A Tijuana, cada día, llegan entre 50 y 80 migrantes. Ese conglomerado lo integran mujeres y hombres solos, matrimonios, parejas y familias enteras. En ocasiones, menores de edad sin la compañía de un adulto.

Se trata de migrantes mexicanos. Ciudadanos provenientes de estados como Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, donde tenían su hogar, su modo de vida y a la familia entera, pero que han debido abandonar no solamente en busca de una mejor vida, sino para salvar la vida.

Son los desplazados de la violencia criminal. Hombres y mujeres, cabezas de familia que tuvieron que dejarlo todo repentinamente cuando fueron amenazados en el más leve de los casos, o porque la criminalidad organizada ya ha asesinado a varios integrantes de la familia en el peor de los escenarios.

Viene al caso una familia de michoacanas, pues la mayor parte eran mujeres, de doce integrantes, entre quienes se encontraba un menor de edad, un niño que no llegaba a los diez años de vida, pero ya estaba marcado por las cicatrices de varios balazos en su cuerpo. Ellas cargaron con lo que podían de pertenencias y con todos los menores que integran la familia y emprendieron el viaje a Tijuana, donde solicitaron asilo por razones humanitarias a los Estados Unidos.

Son de los pocos que han corrido con suerte. Su trágico caso fue tomado por un despacho de abogados de los Estados Unidos, quienes en una labor pro-bono, lograron que a la familia de mujeres e infantes les fuese concedido el asilo. Ya residen en la Unión Americana, ya enviarán a México remesas, como tanto gusta y tan de buen humor ponen al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero ese gusto por las cada vez más grandes cantidades de dinero que envían los migrantes en los Estados Unidos a México (De enero a junio de 2022 fueron 27 mil 515.7 millones de pesos), contrasta con la atención y el compromiso que el gobierno de la República tiene con los migrantes en suelo mexicano.

En Tijuana en estos momentos se encuentran unos 5 mil ciudadanos en calidad de migrantes, todos nacionales. En la ciudad hay un total de 26 albergues de organizaciones de la sociedad civil, y solo uno del gobierno federal, el Centro Integrador para el Migrante Carmen Serdán, que tiene una capacidad para albergar a 800 personas pero que solo está habitado para 400.

El albergue oficial se encuentra al 50 por ciento de su capacidad, porque únicamente prestan alojamiento a aquellas familias y ciudadanos que ya cuentan con una cita con las autoridades norteamericanas para revisar su petición de asilo humanitario, quienes no han logrado obtener la ansiada ficha, han de buscar por su cuenta dónde pasar la noche, y los días.

Un solo albergue, el fundado y dirigido por el Pastor Gustavo Banda, Embajadores de Jesús, da hospedaje a más de mil 100 migrantes, de los cuales una tercera parte son menores de edad. Otro albergue, Ágape, da cobijo, techo y alimento a más de 300 personas, mientras que Juventud 200, alberga a unos 130 mexicanos desplazados por la violencia.

Pero a finales de septiembre de 2022, al tiempo que la inseguridad y los asesinatos en el país van en aumento, también la migración. A esta fecha, todos los 26 albergues para migrantes que están establecidos en Tijuana rebasan su capacidad. Ya no tienen espacios libres para los ciudadanos que llegan todos los días.

En las últimas semanas, los migrantes mexicanos han optado por acampar fuera de instalaciones de la sociedad civil organizada. En las aceras de la construcción del Albergue Juventud 2000, se han instalado casas de campaña, algunas genuinas y otras hechizas, en las que “viven” unas 130 personas. Literalmente los migrantes desplazados por la violencia en el país, viven en la calle.

Del gobierno de la República no hay apoyos para estos albergues de la sociedad civil. Hace unos días el delegado único del gobierno federal declaró ante la crisis humanitaria y las condiciones de hacinamiento aun en las aceras de la ciudad, que quienes desde los albergues se acercaran a ellos, los apoyarían, pero aclaró que no sería con recursos económicos, sino en especie, con comida, con víveres, los que de suyo la misma sociedad civil aporta para los alimentos y los enseres de los migrantes mexicanos.

La situación ya se ha convertido en una crisis humanitaria producto de la inseguridad y la violencia en los cuales está sumido México, y la falta de atención en ese tema, y en el de la migración, por parte del gobierno de la República, que no apoya a la sociedad, pero tampoco a los migrantes, creando espacios para una convivencia digna en tanto su situación legal allende la frontera es resuelta.

Y quizá sea parte de una estrategia, desatender a los migrantes mexicanos para que se vayan a otro país en busca de mejores oportunidades, de tranquilidad y seguridad, para que manden remesas, que tanto celebra el presidente de la República, cuando en realidad deberían darle pena. Pero la urgencia, es atenderlos en territorio mexicano, y aquí darles oportunidades de desarrollo y condiciones de seguridad, aunque en este gobierno, cualquiera de los dos escenarios se vea tan lejano desde Palacio Nacional.

Adela Navarro Bello

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