Preocupados y alarmados por las repercusiones que pueden tener para nuestros países las distintas políticas anunciadas e impulsadas agresivamente por Donald Trump en su segundo mandato como Presidente de Estados Unidos, desde México y otros países del mundo, no hemos puesto la suficiente atención sobre el peligroso vuelco político que el mandatario republicando está provocando al interior de su país y que ha llevado a cientos de miles de estadounidenses a movilizarse por lo que se considera francamente un “movimiento hacia el fascismo”. Con sobrada justificación en cada país nos preocupamos y lidiamos con las amenazas de Trump. En México son los temas arancelarios, migratorios y de seguridad. A los canadienses les preocupan los mismos temas más la amenaza de anexionarse a ese país, al igual que Panamá y Groenlandia.

Pero poco nos detenemos a mirar la profunda mutación política que se está llevando a cabo en Estados Unidos, desde el pasado reciente, pero ahora acelerada tras la llegada de Trump por segunda ocasión a la Presidencia de Estados Unidos. Es un giro hacia un Gobierno de derecha radical, proreligioso, antiderechos, a favor de los ricos y la oligarquía, expansionista y extremadamente peligroso para la justicia y las libertades políticas. Pero no es una repetición de movimientos extremistas de derecha del pasado, como el fascismo o nazismo. Sostiene Noami Klein (en un artículo firmado junto a Astra Taylor): “Aunque se basa en tendencias derechistas persistentes… simplemente nunca antes nos hemos enfrentado a una tensión apocalíptica tan poderosa en el Gobierno”.

Las amenazas a los recortes de subsidios federales y el ataque a la libertad de expresión en las universidades, especialmente en Harvard han concentrado la atención sobre la política doméstica de Estados Unidos, pero no es la única ni la más grave.

Además de las medidas para limitar la libertad de expresión en las universidades, el Gobierno de Trump ha buscado clausurar o poner bajo su control centros de estudios académicos que no están alineados, ha ordenado la expulsión de al menos 600 estudiantes extranjeros que residían legalmente en Estados Unidos, sólo por sus ideas políticas, en tanto que ha ordenado la vigilancia, la persecución en contra de exfuncionarios y abogados que participaron en las investigaciones y casos contra el mandatario y sus aliados; ha interpuesto demandas millonarias en contra de medios de comunicación como ABC, CBS, Meta y Des Moines Register; y ha alentado la proclamación de decenas de leyes en contra de las protestas sociales y quienes participen en dichas manifestaciones, criminalizando y reprimiendo en la práctica el derecho de manifestación y libertad de expresión. Y todo en el contexto de un Gobierno en el que participan, al menos, 13 megamillonarios, entre ellos Elon Musk, la persona más rica del planeta que tiene un acceso a todas las áreas de gobiernos como pocos funcionarios de Estados Unidos han tenido.

En lo que respecta al ataque contra las universidades, el Gobierno de Trump anunció la suspensión de mil millones en fondos federales a la Universidad Cornell y 780 millones a la Universidad Northwestern sólo por no hacer lo suficiente “para frenar protestas estudiantiles contra la complicidad estadunidense en la guerra de Israel en Gaza y por apoyar la causa palestina”. A esto se suman acciones y amenazas parecidas contra Harvard, Brown, Yale y varias universidades, según detallaron los corresponsales de La Jornada (11 abril 2025).

El sitio de noticias Inside Higher Education estima que el Gobierno de Trump ha revocado las visas de unos 600 estudiantes extranjeros. El caso más famoso de estos jóvenes, Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, quien fue arrestado y se busca su deportación solo por sus creencias y opiniones, y no por violar alguna la ley. “El Gobierno reconoció esta semana (…) que Mahmoud Khalil, fue arrestado y se busca su deportación exclusivamente por sus creencias y opiniones, y no por alguna violación a la Ley” (La Jornada, 11 abril 2025).

Por otro lado, está llevando a cabo una purga de excolaboradores pues la semana pasada firmó órdenes ejecutivas para instruir al Departamento de Justicia iniciar investigaciones sobre varios exaliados de Trump, ahora críticos de esta Administración, continuando una política de represalias contra exfuncionarios de su primer Gobierno. Esto incluye a varios militares de alto rango (como su exsecretario de Defensa y el exjefe del Estado Mayor) a quienes no sólo persigue, sino que incluso les ha retirado sus equipos de seguridad personal.

Desde la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales temen ser investigados o perseguidos por el Gobierno de Trump, si los califica de adversarios o críticos, según la misma nota de La Jornada. Pero ya no son amenazas potenciales, sino reales y peligrosas. “El mes pasado [marzo], un jurado del condado rural de Morton, en Dakota del Norte, dictaminó que el grupo ambientalista Greenpeace debe pagar 667 millones de dólares a la empresa de oleoductos Energy Transfer y es responsable de difamación por las protestas de Standing Rock, en un fallo ampliamente condenado como ‘escalofriante’”, (The Guardian, 9 abril 2025).

En la larga lista de persecuciones políticas, Trump a puesto en la mira a los principales despachos de abogados del país para tratar inhibir que se involucren en casos en contra de las políticas que está impulsando y sus decretos ejecutivos. Esta persecución incluye casos individuales como el de Amir Makled, un abogado de Michigan que tras regresar de vacaciones del extranjero con su familia, fue cateado en su domicilio y citado por investigación, y todo porque entre sus clientes hay un estudiante que participó en protestas contra la guerra de Israel en Gaza.

Otro frente importante de preocupación para la sociedad civil y organizaciones populares de Estados Unidos es la ofensiva legislativa para proclamar más leyes que castiguen a los manifestantes, lo que ha llevado a inhibir las protesta sociales.

En un extenso reportaje, la editora de The Guardian, Nina Lakhani, reveló que en lo que va de este año se han incrementado sustancialmente las leyes que buscan criminalizar las protestas. “Los proyectos de Ley antiprotestas que buscan ampliar los castigos penales para las protestas pacíficas protegidas por la Constitución –especialmente dirigidas a quienes denuncian la guerra respaldada por Estados Unidos en Gaza y la crisis climática– han aumentado desde la toma de posesión de Trump. Se han presentado 41 nuevos proyectos de Ley antiprotestas en 22 estados desde principios de año, en comparación con un total de 52 en 2024 y 26 en 2023, según el rastreador del Centro Internacional para el Derecho sin Fines de Lucro (…) El recuento de este año incluye 32 proyectos de Ley en 16 estados desde que Trump regresó a la Casa Blanca, con cinco proyectos de Ley federales dirigidos a estudiantes universitarios, manifestantes contra la guerra y activistas climáticos con duras penas de prisión y fuertes multas, una represión que los expertos advierten que amenaza con erosionar los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión, reunión y petición” (https://cutt.ly/KrgVfcX7).

En el impulso de estas leyes participan industrias como la extractiva y petrolera que alientan a castigar y perseguir a quienes participen en protestas en o contra oleoductos o gaseoductos, como propone la Ley de Transporte Seguro y Protegido de Energía Estadounidense, con castigos de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares para individuos o 500 mil dólares para organizaciones.

El impulso de las leyes antiprotestas en Estados Unidos está asociado directamente al incremento del antagonismo social en ese país. Aumentan cuando hay poderosos movimientos sociales, como ocurrió tras las protestas de pueblos indígenas contra el oleoducto de Standing Rock en 2016 y tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, Minnesota en 2020 que impulsó masivamente el movimiento Black Lives Matter; y ahora están aumentando en el contexto de las masivas protestas en contra de las distintas políticas de Donald Trump, como ocurrió el sábado 5 de abril cuando hubo cerca de mil 400 protestas a todo lo largo de Estados Unidos.

Los impulsores de estas leyes buscan pretextos nimios para impedir las manifestaciones de ciertas posiciones ideológicas. Escribió Lakhani en el reportaje referido de The Guardian. “Un proyecto de Ley independiente excluiría a los estudiantes manifestantes de la ayuda financiera federal y la condonación de préstamos si cometen algún delito en una protesta en el campus, incluso un delito menor no violento como no dispersarse. En ambos casos, los promotores han dejado claro que el proyecto de Ley es una respuesta legislativa a los manifestantes propalestinos, muchos de los cuales llevaban mascarillas para evitar represalias y la divulgación de información personal”.

En otras palabras, se está criminalizando por solidarizarse con causas justas como protestar contra un genocidio en curso, como ocurre hoy en Palestina. Es un agresión a la libertad de expresión extremadamente grave. Es como si en 1944 se persiguiera o encarcelara a un ciudadano de EU por denunciar u oponerse a los crímenes de Adolf Hitler contra los judíos y otros sectores sociales bajo la Alemania nazi.

Todo este espectro de políticas represivas y autoritarias, claramente está alarmando a la sociedad y despertando la conciencia de muchos de que esto “indica un movimiento hacia el fascismo”, como dijo David Armiak, director de investigación del Centro para los Medios y la Democracia. “La gran cantidad y variedad de proyectos de Ley antiprotestas presentados en sólo tres meses, en combinación con la revocación de visas de estudiantes y la desaparición de manifestantes estudiantiles por parte de la Administración del autoproclamado 'Presidente de la Ley y el orden', indica un movimiento hacia el fascismo”.

Como cabía esperar, la resistencia en contra del trumpismo ha despertado. Desde la política establecida también hay alarmas. En un mitin reciente, el Senador demócrata de Vermont, y del ala más izquierdista de ese partido, dijo: “En mi opinión, los componentes esenciales del trumpismo son: oligarquía, autoritarismo, deshonestidad sin precedente, cleptocracia y políticas económicas que favorecen a los ricos a la vez que empobrecen a las familias trabajadoras. Abraham Lincoln hablaba de un Gobierno ‘del pueblo, por el pueblo, para el pueblo’. Me parece claro que hoy tenemos un Gobierno de la clase multimillonaria, por la clase multimillonaria, para la clase multimillonaria”.

Pero la respuesta más esperanzadora viene de la sociedad civil y organizaciones alejadas de la política bipartidista. El sábado 5 de abril más de medio millón de personas protestaron a lo largo y ancho de Estados Unidos. Una manta desplegada en la protesta celebrada en Washington expresaba con claridad el centro de estas protestas: “Wake up America. Fascism is coming to the USA” (Despierta América. El fascismo está llegando a Estados Unidos). Más vale que allá y acá despertemos antes de que la pesadilla nos alcance.

Rubén Martín

https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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