Daniel García y Reyes Alpízar, detenidos el 25 de febrero de 2002 en el Estado de México, han sido declarados como víctimas de tortura y de detención arbitraria, después de haber pasado 5 mil 710 días en prisión tras haber sido relacionados, sin comprobarse, con el asesinato de la Regidora de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Támez Pérez.

Más del 50 por ciento de las personas en el Sistema Penal mexicano están sujetas a proceso y no sentenciadas.

Estándares internacionales señalan que las personas tienen que ser juzgadas en un plazo razonable, o ser puestas en libertad, insistieron los abogados de las víctimas.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– En México es posible pasar 5 mil 710 días en prisión sin recibir sentencia. Este es el caso de Daniel García y Reyes Alpízar detenidos el 25 de febrero del 2002 en el Estado de México por quienes las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigen inmediata atención al Estado mexicano.

“Forman parte de un vergonzoso récord mundial, sin que el Estado los haya declarado culpables, es que alzan la voz y están sedientos de justicia”, dijo Aribel García, hija de Daniel García.

Ambos han sido declarados a ambos como víctimas de tortura y de detención arbitraria, después de haber sido relacionados, sin comprobarse, con el asesinato de la Regidora de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Támez Pérez.

“Más allá de una intención de mi papá de cómo salir, estamos convencidos de que tenemos la verdad de nuestro lado, el expediente son 70 mil fojas, y no hay una sola actuación que señale a mi papá de culpable del asesinato”, dijo Aribel García, quien se ha dedicado a la defensa legal de su padre.

A partir del 25 de agosto la Cancillería del titular Luis Videgaray Caso tiene seis meses para dar seguimiento a recomendaciones hechas por el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.

Una opinión sin precedentes del Grupo, con número 66/2017, ha declarado el periodo en prisión como “excepcional”.

“Ya que considera la prisión preventiva por más de 15 años de carácter excepcional, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso el remedio más inmediato será la liberación de Daniel García y Reyes Alpízar. Así como el derecho a una indemnización”, dijo Aribel García.

Ambos fueron detenidos sin una orden judicial, ni elementos de prueba en su contra. Lo que ha valido para que la CIDH iniciara en mayo un procedimiento sobre el Estado Mexicano por la falta de sanción de tortura en el Informe de Admisibilidad 68/2017. Un proceso que podría derivar en una judicialización hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un plazo de dos años.

“Fueron detenidos bajo arraigo local”, esto pese a que se ha declarado inconstitucional para casos que no sean relacionados a crimen organizado, explicó el abogado Simón Hernández.

Más del 50 por ciento de las personas en el Sistema Penal mexicano están sujetas a proceso y no sentenciadas.

Estándares internacionales señalan que las personas tienen que se juzgadas en un plazo razonable, o ser puestas en libertad, insistieron los abogados de las víctimas.

Hernández detalló las anomalías que han registrado sobre estos casos, en el que un juez demoró ocho años en judicializar las pruebas de tortura del caso.

Asimismo, la defensa de las víctimas ha sido cuesta arriba, mencionó: “Un procedimiento que tendría durar tres días como es recibir una apelación y enviarlo al tribunal superior de justicia del Edomex, demoró 8 meses”.

TRASFONDO POLÍTICO

En el año de la detención Arturo Montiel y Alfonso Navarrete Prida ejercían como Gobernador y Procurador de Justicia del Estado de México. Los dos funcionarios son señalados de prestarse al manejo político del caso, por parte de la defensa de Daniel García.

“En un contexto de disputa entre el Gobierno del estado, queriendo afectar a los Gobiernos municipales de oposición se generó este caso, con la intención en primer instancia de involucrar al Presidente Municipal que era Antonio Domínguez, y cuando eso no fue posible pues involucro a gente del entorno”, dijo Hernández.

En ese entonces Daniel García era Secretario particular del Presidente Municipal de Atizapán Antonio Domínguez por parte del Partido Acción Nacional.

“Esa es la razón de fondo por la que él, hoy día, sigue siendo preso, cuando se intentó vincular al Presidente Municipal, quien obtuvo su libertad tres años después. Y a la fecha hemos visto un control hegemónico en la entidad, y en ese marco se encuentra este caso”, dijo el abogado.