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El siguiente reportaje fue elaborado con el apoyo financiero de Natural Resource Governance Institute. La responsabilidad del contenido es de SinEmbargo MX.

Desde 2014, primer año de la puesta en marcha de la Reforma Energética, que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto, la liberación del sector energético –para que empresas privadas participen en todos los eslabones de la extracción, producción y venta de hidrocarburos– se convirtió en una fuente de negocios sobre todo para empresas ligadas a un reducido grupo de ex funcionarios públicos, que tuvo su origen en el sexenio del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, dijo Alejandra Salas–Porras.

La profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más reconocidas especialistas en economía política del desarrollo y las redes corporativas en México, no tiene duda: ese puñado de ex funcionarios tecnócratas usa esa información privilegiada en beneficio propio y de sus cercanos.

SÉPTIMA PARTE DE UNA SERIE

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– La práctica se ha normalizado y poco se cuestiona que, en las últimas dos décadas, funcionarios del sector público mexicano hayan hecho común su tránsito entre el Gobierno y las empresas que ahora están siendo beneficiadas por las privatizaciones que impulsaron las administraciones para las que trabajaron.

Para la investigadora María Alejandra Salas-Porras Soule, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, esta “puerta circulatoria” por parte de quienes han sido “élite” gubernamental, sobre todo por parte de funcionarios que fueron cercanos al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, ha sido utilizada en las últimas décadas para “canjear el interés público por el individual” y para beneficios personales.

“Conforme las relaciones entre las élites estatales y las élites corporativas se volvieron más abiertas y comunes, la frontera entre lo público y lo privado se volvió –a veces deliberadamente– confusa y con ello se extendieron las prácticas rentistas entre los funcionarios que procuraban sacar el mayor provecho de la información privilegiada y los recursos públicos, en general, para enriquecimiento y encumbramiento personal”, dice Salas-Porras en su libro “La economía política neoliberal en México. ¿Quién la diseñó y cómo lo hizo?”, publicado este año.

“Con todo ellos, estos funcionarios han reconfigurado la división entre la esfera pública y privada y han precipitado la mercantilización de la función pública que (…) es una de las expresiones más sobresalientes de la transiciones a las estructuras globales”, agrega el texto.

En su investigación, Salas-Porras analiza las trayectorias de 128 funcionarios federales que impulsaron lo que denomina “reformas de corte neoliberal” desde 1988 y 2016, encontrando en ellos a 21 funcionarios “clave” para este proyecto económico y que, en total, concentraron 204 posiciones en el aparato estatal.

Entre ellos, encuentra la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en economía política del desarrollo y las redes corporativas, están el ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe; el ex Secretario de Energía y ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuénzler; el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles y el también ex secretario de comunicaciones y ex director de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, todos los cuales ahora trabajan en la iniciativa privada.

“El grupo de tecnócratas analizado (…) diseñó, negoció y defendió el paquete de reformas estructurales que puso al mercado libre en el centro del nuevo modelo de desarrollo” agrega.

La Reforma Energética aprobada en 2013, en el primer año del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, ha sido la más reciente modificación constitucional de este modelo de desarrollo impulsado desde la década de los ochenta y acelerados, sobre todo, en el sexenio del entonces Presidente Carlos Salinas.

Y, desde el primer año de su puesta en marcha, esta liberación del sector energético para que empresas privadas participen en todos los eslabones de la extracción, producción y venta de hidrocarburos se ha convertido en una fuente de negocios sobre todo para empresas vinculadas con este grupo de ex funcionarios públicos.

La filial mexicana de la firma trasnacional Evercore, por ejemplo, es propiedad de Pedro Aspe Armella, sumó a su consejo al ex Embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, y cuenta con participación en la empresa Diavaz, que ganó dos contratos en la primera ronda de licitaciones de la Reforma Energética.

La trasnacional BlackRock, por su parte, cuenta entre sus directivos con un ex subsecretario de Hacienda de Felipe Calderón –Gerardo Rodríguez Regordosa– y de sus oficinas salió el actual director de Petróleos Mexicanos Internacional (PMI) –Isaac Volin Bolok Portnov.

“Lo que sí hay es uso de información privilegiada”, dice Salas-Porras. “No cabe duda de que están utilizando información privilegiada para beneficio personal, y/o de sus socios, la gente cercana a ellos”, añade Alejandra Salas-Porras.

En entrevista, la autora identifica el inicio del uso de la “puerta giratoria” a partir del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, él mismo luego parte de diferentes consejos de administración beneficiados en su Gobierno, como Union Pacific.

Luego, explica, a partir de los sexenios panistas, se vio regresar a la esfera pública a quienes habían sido parte de Gobiernos federales priistas y que luego habían ingresado a la iniciativa privada, como Luis Téllez Kuénzler, nombrado secretario de Comunicaciones y transportes por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y el también ex Secretario de Energía en la primera parte del sexenio de Ernesto Zedillo, Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex entre 2006 y 2009.

“El caso más reciente es el de Calderón [Felipe Calderón Hinojosa] mismo, que pasa a formar parte de Iberdrola, por cierto una de las empresas que más se beneficiaron a lo largo del sexenio de Calderón. Otra funcionaria fue Georgina Kessel Martínez, por ejemplo, que también forma parte del gabinete de Calderón [como Secretaria de Energía] y se incorpora, en su caso, no deja pasar mucho tiempo”, dice Salas-Porras.

A la especialista Alejandra Salas-Porras no le queda duda: un puñado de ex funcionarios públicos están utilizando información privilegiada para beneficio particular y de sus socios y gente cercana. Foto: Sandra Sánchez Galdoz, SinEmbargo

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–No deja pasar ni un año [Georgina Kessel Martínez]…

–En todo caso ella no espera; se incorpora prácticamente cuando deja la administración pública. Ahora, ¿qué ha pasado, durante el sexenio de Peña Nieto? Creo que aquí no hemos visto ningún caso así, a excepción del de Calderón, porque Calderón tendrá un año que se incorporó en el consejo de Iberdrola, y no hemos visto otros casos. Lo que sí hemos visto es el fenómeno este de Pedro Aspe. Cuando deja Hacienda, deja pasar un año y se incorpora en varios consejos de administración, pero además él crea un despacho por medio del cual se puede beneficiar del capital, podemos decir, social y político acumulado a lo largo de su carrera. ¿Cómo lo hace? Brindando asesoría particularmente a los Gobiernos estatales, para reestructurar sus deudas. Eso lo hizo a lo largo de los últimos 10 años más o menos, pero ha aflorado últimamente por el problema que atraviesan los estados del país, que se encuentran muy endeudados. Entonces, uno se pregunta cómo le hicieron para seguirse endeudando sin pasar por los Congresos locales, y entonces aquí vemos cómo se reestructuró la deuda a través de fideicomisos, a través de la bursatilización de títulos de deuda que les permitieron seguirse endeudando, y en la medida en la que utilizaron recursos que no pasan por el filtro de los Congresos no fueron registrados ni objeto, digamos, de un monitoreo por parte del público, hasta que ya estalló el problema de las deudas de los estados, en algunos de los cuales, más graves, está involucrado el despacho [de Pedro Aspe]…

–Vemos que estas personas, Reyes Heroles, Luis Téllez, Felipe Calderón mismo, quien fue también Secretario de Energía, ¿es más agudizado esto en el sector energético?

–Definitivamente en el sector energético esto es una práctica muy intensa. Yo creo que casi todos los secretarios de Energía, los directores de Pemex también han circulado, algunos después de muchos años, como el caso de Adrián Lajous, que fue funcionario mucho tiempo dentro de Pemex y al final circuló y se ha vinculado a grupos muy diferentes, grupos sudamericanos, pero relacionados con el sector energético, y además también forma parte de un think tank en el sector energético. Sí es un fenómeno muy acusado en el caso del sector energético, y creo que una de las razones es porque ellos interactúan mucho con intereses extranjeros, eso los vincula y, bueno, quienes logran armar contratos y gestiones con trasnacionales o inversionistas extranjeros establecen relaciones muy estrechas que después facilitan ese tránsito hacia los consejos de administración, asociaciones, como en el caso de Reyes Heroles, que entre otras relaciones con el sector privado se asocia con Morgan Stanley para invertir en este sector. En el sector energético está también el caso de Luis Téllez, que también se ha asociado con intereses muy poderosos, tanto de despachos como también de empresas; Sempra, que es una empresa norteamericana y en la que él tiene participación o por lo menos un asiento en el Consejo de Administración, (…) que significa que puede participar en el capital, pero aun si no participa, obtiene recursos nada más por formar parte del consejo. Todos los consejeros siempre obtienen no necesariamente un salario pero sí un bono bastante generoso.

–Si desde el sector público impulsaron la apertura económica, ¿cree que lo hayan hecho para beneficiarse de manera personal?

–Es algo que no se puede demostrar, a menos de que uno tenga una entrevista con ellos. ¿Hasta dónde, cuando están en funciones realizan sus funciones públicas en función de recompensas, pensando en recompensas futuras? Yo creo que sí es así. Ahora, esta es una práctica que estos funcionarios no la ven mal. Ha sido naturalizada y en cierto modo, también justificada por una teoría política que argumenta que los funcionarios públicos racionalizan, maximizan sus ganancias, y que esto es natural; se llama public choices, es la teoría de la elección pública, según la cual los funcionarios van a aprovechar al máximo su participación y, por tanto, se parte de ese presupuesto y en todo caso lo que se les tiene que exigir es que desempeñen su función de manera eficiente, pero no se les puede reclamar si sacan provecho, porque como cualquier individuo, o al menos eso es lo que plantea esta teoría de la elección pública, cualquier individuo es naturalmente maximizador, que va a tratar de maximizar sus intereses. Creo que esta es una teoría que ha sido muy asimilada más o menos explícitamente por este grupo de empresarios. Entonces, no lo ven mal, y creo que también es cada vez más difícil definir, digamos, la frontera del conflicto de intereses, en qué situaciones hay conflicto de intereses. Hay un caso que sí es muy problemático, el de Luis Téllez, porque hoy en día está muy vinculado a muchos intereses y al mismo tiempo forma parte del Fondo (Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo), que se supone que va a concentrar los recursos, los excedentes, y los va a canalizar, ya sea para obras de infraestructura o en diferentes direcciones. Entonces él, al formar parte de esta organización, pues va a tener la posibilidad de influir en el destino de esos recursos, al mismo tiempo que forma parte de grupos que se interesan en obtener contratos. Entonces ahí creo que es un caso muy problemático.

–¿Qué tan emparentado está este tránsito entre esferas con la corrupción?

–Lo que sí hay es uso de información privilegiada. No cabe duda de que están utilizando información privilegiada para beneficio personal, y/o de sus socios, la gente cercana a ellos. Habría que partir de una definición de corrupción, que también es un concepto elusivo. (…) Quienes tuvieron trayectorias muy largas dentro del aparato estatal y mantienen contratos y conocen el modus operandi de los diferentes espacios de la burocracia y la pueden usar en su provecho.

–¿Y qué consecuencias tiene esto para el resultado de la economía mexicana, en términos de democracia, transparencia, o éxito en la distribución de la riqueza?

–No cabe duda de que es un grupo cada vez más estrecho el que tiene la información que le permite aprovechar contratos, que le permite aprovechar proyectos de construcción, ya sea directamente o, y en ese caso sí sería corrupción, pasando la información a gente cercana. En ese caso evidentemente sí es un uso indebido, porque se supone que los grandes proyectos pasan por concursos, y si quienes participan en los concursos tienen acceso a información privilegiada, ahí definitivamente hay un caso de corrupción. Ahora, ¿qué consecuencias? Yo creo que esto ha minado cada vez más las instituciones públicas y les impide armar proyectos de más largo plazo en función de intereses generales y no en función de intereses particulares. Y, a mi juicio, esto se ha traducido en una clase política depredadora, que utiliza las instituciones. Patrimonialista y depredadora, porque también el patrimonialismo socava las instituciones, las debilita y sí tiene consecuencias muy serias en términos de la posibilidad, digamos, de promover estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo. Creo que en todos los países, o en la gran mayoría, uno va a encontrar muchos casos de corrupción, pero hasta dónde la corrupción y el uso de información privilegiada, que la frontera entre uno y otro es difícil de trazar, pero puede debilitar las instituciones y más cuando esto está entrelazado con intereses extranjeros, que dificulta pensar en el interés nacional.

–¿Qué tanto esto está relacionado con la desigualdad?

–Yo pienso que sí se traduce en que las oportunidades se concentran en unos cuantos grupos, empresas, funcionarios, y que el así llamado derrame, el efecto de derrame, tiene un impacto cada vez más estrecho. Se supone que si la economía crece, o por lo menos ese era el argumento de la economía ortodoxa, que si la economía crece, eventualmente se van a generar efectos en cadena, efectos multiplicadores. En la medida en que el crecimiento se concentra o beneficia a un grupo cada vez menor de empresas o funcionarios, hay una mayor concentración de la riqueza. Son oportunidades que se abren y quienes las pueden aprovechar son quienes tienen acceso a un capital político y social que han podido acumular, ya sea por vida privada o pública o una combinación de las dos.

–¿Qué lugar cree que debe tener esta práctica en el análisis del modelo económico, de apertura y el libre comercio?

–Creo que sí, es una de las consecuencias lógicas de una filosofía según la cual es legítimo, hasta cierto punto, sacar el mayor provecho de la participación en los espacios del aparato estatal. Ahora, este es un fenómeno que ha estado presente, por ejemplo, en Estados Unidos, desde hace muchos años, pero creo que, a pesar de que en esta administración de [Donald] Trump ha adquirido niveles escandalosos, está creando cada vez más malestar, y no sería sorprendente que esto llevara, eventualmente, no sé qué tan rápido, pero sí eventualmente, como a una regulación de este fenómeno. Y, por supuesto, en el caso de México, dado que la concentración de la riqueza ya era muy grande, al iniciar esta práctica, pues también creo que debe ser objeto de una regulación. Por ejemplo, ahora, el Sistema Nacional Anticorrupción, hasta dónde debería discutir esta práctica, si es o no legítima, cómo se debe vigilar, cuál es el mínimo de tiempo que debe transcurrir antes de que un funcionario, sobre todo los de alto nivel, y hacia dónde, porque si un funcionario de Pemex o que ha sido funcionario del sector energético, como es el caso de Calderón, además gozando de un ingreso, porque algunos podrían argumentar que, bueno, se quedaron sin empleo, entonces es legítimo buscar empleo en el sector privado, pero alguien como Calderón, a quien le seguimos pagando un ingreso, un salario bastante generoso, no podría argumentar eso. Entonces, el caso de los ex presidentes creo que debería regularse, porque ellos siguen recibiendo un ingreso público. Y, bueno, habría qué discutir en qué otros casos también o en qué condiciones se puede transitar de un espacio a otro.