La liberalización del precio de la gasolina podría tener un efecto contrarío al esperado por el Gobierno federal, ya que además de no contar con la infraestructura necesaria esta decisión elevaría aún más el precio que los mexicanos pagan por el combustible. Por si fuera poco, la SHCP podría quedarse sin 300 mil millones de pesos provenientes del Impuesto Espacial de Producción y Servicio que se aplica a estos combustibles, afirman especialistas del sector energético.
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó ayer ante los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en el paquete económico 2017 se propondrá liberar el precio de la gasolina. Sin embargo, especialistas del sector energético consideraron que el país no tienen las condiciones ni de competencia ni de infraestructura necesarias para adelantar esta medida, por lo que le saldrá cara no sólo al ciudadano sino al propio Gobierno federal.
Luego que el lunes pasado Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de la dependencia hacendaria, informó que la SHCP se encontraba analizando incluir en el paquete económico 2017 la liberación del precio de gasolina, la decisión fue confirmada el martes por Luis Videgaray durante la novena reunión plenaria de senadores del PRI.
Al respecto, Miriam Grunstein, especialista en energía y miembro del Centro México de la Rice University, dijo en entrevista para SinEmbargo que la liberación total del precio de la gasolina es inviable, “ya que tenemos carencias de infraestructura de importación de gasolinas bastante severas y nuestras refinerías están moribundas”.
Grunstein aseguró que la decisión del Gobierno federal se da de cara a las próximas elecciones con la intención de que el precio del combustible disminuya; sin embargo, afirmó, los precios no van bajar de manera inmediata.
“El anuncio de una liberación de la gasolina es un anuncio político. Los mexicanos estamos irritados porque el precio de la gasolina está subiendo en lugar de bajar”, comentó.
La también directora de Brilliant Energy Consulting explicó que el sentido de liberar la gasolina es crear competencia y bajar los precios, pero si no se tienen las condiciones para lograrlo no se va a formar un mercado competitivo.
Este intento del Gobierno federal por la liberalización de los precios de la gasolina adelantaría un año el proceso que fue planeado para el 1 de enero de 2018 en la Ley de Hidrocarburos de la Reforma Energética.
En este contexto, el Presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova, dijo en entrevista para este medio que los gasolineros advierten mucho riesgo en la liberación del combustible ya que esto significaría un alza en lo precios, además que la gasolina mexicana no es de buena calidad lo que también es un impedimento para que exista una competencia efectiva.
La fórmula que utiliza la SHCP es tomar como referencia el costo de las gasolinas más baratas del mundo, que son las que se venden al sur Estados Unidos, en Texas. “Aquí el precio del diésel es de 6. 89 pesos y si le sumamos lo que cuesta el traslado y maniobras (3 a 4 pesos), más el impuesto que pone la Secretaría de Hacienda –que es de 6.80 por litro– y los 6.5 por ciento del precio [0.89 centavos por litro], entonces se observa que no será un gran negocio”.
Por lo tanto, afirmó el empresario, si se da la liberación el precio de la gasolina podría llegar hasta los 17 o 18 pesos por litro.
González dijo que liberar el precio de la gasolina implica quitar el Impuesto Espacial de Producción y Servicio (IEPS), que en este año se convirtió en un sistema de recaudación de impuestos por lo que la cuota se fijó en 4.16 peos por litro de la gasolina Magna. De acuerdo con el Presidente de Amegas se calcula que para este año la recaudación sería 300 mil millones de pesos los que se quedarían fuera del Presupuesto de Ingresos.
“No hay condiciones de competencia efectiva porque los impuestos del EIPS y el IVA [Impuesto de Valor Agregado] impiden que haya posibilidad… ni Hacienda ni el Gobierno pueden prescindir de lo que se recauda de estos impuestos”, afirmó.
La infraestructura de México en materia de gasolinas fue abandona hace 30 años, hay seis refinerías, la última refinería se hizo en Cadereyta, Nuevo León, tampoco han aumentado kilómetros de oleoductos y las que hay están obsoletas y en propiedad del crimen organizado.
“El Gobierno federal está desesperado porque funcione la Reforma Energética, pero se olvidaron de la infraestructura abandonada de Pemex. No le da seguridad a un extranjero para utilizarla”.
En febrero pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que a partir del 1 de abril de este año cualquier empresa podría importar gasolinas y diésel, apertura que estaba contemplada para 2017. Pablo González calificó esta situación como una pérdida de tiempo, ya que “a ellos [los empresarios extranjeros] les compramos el 68 por ciento del producto y el otro 32 por ciento se hace en el país, ellos ya están vendiendo en México, pero al mayoreo”, destacó.
