La 4T sigue dando un subsidio multimillonario a las trasnacionales que se llevan gran parte de sus ganancias y dejan en el país daños severos en salud y destrucción ambiental. La desnormalización del capitalismo salvaje no es fácil. El que grandes corporaciones trasnacionales inunden el mercado nacional con productos adictivos, y que estos sean ya la principal causa de enfermedad y muerte, mientras obtienen enormes ganancias que, en gran parte, sacan del país, aparece como algo normal.

Hablamos de las corporaciones de la comida chatarra, de las refresqueras, de las tabacaleras y las alcoholeras. Por ejemplo, los costos de los daños provocados por el tabaco en 2024 en México se estimaron en 194 mil 700 millones de pesos, y lo que pagaron las tabacaleras de impuestos especiales al producto fueron aproximadamente una cuarta parte de eso: 48 mil 682 millones de pesos. ¿Quién pagó los demás costos del tabaco? Los pagamos nosotros con nuestros impuestos que sostienen el sistema de salud; los pagan las familias que tienen una persona enferma por el tabaquismo. Uno de cada dos fumadores muere por una enfermedad causada por el tabaco. Y claro, no faltará quien diga que ese es un problema personal, de quien quiere fumar. Pero no es así: cuando se habla en términos epidemiológicos, en términos poblacionales, si el tabaco se vende en todo lugar, si el tabaco está exhibido en un lugar privilegiado detrás de las cajas de todos los comercios, si el tabaco no tiene los suficientes impuestos, el consumo es mayor. ¿Sabe usted a dónde van las ganancias de Philip Morris y British American Tobacco, las mayores productoras de cigarrillos en nuestro país? ¿Sabe dónde están sus principales accionistas? La riqueza sale, la destrucción se queda: más de 60 mil muertes cada año. Este es el precio del subsidio.

En el caso del alcohol, en 2024 los costos que provocó su consumo en México —desde sus impactos en salud hasta pérdidas de vida y violencia— se estiman en 552 mil 200 millones de pesos, mientras que lo que pagaron las corporaciones alcoholeras por impuestos especiales fueron 78 mil 724 millones de pesos; es decir, siete veces menos que los costos generados por los productos que ponen en el mercado. ¿Quién paga el resto de los daños? Se pagan con recursos del Estado, con las finanzas de aquellas familias que no alcanzan a ser cubiertas por la atención pública. Y nuevamente se dirá que quien sufre los daños del alcohol es por su culpa, pero, nuevamente: donde no existe una política nacional para el control del alcohol, donde las regulaciones son en la práctica inexistentes para la venta de alcohol, donde la publicidad invade los eventos deportivos y musicales de los jóvenes, donde se permite que los estadios se conviertan en cantinas, donde los precios provocan que sea más barato que la leche, etcétera, se consume más y sus daños son mayores. La evidencia es abrumadora. Las corporaciones como InBev, Heineken, Bacardí, Pernod Ricard y Brown-Forman, entre otras, se llevan las ganancias; los daños nos los dejan.

Si tomamos los datos de 2019 sobre los costos económicos de la obesidad en México, se calcula que estos ascendieron a 445 mil 791 mdp, mientras que el IEPS recaudado ese año por concepto de bebidas energéticas, bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica fue de sólo 48 mil 682.4 mdp —lo que es casi una décima parte de los costos asociados a esta condición—. Sabemos que no solamente el consumo de ultraprocesados y bebidas endulzadas es la causa de la obesidad, pero sí una de sus principales causas. De hecho, estamos convencidos de que el daño provocado por el consumo de bebidas azucaradas es mucho mayor al estimado, más aún en el nivel de consumo que tiene un alto porcentaje de la población mexicana, que es una de las poblaciones con mayor incidencia de diabetes y muerte por diabetes en el mundo. ¿A dónde van las ganancias de Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kellogg's, Mars, Danone, etc.? ¿Dónde están sus principales accionistas? ¿Qué nos dejan?

Estos productos no son sólo la principal causa de enfermedad y muerte en México; se trata de productos cuyos daños colapsan el sistema de salud y las finanzas públicas. Pero esta lógica, la que muy bien podemos llamar capitalismo salvaje, está totalmente normalizada. Se trata de productos que extraen una enorme riqueza de toda la sociedad mexicana y, de forma más dramática, de las comunidades y sectores más pobres del país, donde el consumo de comida chatarra de Coca y Pepsi, de alcohol y tabaco es de los más altos, como dramáticos son sus desenlaces en salud. Esa riqueza va, en gran medida, fuera del país, donde se encuentran sus principales accionistas. Se trata de corporaciones extractivistas, como las mineras: no se llevan metales preciosos, se llevan la salud de la población —algo más precioso— en forma de ganancias, dejando en el país enfermedad y muerte.

Partamos del hecho de que el tabaco y el alcohol han sido consumidos a lo largo de la historia e, incluso, desde la prehistoria. El tabaco era consumido en diversas sociedades del norte del continente americano desde antes de la llegada de los europeos. Por su parte, el alcohol ha sido consumido por un gran número de sociedades humanas e, incluso, hay registros de ocasiones en que simios han consumido productos fermentados. Estos consumos históricos, en diversas sociedades humanas tradicionales, se daban en ocasiones especiales —en muchos casos, en ceremonias—, no de manera cotidiana. Sin embargo, cuando estos productos entran en manos de las corporaciones, de la maquinaria de hacer riqueza a como dé lugar, las corporaciones invaden los territorios, ponen el producto a disposición en todo lugar, lo disponen a toda hora, lo introducen con campañas publicitarias multimillonarias y logran crear consumidores desde temprana edad en todos los continentes. La clave está en lograr la adicción, tanto psicológica —con la publicidad— como fisiológica —por la naturaleza adictiva del producto—. Aprovechando su carácter adictivo, se dirigen a lograr que sus consumidores cada vez consuman más de su producto y que quienes aún no los consumen comiencen a hacerlo. Los daños en salud no importan: mientras se puedan negar, lo hacen; mientras las ganancias crezcan, no importa.

Por su lado, lo mismo ha ocurrido con los productos ultraprocesados, la comida chatarra y las bebidas endulzadas —los refrescos con azúcar o edulcorantes artificiales—. Las grandes corporaciones diseñan estos productos para que sean hiperpalatables, irresistibles y adictivos. El azúcar es altamente adictiva, y las combinaciones entre azúcar, grasas y sal son la clave de la comida chatarra y lo que promueve su alto consumo.

Como lo señala el documento Impuestos Saludables: más recursos para la salud pública, presentado recientemente por FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, y El Poder del Consumidor, los costos estimados generados por el consumo de tabaco, alcohol y obesidad ascienden al 4.42 por ciento del PIB, mientras que el pago de IEPS del tabaco, el alcohol, los alimentos altamente calóricos y las bebidas azucaradas ha sido del 0.6 por ciento en promedio entre 2014 y 2023. ¿Quién paga? ¿Quién obtiene la riqueza y quién carga con los daños?

La 4T continúa con este subsidio depredador.

Alejandro Calvillo

https://www.sinembargo.mx/author/calvillo/

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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