Los estudiosos de nuestro país han reconocido que en diversos momentos de la historia se ha mostrado músculo para realizar reformas de diversa índole. Incluso el escritor Octavio Paz así lo sostiene en su importante obra El laberinto de la soledad. De que hay experiencia en la materia, no me queda duda, ahora que la extraño al contrastarla con las maneras del oficialismo actual en esta etapa de reforma electoral, si es que realmente llega a concretarse.

Pareciera, lo cual es altamente lesivo, que la urgencia de reformar la legislación electoral por parte de la Presidenta de la República, fuese una necesidad del poder mismo, de sus intelectuales orgánicos, de sus medios complacientes, de sus líderes partidarios, en especial de los que controlan a los satélites con liderazgos empedernidos, como Alberto Anaya del PT y Manuel Velasco del Verde.

Y si no una necesidad, por lo que vemos sí es un tema que exclusivamente está en el círculo de un club estrecho de políticos que se distribuyen puestos y cargos como crupiers en un casino: tantas senadurías para ti, tantas diputaciones para este otro, esta gubernatura para aquel, y así sucesivamente.

Hay memoria y viene al caso recordarla. Cuando el PRI empezó a declinar como el aparato casi único para repartir y asignar el poder, empezó un sentido de reforma que palpitaba desde fuera suyo y de la clase política que detentaba vieja dominación.

En 1976 José López Portillo fue el candidato único a la Presidencia de la República. Enfrente tuvo a Valentín Campa Salazar como candidato sin registro de una izquierda encabezada por el Partido Comunista Mexicano. Pero en la boleta únicamente figuraba el nombre de López Portillo, y su elección empezó a tener los tintes de una elección soviética; es decir, en el menú sólo existían los platillos de la nomenklatura. Nadie más.

El abstencionismo, aunado a esa cerrazón, empezó a preocupar fuertemente a un estado que necesitaba de una legitimación diversa –o sea, ciudadana– y más allá de esto, con una competencia, aunque fuera pálida y sin posibilidades de escalar. Esto por una parte. Por otra, hacia fines de la década de los setenta el Estado tuvo que encarar diversas insurgencias armadas de grupos de izquierda, que dieron lugar a la Guerra Sucia, a la desaparición forzada, a los vuelos de la muerte, y toda la historia de atropellos cometidos por el Estado.

Fue así que el Gobierno de José López Portillo, en particular su Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, inauguró un proceso de transformación, centralmente político electoral, para resolver el panorama descrito.

Arrancó en Chilpancingo, Guerrero no por casualidad, sino porque en el territorio de ese estado fue donde la insurgencia alcanzó una endémica lucha guerrillera permanente y que difícilmente se podía borrar. Luego de Chilpancingo el Gobierno tuvo que reconocer que afuera de su ámbito había organizaciones y ciudadanos opositores, algunos formando parte de partidos y otros de organizaciones civiles que se abanderaban con una propuesta democrática competir legalmente para la integración de la representación política en el Estado, particularmente en el Congreso de la Unión y los congresos locales.

Hubo un diálogo abierto en el que prácticamente todos se posicionaron, dijeron sus caracterizaciones del gobierno, de la necesidad de su apertura, y algunos abonaron por la construcción de un sistema democrático para el país.

Desde adentro del Estado se buscó afuera a los opositores. Ahora parece que la futura reforma de Sheinbaum se está diseñando para resolverles a los de adentro sus dificultades. Baste decir que la dilación que hemos observado últimamente se debe a la renuencia de dos partidos oportunistas y chantajistas a renunciar a la representación proporcional, partidos que ni siquiera tienen la calidad de democráticos.

El PT es simpatizante de la camarilla que encabeza Corea del Norte, por ejemplo. No cree en la democracia ni tiene compromiso con la misma. Y del Partido Verde ni qué decir: ha sido comparsa del PRI, del PAN, y ahora de Morena. Siempre está al mejor postor, y una sola familia ha usufructuado sus siglas como si se tratara de una empresa privada y lucrado mañosamente con temas medioambientales.

El entendimiento con ellos es lo que ha varado que la ciudadanía conozca con detalle cuál es el contenido del proyecto de reforma, y sobre todo sus causas. Hasta ahora lo único que sabemos es que en el oficialismo hay una necesidad de consolidarse y buscaría una ley a modo para lograrlo. Aunque sus satélites representan muy poco, Morena los requiere para integrar una representación calificada que previamente se obtuvo de manera fraudulenta, como se ha denunciado por quienes cuestionan la sobrerrepresentación excesiva, al margen de lo que dispone la ley.

Sabe el oficialismo que, si alguna mayoría calificada necesita, ahí estará un Yunes. Pero quieren evadir y no repetir esa deplorable escena, al menos visiblemente.

En diversas partes de la República se han empezado a congregar ciudadanas y ciudadanos para exigir un mínimo, o una información integral, pues decir “reforma electoral” es hablar, de alguna manera, del régimen político; y hablar de éste es de referirse a la competencia por el poder, que en un país con una Constitución como la nuestra incluye a los ciudadanos, que mínimamente deben saber qué se pretende.

No quiero decir que lo ignoremos todo, pero realmente el procesamiento de esta reforma está muy por debajo de la que inició el PRI allá en los años setenta; y no se diga las sucesivas reformas que fueron llegando una a una, pero siempre en interlocución, entre fuerzas oponentes y opositoras.

Así surgió un INE autónomo, un financiamiento reglamentado, el establecimiento de formas y maneras para vigilar todo el proceso electoral; y sin ser lo óptimo, esto funcionó, porque incluyó a los actores interesados, sin distingos, y porque hubo una comunicación política que explicaba los cambios de manera precisa.

Hoy no vemos nada de esto. El rostro de esta pretendida reforma es la de un soberbio Pablo Gómez, partidos que en la oscuridad se oponen, dilaciones, oídos sordos a la crítica para que sólo impere un proceso legislativo y para que no se le corrija ni una coma a la Presidenta.

Y todo eso puede suceder en 24 o 36 horas, porque si los legisladores hoy trabajan a destajo, está fuera de duda cuando el poder presidencial ha marcado la ruta.