Texto y foto: Eduardo Barraza
PHOENIX, Arizona. La guerra legislativa que políticos de Arizona declararon hace una década y media en contra de la inmigración ilegal, ha repercutido hasta el máximo tribunal de los Estados Unidos, cuando la semana pasada los magistrados de la Corte Suprema escucharon argumentos acerca de la controversial y divisiva ley de inmigración SB 1070.
Fue en 1996 cuando la legislatura estatal de Arizona emprendió esa ofensiva para intentar frenar y combatir el flujo de inmigrantes indocumentados al crear una ley que, por primera vez, requería demostrar prueba de estatus legal para obtener una licencia de manejar de Arizona. El hombre detrás de esa histórica ley de tráfico fue el mismo detrás de la ley SB 1070: el ahora destituido senador Russell Pearce.
Dicha ley fue el génesis legislativo de una persecución sistemática basada en leyes antiinmigrantes de Arizona en contra de miles de indocumentados. Esto alcanzaría un clímax de conflicto político y agitación social con la SB 1070 en el 2010.
En la actualidad, la batalla legal en contra de la ley SB 1070 —considerada hace dos años la más severa en contra de inmigrantes sin autorización— ha convocado a los jueces de la Corte Suprema para que actúen como árbitros en el contexto de una creciente confrontación entre poder estatal y poder federal.
El miércoles 25 de abril —dos años después de que la SB 1070 fuera firmada como ley por la gobernadora Jan Brewer— los magistrados escucharon argumentos legales en torno a una demanda interpuesta por el gobierno de Arizona. Los jueces tomarán así una decisión jurídica e histórica sobre el conflicto entre el nivel de gobierno federal y el estatal.
ARIZONA DEMANDA A EU
La médula legal de todo este torbellino jurídico es decidir si los estados tienen el derecho de crear sus propias leyes para combatir la inmigración ilegal, o si el gobierno federal tiene preeminencia legal en cuanto a asuntos migratorios. La decisión del Tribunal Supremo, la cual podría darse a conocer el próximo verano, crearía un precedente legal que alentaría aún más o bien reprimiría a los gobiernos estatales de crear sus propias leyes de migración.
La demanda fue entablada por el gobierno de Arizona en contra del gobierno federal después de que una juez federal de distrito en este estado detuviera temporalmente y mediante una orden judicial que ciertas disposiciones legales de la SB 1070 entraran en vigor en 29 de julio de 2010, cuando parte de la controversial ley fue puesta en efecto.
Al demandar a Estados Unidos, Arizona está recurriendo a la Corte Suprema del país para que no solamente permita que las disposiciones bloqueadas de la SB 1070 entren en vigor, sino para que valide su derecho como estado de promulgar sus propias leyes para combatir la inmigración indocumentada.
Otros estados como Utah, Alabama, Georgia y Carolina del Sur han seguido el ejemplo de Arizona al implementar recientemente sus propias leyes trazadas a partir de la SB 1070.
“SOSPECHA RAZONABLE” Y EL PERFIL RACIAL
La ley ha sido ampliamente debatida tanto en los tribunales como en las calles, donde multitudinarias protestas y argumentos verbales entre partidarios y opositores a la ley han atraído la atención mundial y posicionado a Arizona como el epicentro del debate migratorio.
La SB 1070 es una ley que, al menos en teoría por ahora, busca crear una “guerra de desgaste” que haga que los inmigrantes sin papeles huyan de Arizona —e incluso del país— a través de un cumplimiento severo de la ley.
Esta ley establece que los oficiales de la policía pregunten a cualquier persona que ellos paren acerca de su estatus migratorio, si ellos tienen una “sospecha razonable” de que dicha persona es indocumentada.
Se proyecta que esta disposición, de aprobarse, aliente la práctica del perfil racial, la cual consiste en basarse en los rasgos étnicos y en la apariencia física de una persona para detenerla y procesarla.
El perfil racial ha llevado en otros casos al arresto de inmigrantes legales e incluso ciudadanos estadounidenses, quienes han sido acusados por error simplemente porque un oficial tuvo una “sospecha razonable” de que por las características raciales de dichos individuos, pudieran haber sido inmigrantes indocumentados.
Eduardo Barraza. Es fundador y director del Instituto Hispano de Asuntos Sociales (www.hisi.org) Es periodista, fotógrafo y autor del libro Los zapatos del inmigrante y otros escritos. Radica en Phoenix, Arizona.
