Vivimos en una era que se puede describir como de fragmentación mundial dentro de un contexto de globalización continua. Estos dos fenómenos simultáneos están determinando el comportamiento de gobiernos y empresas en todo el planeta. Esto aplica también a cómo se está negociando el T-MEC.

Recientemente el Departamento de Comercio de Estados Unidos oficializó las reglas para reducir los aranceles al acero y aluminio provenientes de México y Canadá del 50 por ciento al 25 por ciento, condicionando este beneficio a compromisos de inversión y expansión productiva en suelo estadounidense.

Esta medida, que surge de una proclamación presidencial de octubre de 2025 bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, tiene como objetivo fortalecer la base industrial de Estados Unidos y asegurar su cadena de suministro.

El beneficio aplica exclusivamente a insumos destinados a la industria de vehículos medianos y pesados, autobuses y autopartes. Queda excluida, por el momento, la industria de autos ligeros. Para acceder a la tasa del 25 por ciento, las empresas deben cumplir con el requisito de presentar planes formales para expandir la capacidad de producción de acero o aluminio primario dentro de Estados Unidos.

Se espera que el material sea procesado dentro de la región de América del Norte. Los productores en México y Canadá deben enviar su documentación al Departamento de Comercio para demostrar que son proveedores directos o indirectos de la industria automotriz pesada estadounidense y detallar sus compromisos de producción.

La medida ha sido recibida con críticas por sectores laborales en Canadá, como el sindicato United Steelworkers, que califica la política como una forma de coerción económica al presionar a las empresas para que trasladen empleos fuera de sus comunidades hacia Estados Unidos. En México, por su parte, la industria de metales ha enfrentado dificultades significativas desde que los aranceles se elevaron al 50 por ciento en junio de 2025, por lo que se han registrado caídas en la producción nacional y en las exportaciones.

A pesar de esto, el Gobierno de México ha mantenido una postura de negociación pragmática frente a las medidas de Estados Unidos, reconociendo que los aranceles impuestos bajo la Sección 232 se han convertido en una herramienta estructural de la política comercial estadounidense.

Es claro, entonces, que ha habido un cambio de estrategia de negociación por parte del equipo mexicano. La Secretaría de Economía ha modificado su enfoque: en lugar de intentar eliminar por completo los gravámenes, su objetivo actual es reducirlos gradualmente mediante el cumplimiento de requisitos específicos. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, admitió públicamente que estos aranceles llegaron para quedarse y que México debe adaptarse a esta nueva realidad comercial.

México ha llevado el tema de los aranceles al acero y aluminio a la segunda ronda de negociaciones para la revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La intención es asegurar que el tratado funcione como una plataforma para la relocalización industrial que beneficie a la región, intentando que las exigencias de inversión de Washington no desincentiven la producción en territorio mexicano.

Hay que decir que el gobierno mexicano ha facilitado el diálogo con organismos como la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) para que los productores mexicanos puedan cumplir con las nuevas reglas regionales y así acceder a la reducción del arancel al 25 por ciento en el sector de vehículos pesados.

En conclusión, es claro que el gobierno y la industria mexicana se están ajustando a la realidad sobre el terreno. Esperemos que, de todo esto, salga algo positivo para el país.