena Puente de la Mora, Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Mientras que Areli Cano Guadiana, Oscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez votaron contra por considerar que al menos el Inai debía conocer de primera mano el expediente para saber si se podía reservar o no.
-Con información de EFE
