La fuerza de una sociedad se mide por su capacidad para organizarse. Cuando esto no ocurre, pueden suceder fenómenos negativos que pueden afectar la convivencia civilizada.

En Bowling Alone, libro fundamental sobre el tema, el politólogo, Robert D. Putnam, explica cómo la erosión de instituciones que promovían la participación cívica de los ciudadanos contribuyó a minar la cohesión social en Estados Unidos. Visto a la distancia esto puede ser la explicación más profunda del arribo del populismo trumpista en ese país.

En México, por el contrario, en los últimos lustros habíamos sido testigos del fortalecimiento de instituciones y organización cívicas que han ayudado a robustecer nuestro tejido social. Esto ha sido fundamental en el desarrollo político y económico de México que ha permitido a nuestro país convertirse en una de las quince potencias económicas a nivel global.

Desgraciadamente el arribo al poder del actual grupo gobernante en 2018 conllevó un modelo de sociedad que busca minar al llamado tercer sector, privilegiando más bien relaciones directas entre el "pueblo" y el Estado. No otra cosa es el populismo.

Un nuevo intento de debilitar a la sociedad civil fue claro cuando hace pocos días el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil.

No es sorprendente que entre las instituciones que perdieron esta capacidad se encuentren algunas de las voces más críticas hacia la administración federal actual y la anterior como lo son el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, Mexicanos Primero o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cuyo registro ya había sido revocado previamente en 2025.

La autoridad fiscal argumenta que estas cancelaciones se deben al incumplimiento de requisitos legales y de transparencia, tales como el no haber presentado la declaración informativa de transparencia sobre el uso y destino de los donativos recibidos, incumplir con la obligación de informar sobre actividades destinadas a influir en la legislación, así como una supuesta falta de pago de multas impuestas anteriormente. Cuando se piensa bien, todo esto parece un pretexto para acallar críticos.

La verdad es que esta medida impacta directamente la capacidad de financiamiento de estas organizaciones, ya que los donantes suelen retirar su apoyo si no pueden deducir sus aportaciones de impuestos. La verdad sea dicha: esto representa un cierre de espacios democráticos, a pesar de que el SAT sostenga que se trata de una aplicación estricta de la Resolución Miscelánea Fiscal para garantizar la transparencia del patrimonio de las asociaciones.

El oficialismo tiene que entender que sin la sociedad civil verdadera México no avanzará como se debe. Ya es hora de que así sea.