Los activistas cholulenses Adán y Paul Xicale aseguraron que seguirán con su lucha contra las obras del Gobernador Rafael Moreno Valle. Pese a que pasaron más de un año en prisión, dijeron que no guardan rencor pero iniciarán procesos jurídicos y civiles en contra de todos los funcionarios poblanos que intervinieron en su detención.

Los activistas Adán y Paul Xicale pagaron una fianza de 50 mil pesos para poder salir libres. Foto: Facebook Cholula Viva y Digna

Los activistas Adán y Paul Xicale pagaron una fianza de 50 mil pesos para poder salir libres. Foto: Facebook, Cholula Viva y Digna

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Para Adán y Paul Xicale, activistas e integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna, su libertad es apenas un paso, pues exigieron el cese a la represión de los luchadores sociales en Puebla y que se retiren los cargo a las decenas de opositores del Gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

“Nosotros somos trabajadores, nos ganamos el pan honestamente. Estamos convencidos de proteger la zona arqueológica y con ello el origen, los usos y costumbres. Seguiremos en la lucha. No guardamos rencor, no hay odio, ni resentimiento en contra de ellos. No vamos a rebajarnos a ese nivel. Lo que tenemos, sí, es un coraje cívico, un coraje ciudadano porque ellos no ejercieron sus facultades y obligaciones apegados a la Ley”, comentó a SinEmbargo Adán, quien de profesión es abogado.

Luego de permanecer un año y dos meses presos por oponerse a la construcción del “Parque Cholula”, aledaño a la zona arqueológica de los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, Adán y su hijo aseguraron que seguirán con su activismo, aunque eso los mantenga con miedo.

“Tenemos miedo, ¿como no? Somos seres humanos. No tenemos la vida comprada, pero tampoco tenemos algún enemigo, ni personas que estén con el Gobierno del estado como para que nos hagan daño”, refirió el mayor de los Xicale durante la entrevista.

En abril de 2014, el Gobierno de Puebla abrió una licitación pública nacional para concursar los trabajos de construcción del “Parque Cholula”, proyecto que incluye la expropiación de 21 hectáreas, 12 en San Andrés y nueve en San Pedro.

Ante ello, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron que la construcción del parque afectaría la vista y el patrimonio arqueológico en el subsuelo.

Desde su anunció se creó el movimiento Cholula Digna y habitantes de ambos municipios iniciaron protestas en su contra. Fue ahí cuando muchas personas llegaron al despacho legal de los Xicale, del cual surgieron amparos colectivos para que los municipios y el Gobierno de Puebla no expropiaran las tierras.

–¿Cómo se integró al movimiento? –se le preguntó a Adán.

–Nos dimos cuenta que había muchos intereses, con fondo político. Y nos dimos cuenta que no se trataba de una expropiación común y corriente. Nosotros nos encargamos de informar a los particulares para que defendieran sus intereses, en muchos caos, por la vía legal.

–¿Fueron amparos colectivos?

–Sí, contra los municipios y el Gobierno estatal. Aunque hubo personas que se fueron con otros abogados, y familias que las espantaron y tuvieron que vender a bajo costo, casi casi regalaron su terreno.

El 7 de octubre de 2014, habitantes de San Andrés Cholula tomaron la Alcaldía tras oponerse a la expropiación de predios. En ese hecho Adán Xicale Huitle, Albino Tlachi Valencia, Manuel Tlachi Valencia y Alejandro Paul Xicale Coyopotl, fueron detenidos por los presuntos delitos de daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación y despojo, motín, entre otros, cuyas sanciones iban de 7 a 12 años en prisión.

El 25 de marzo de 2015, los hermanos Tlachi fueron liberados por falta de elementos para procesarlos. Por su parte, Adán y Paul Xicale, ganaron dos amparos ante la justicia federal y gracias a ello lograron su libertad condicional luego de pagar más de 25 mil pesos cada uno.

“El Gobernador Rafael Moreno Valle se encargó que el procedimiento se hiciera rapidísimo y nos metieran a la cárcel. Fuimos cuatro detenidos, salieron dos en marzo y todavía hay 10 órdenes de detención pero se están combatiendo con amparos, las cuales ya están por resolverse. Tenemos la confianza que saldremos absueltos por parte de la autoridad federal”, detalló Xicale.

Agregó que durante todo ese tiempo, ni él ni su hijo confiaron en el juzgado de Cholula, que sólo tenían confianza en la justicia federal. Recordó que el principal acusador y razón de su encarcelamiento fue el ayuntamiento de San Andrés Cholula –principalmente el  síndico Pedro Lozada– que en su opinión se ha erigido como un “aparato” represor a todos los que se oponen al proyecto del gobierno.

A la fecha su proceso sigue en marcha y cada semana tiene que presentarse a firmar su libertad condicional. A pesar de ello, asegura que exige que se frene por completo el “Parque Cholula”, que quedó reducido a tres hectáreas, y que iniciará una lucha legal y civil contra todos los funcionarios que intervinieron en su encarcelamiento y de otros presos políticos.

EL INFIERNO PARA LOS ACTIVISTAS

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En marzo de este año, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla presentó el listado de las personas que han sido encarceladas en lo que va de la administración del panista Rafael Moreno Valle. Algunos continúan su proceso judicial en libertad, pero los juicios, firmas y comparecencias no terminan.

Moreno Valle lleva cuatro años al frente del Gobierno poblano, mismo que asumió el 1 de febrero de 2011. Durante su mandato, medios de comunicación, organizaciones civiles, pobladores y partidos políticos lo han acusado de “represor”.

En Puebla, encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, han provocado que -hasta marzo de este año, el último registro que se tiene- 134 personas, entre amas de casa, dirigentes sociales, campesinos, ambientalistas, activistas, mototaxistas y hasta los propios defensores de derechos humanos, estén hoy en la cárcel y sean considerados presos políticos del Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.