El racismo de Donald Trump contra los migrantes, especialmente contra los latinoamericanos y del Caribe, en muy poco tiempo se ha recaracterizado: se pasó del mero control poblacional a una persecución en la que los conceptos de “terrorismo”, “comunismo”, “opositor político” son los distintivos para la represión y la discriminación sistemática. Ahora se les trata como delincuentes y enemigos de Norteamérica, en un discurso que se ha divorciado totalmente de los derechos humanos y empieza a aparecer una especie de barbarie que nos recuerda el supremacismo del nazi-fascismo.

El ICE se ha convertido en el aparato opresivo esencial del trumpismo y la persecución contra los mexicanos se ha transformado en un objetivo central de la política que raya en la pretensión de ejecutar una limpieza racial. Sonará exagerado esto, pero el problema marca una tendencia.

El delicado tema se ha recrudecido en simultaneidad con el crecimiento anti Trump que se ha manifestado en las calles de manera tumultuaria en manifestaciones que se han contabilizado en millones de ciudadanos inconformes y que cruzan transversalmente todas las circunstancias étnicas.

Estamos ante una emergencia que atañe al Estado mexicano porque nuestra nación está presente en la vida norteamericana, y además, con el tiempo, se convertirá en un gran factor interno en el poderoso país, fundamental para las relaciones bilaterales, más de lo que nos imaginamos.

Más allá del carácter polémico que tengan estas aseveraciones, lo que está en presencia es un problema humanitario en torno al cual hay que exigir que se respete la dignidad de las personas, su derecho de pertenencia y el reconocimiento de todos los derechos que se le reconocen a la persona como tal, a su origen, lengua y cultura.

Desde esta óptica es plausible que la Presidencia de la República haya dado a conocer que participará como amicus curiae (judicialmente una coadyuvancia empática, solidaria y técnica) en la demanda L.T. Mesrobian, interpuesta desde el pasado 26 de enero por la organización Public Counsel contra el gobierno estadounidense y sus aparatos represivos, centralmente el ICE.

Es extender desde las instituciones de nuestra República la acción y protección en favor de nuestros connacionales y, sin duda, contra todos los que se ven hoy involucrados en actos violentamente represivos y racistas.

Pero todavía mejor se observa el anuncio de que el Estado mexicano presentará una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes bajo custodia de agentes del ICE, suscitadas recurrentemente en el centro de detención de Adelanto, California. Podría ser el inicio de un litigio o controversia que, llevado a sus últimas consecuencias, marcaría un hito por el diferendo que obliga a México a la defensa de los mexicanos en el extranjero.

Una arista a tener en cuenta es que nuestro país estaría recurriendo a un organismo internacional con facultades esenciales que eventualmente podrían elevar la apuesta para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agencias internacionales hoy despreciadas y cuestionadas severamente por el trumpismo, pero no por ello inexistentes.

Hay dos observaciones que no podemos perder de vista y sobre las que hay que hablar claro. No se puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Y si por una parte se aspira a ser amicus curiae de una organización civil norteamericana como Public Counsel, no se debe tratar a la sociedad civil organizada acá en México con el desprecio que hoy se hace desde la Presidencia de la República. Ejemplos en la coyuntura hay muchos.

La otra, que es muy alentadora, es que en Estados Unidos algo se empieza a mover en repudio generalizado a Trump, y los que parecen ya sus contratiempos bélicos. Es una esperanza. Y qué bueno que desde México se haga algo tangible al respecto.