El libro La justicia como experimento: análisis de las elecciones judiciales en México (2026), editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es una de las obras académicas más críticas sobre la Reforma Judicial de 2024. Sus autores, coordinados por Guadalupe Salmorán, Javier Martín Reyes y María Marván, califican el proceso como un experimento debido a su carácter inédito y temerario. Sostienen que México se convirtió en el único país en implementar una elección masiva por voto popular para todos los niveles del Poder Judicial Federal y local, sin un modelo previo exitoso que garantice la eficiencia.

La obra argumenta que el nuevo sistema compromete la imparcialidad por varias razones: en primer lugar, las candidaturas ganadoras dependen a menudo de la movilización partidista y el respaldo de élites políticas, lo que genera lealtades externas a la aplicación del derecho. Los autores también advierten acerca del peligro de reabrir sentencias o iniciar procesos basados en agendas políticas bajo la nueva estructura del Tribunal de Disciplina Judicial.

Un problema grave señalado por los autores es que las elecciones judiciales también significaron la pérdida de la carrera judicial: al sustituir concursos de oposición por urnas, se debilitó la profesionalización técnica necesaria para juzgar casos complejos.

En cuanto a las deficiencias en la implementación de los comicios del 2025, los autores se refieren a la cuestión de la reducción de casillas: Para el proceso extraordinario se instalaron alrededor de 72,000 casillas, menos de la mitad de las habituales en elecciones federales, lo cual dificultó el acceso al voto.

A esto se debe aunar la falta de control del proceso. En efecto, los órganos como el Tribunal Electoral (TEPJF) limitaron la capacidad ciudadana para vigilar e impugnar este proceso inédito.

Finalmente, estuvo el impacto presupuestal, ya que el proceso contó con recursos significativamente menores a los solicitados originalmente por el organismo electoral en otras elecciones.

Pero un libro como este no sólo es valioso por las inequidades que denuncia, sino también por las propuestas que hace para mejorar. Por ejemplo, se sugiere establecer exámenes técnicos ciegos y obligatorios. La idea es que sólo quienes demuestren conocimientos profundos en derecho constitucional y procesal puedan llegar a la tómbola o a la boleta.

Se propone igualmente blindar la elección contra la captura partidista al desincentivar el uso de los llamados acordeones que en la pasada elección vició la voluntad del ciudadano.

De igual manera se sugiere prohibir explícitamente que funcionarios públicos o figuras partidistas emitan recomendaciones de voto. Esto es claramente razonable. En el mismo sentido, se propone cambiar el diseño de la boleta para que sea por fotografía y nombre, eliminando el sistema de "escribir números" que facilitó el control externo.

No habría cambio para bien si no se fortalece el Tribunal de Disciplina Judicial con el fin de evitar que se convierta en una especie de inquisición para jueces incómodos. Así se sugiere acotar sus facultades para que no pueda revisar el fondo de las sentencias. Su función deberá limitarse a faltas administrativas o éticas, evitando que un juez sea sancionado simplemente por fallar en contra del gobierno.

Una formulación original es que exista un servicio civil de carrera híbrido que mantenga su estabilidad basada en méritos, y que la elección popular solo aplique a los titulares, pero con la condición de que estos provengan obligatoriamente de la base trabajadora del juzgado.

Para evitar la improvisación de 2025, se busca garantizar por ley un presupuesto base irreductible para las elecciones judiciales, evitando que el Ejecutivo asfixie financieramente al INE para forzar recortes en casillas o capacitación de funcionarios.

Finalmente, se propone implementar una unidad de monitoreo digital en tiempo real que pueda descalificar candidatos si se detecta pauta pagada por terceros o grupos de interés.

Todas estas sugerencias están bien pensadas y sin duda deben discutirse con seriedad para que no vuelva a ocurrir el desastre de la elección judicial del año pasado.