Para realizar sus actividades, el crimen organizado necesita realizar operaciones financieras. Para evitar que lo puedan hacer con impunidad, las naciones del mundo - junto con los sistemas financieros globales, regionales y nacionales - han establecido una serie de protocolos y normas.

Incluso existe un organismo intergubernamental, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que establece estándares para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. "Lavar dinero" es una expresión coloquial para referirse, para decirlo con pocas palabras, a los procesos financieros en los que una serie de activos adquiridos a través de actividades ilegales o incluso criminales, se introducen con apariencia de legalidad en la economía formal.

En el caso de México, el GAFI presentó un informe en 2018 en el que identificaba una serie de oportunidades para mejorar en la aplicación de medidas preventivas.

Ese es el origen de la reforma propuesta para modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal que aprobó primero el Senado y luego la Cámara de Diputados.

Algunas consideraciones sobre esta reforma. En primer lugar la nueva Ley incluye medidas para impedir el financiamiento al terrorismo, cosa que no existía antes. También propone una nueva definición de las Organizaciones sin Fines de Lucro para que estas no puedan utilizarse para fines ilícitos. De igual manera define o redefine conceptos que incluyen actividades de ciertos actores como "Beneficio Controlador", "Persona Políticamente Expuesta" y "Cliente o Usuaria". Pero, por otro lado, la Ley también establece nuevas atribuciones para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e integra a la Guardia Nacional en las actividades de combate al lavado de dinero y el terrorismo. Esto último es muy preocupante, por una serie de razones. Para empezar debido a que esta no tiene realmente la capacidad para ello. En segundo lugar, porque significa un continuo proceso de militarización del país. En tercer lugar, porque abre flancos para su corrupción. En cuarto lugar, porque se podría prestar a abusos y actos autoritarios Ríos. Quizás lo mejor habría sido pensar en un organismo especializado y civil para llevar a cabo esta tarea.

Más delicado es todavía el hecho de que el Gobierno tendrá facultades desmedidas que no serán sujetas al control constitucional por parte del Poder Judicial. Con esto se ensanchan las áreas en que el poder del Estado no será vigilado ni regulado por instituciones republicanas concebidas para tal fin.

En síntesis: aunque la Ley contiene avances que fueron incluidos como una respuesta a las recomendaciones pertinentes hechas por organismos intergubernamentales, la nueva legislación representa también severos riesgos para el sistema de libertades que se pudieron haber evitado.

Por tal razón, como Diputado Federal, no pude, en buena conciencia, votar en favor de su aprobación.

Gustavo de Hoyos Walther

https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos/

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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