En abril de 2023 la periodista Yohali Reséndiz terminaba de construir los cimientos de una investigación periodística cuya trama era la corrupción, los sobornos, las presiones y los favores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los documentos base de su indagación, apuntaban al entonces ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.

La periodista había recibido un paquete de información obtenido mediante un software utilizado por gobiernos de México y el mundo para el espionaje. Los documentos, audios, imágenes, cuentas bancarias, y conversaciones giraban en torno al ministro, sus contactos, intermediarios y los depósitos, supuestamente recibidos a cambio de favores en el sistema judicial del País.

Pero Arturo Zaldívar entonces era un hombre poderoso. Hasta enero de ese 2023 había fungido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo al que arribó en enero de ese año, la actual titular del Poder Judicial, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Zaldívar preparaba entonces, lo sabríamos en noviembre, su renuncia a la Corte y su prácticamente inmediata adhesión al proyecto político de Morena para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien se unió sin recato alguno en calidad de asesor.

En realidad, lo que Arturo Zaldívar estaba logrando era el fuero político del partido en el poder que ahora también le da ínfulas para denunciar a la ministra Piña ante la FGR e iniciar un juicio político en su contra.

Ya el presidente López Obrador había dado muchas y muy públicas muestras de su inclinación por Zaldívar, a quien había intentado, contrario a la Ley, perpetuar en la presidencia de la Corte sin éxito alguno, y de quien confesaría el mandatario nacional en alguna de sus conferencias matutinas, había recibido un trato preferencial para incidir en casos del Poder Judicial, particularmente para mantener en prisión o bajo proceso a ciertas personas, delincuentes de cuello blanco o criminales organizados. Zaldívar estaba dentro del manto protector del presidente, y en un País donde existe la justicia y la palabra de López Obrador, lo segundo le otorga el fuero necesario para escapar, por lo menos en lo que se inician investigaciones formales, al escrutinio público: si el presidente dice que no es corrupto y que por el contrario es un “hombre derecho”, la sentencia pública está dada.

Entre abril y septiembre de 2023, Yohali Reséndiz confirmó con su investigación los audios, los documentos, las conversaciones de WhatsApp e incluso una cuenta bancaria a nombre de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, que este no había transparentado en sus declaraciones patrimoniales. Con su trabajo periodístico documentado, confirmado, en el caso de la cuenta bancaria con un deposito que hizo la periodista por 50 pesos para develar el nombre de la persona física propietaria -el entonces ministro-, tocó la puerta de medios de comunicación nacionales e internacionales. En algunos casos le solicitaron ahondar en la investigación, lo cual hizo, y en otros le pidieron tiempo para analizar la información. Pero en todos los casos se negaron a publicar su trabajo. No argumentaron razones de censura o de falta de rigor periodístico en el trabajo de Reséndiz, simplemente mostraron desinterés hasta confirmar con el silencio del otro lado de la línea, que no publicarían el reportaje.

El poder de Zaldívar como presidente de la Corte estaba reciente aun cuando ya no ostentaba el cargo, hoy día incluso, hay medios de comunicación del mismo corte donde la consigna es que el tema Zaldívar simplemente no se aborda en sus respectivas redacciones, sean impresas, digitales, auditivas o televisivas.

Hace unos días al Consejo de la Judicatura Federal llegó una denuncia contra el ex ministro Zaldívar, precisamente por tráfico de influencias, favores, intereses personales para favorecer a terceros, que incluyen al asesor de la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinabum y a algunos de quienes fueron sus colaboradores durante el tiempo que permaneció en la Corte y en la presidencia de la misma.

La ministra presidenta Norma Piña ha explicado que tal denuncia no compete al Consejo de la Judicatura investigarla sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo no se ha iniciado o al menos no se ha informado, del arranque del proceso.

A propósito de la denuncia contra Zaldívar en la Corte, algunos periodistas rescataron la investigación que, finalmente, Yohali Reséndiz publicó personalmente en su canal de YouTube, y ha concedido entrevistas varias para ahondar en los detalles de la información que le fue provista y de la posterior investigación periodística que realizó para confirmar la documentación, los audios, las capturas de pantalla y la cuenta de banco recibidas.

Como es público, Arturo Zaldívar se ha defendido de las acusaciones y el presidente de la República lo ha exonerado, aun sin investigación de por medio, con su palabra, la confianza que le tiene y la rectitud que le otorga a título personal. También como era de esperarse, acusan desde el oficialismo morenista una persecución política contra quien dejó al Corte para asesorar a la candidata de un partido político y comprar con ello el fuero morenista, a la sazón más importante y determinante que el constitucional.

Y como colofón, dado a que la vergüenza no es lo suyo, el martes 16 de abril en conferencia de prensa respaldado por el partido guinda, junto a Mario Delgado, Zaldívar detalló que las denuncias que está por presentar son “por la probable comisión del delito en contra de administración de justicia, porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo”.

Así, dijo que solicitará un juicio político por actos que constituyen un ataque a las instituciones democráticas, por violaciones a los derechos humanos, injerencia en procesos electorales. Ante la FGR acusará a Piña por delitos contra la administración de la justicia, el ejercicio ilícito del servicio público y la filtración de la denuncia anónima. De ahí a la Fisel por uso ilegal de fondos y delitos electorales dado a que asegura que la ministra favorece a Xóchitl Gálvez, por lo que también interpondrá una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y equidad de la contienda. Acudirá al INAI para denunciar la filtración del acuerdo admisorio de la denuncia anónima vulnerando la protección de datos personales.

Y cerrará el listado ante la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal por coacción y amenazas contra magistrados de la Sala Superior del TEPJF, reunirse en privado en contra de líderes de partidos, filtrar el acuerdo admisorio de la denuncia anónima en contra del ahora promotor de Claudia Sheinbaum y dar trámite a una queja para lo cual Piña estaba legalmente impedida.

Con estas acciones lo único que queda claro es que Arturo Zaldívar dejó la Corte como un hombre poderoso y, arropado en el morenismo del presidente López Obrador, lo sigue siendo. Tiene fuero extraoficial. No quiere enfrentar la justicia, y el desprestigio no le quita el sueño.

Adela Navarro Bello

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