Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo/EFE).– El Consejo de Gobierno andaluz cesó a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, imputada la semana pasada por prevaricación. Con ella suman siete los implicados en el caso de corrupción por la concesión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), en España.
El 19 de mayo, el diario El Mundo publicó que el Gobierno de Andalucía adjudicó los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar al consorcio conformado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México a pesar de que en el proyecto ganador podía haber documentos falsificados, en concreto, los escritos con los que la adjudicataria acreditó su alianza con la multinacional mexicana que debía aportar la experiencia y la capacidad de la que la empresa española carece.
De acuerdo con la prensa española, Grupo Magtel recibió de la minera del segundo hombre más rico de México, Germán Larrea, un millón de euros para que interviniera a su favor en el concurso de adjudicación.
Ante la situación, la magistrada Patricia Fernández mandó a paralizar la concesión ante la denuncia interpuesta por Emerita Resources, la otra empresa que concursaba para la adjudicación de la mina.
Desde el 13 de mayo, se investigaba “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal”. Pero apenas la semana pasada la juez imputó a siete personas por el delito, entre ellas a María José Asensio que este día fue cesada por el Consejo de Gobierno.
En un auto al que tuvo acceso la agencia española Efe, la juez de instrucción 3 de Sevilla también citó a declarar como imputada a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y a un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta.
Además, la juez ha llamado a declarar en septiembre, en calidad de imputados, a tres miembros de las comisiones técnicas y de la mesa de contratación, así como a una funcionaria del cuerpo superior de Ingenieros de Minas, cuyos testimonios considera imprescindibles para aclarar los datos que se han ido incorporando a la causa.
La juez, en su auto, recuerda que ha remitido al juzgado decano de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) los datos aportados por la Policía tras una inspección de las instalaciones mineras, en las que se produjo un vertido tóxico en 1998 y en la que los agentes comprobaron el vertido directo al río Agrio de agua “altamente contaminada”.
En esa inspección, realizada en julio, también se comprobó, según la juez, el bombeo o recirculación a la corta de Aznalcóllar de agua procedente del vertedero de la antigua mina de Boliden.
La juez cita como imputada a la directora general, quien tendrá que declarar el 17 de septiembre junto a la letrada de la Junta, y al interventor, como responsable del procedimiento seguido en la resolución de la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros y como firmante del decreto por el que se resuelve el concurso.
Los otros imputados, que están citados el 24 de septiembre son los miembros de la mesa de contratación Julio Ramos, que acudió en representación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y Alberto Fernández Bueno, jefe del área de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Ciencia y Empleo de la Junta.
Además, están citados como imputados el miembro de la mesa de contratación Juan José García Bartolomé, gerente de Inversiones en la Sociedad Gestora de Fondos Capital Riesgo, Inversión y Gestión Capital Riesgo de Andalucía, y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta de Andalucía y asesora técnica de ordenación minera.
LA CONCESIÓN
El diario El Mundo, en una nota firmada por Chema Rodríguez, publicó que el consorcio no cumplía ni un solo de los requisitos establecidos en el procedimiento de concesión y que posiblemente falsificó documentos y “a pesar de eso, la Junta de Andalucía le otorgó el 16 de marzo los derechos de explotación por un periodo de 30 años”.
Entre los documentos que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta envió al juzgado está una factura emitida por Minorbis –filial de Magtel– a AMC Mining Iberia S.L.U. –filial de Grupo México– “por un importe de 1 millón 210 mil euros”. La cual fue presentada, asegura el diario, como ”honorarios por servicios de coordinación previa” a AMC Mining Iberia “para el desarrollo e impulso del proyecto de explotación de la reserva minera Aznalcóllar”.
La factura del más de un millón de euros “aparenta ser una comisión en toda regla por las gestiones realizadas para lograr la adjudicación de la mina ante la Junta, con la que según los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Magtel tenía relaciones privilegiadas”, afirmó el diario.
Los investigadores también detectaron otras irregularidades, entre ellas, que no se cumpla la exigencia de aportar el informe expedido por la Oficina Consular de España en México respecto a la capacidad de la multinacional minera. O que no se satisfaga el requerimiento de detallar el compromiso de inversión de cada una de las partes.
“Visto todo lo anterior, los investigadores se muestran convencidos de que Magtel no contaba con el respaldo de la multinacional mexicana cuando se presentó al concurso y tampoco cuando lo ganó. Dice literalmente la Policía Nacional que ‘no puede entenderse de ninguna manera que el Grupo México respalde económica, financiera y técnicamente a Minorbis’”, reseñó el medio.
Por su parte, la juez Patricia Fernández explicó que los integrantes de la mesa del concurso público dijeron que una asesora fue la que estudió la solvencia económica de las empresas, aunque esa persona negó en el juzgado su participación porque solo le mostraron algún “documento puntual” y no tenía conocimientos para ese tipo de análisis.
En su auto, la juez también aludió a las “interrogantes” relativas al plan de investigación de las empresas, que se hizo con distintos parámetros, y a las “incongruencias” en la evaluación de los proyectos de explotación, evacuación de residuos y preservación de espacios protegidos.
