Y la amenaza se cumplió. Los llamados del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el Gobierno mexicano permitiera operativos en territorio nacional para combatir a las organizaciones del crimen organizado finalmente se hicieron presentes por dos vías: la presencia de agentes de la CIA en el estado de Chihuahua sin conocimiento del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y a través de una acusación criminal y solicitud de extradición contra el Gobernador de Sinaloa y otros nueve servidores públicos de ese estado. La pregunta no es cuándo Estados Unidos intervendrá en México sino desde cuándo y cómo lo está haciendo.

El anuncio del miércoles pasado del Departamento de Justicia mediante el cual presentó una acusación por narcotráfico en contra del actual Gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios estatales, significan un punto y aparte en la de por sí turbulenta y compleja relación de México con Estados Unidos. Si bien esta noticia generó un alto impacto, a nadie sorprendió porque los rumores sobre el vínculo entre los altos mandos políticos de Sinaloa con el cártel de ese estado son añejos. En particular desde que ganó la elección en junio de 2021, hubo acusaciones de colaboración de la facción de Los Chapitos (hijos de Joaquín Guzmán Loera) a favor del candidato de Morena, Rubén Rocha Moya.

Para nadie en México es un secreto que los inmensos negocios del narcotráfico funcionan con la negligencia o complicidad del poder político. Es así en Sinaloa y en otros muchos estados del país, con independencia del partido que gobierne. La presencia de los grandes y lucrativos negocios del narcotráfico son una realidad que penetra a todos los partidos políticos del país.

Y en Sinaloa esto ha ocurrido desde hace muchas décadas. La diferencia es que ahora gobierna en el país y en Sinaloa un partido que se dice distinto a los demás, de izquierda, defensor de la soberanía nacional y que postula como una de sus principales banderas, el combate a la corrupción. Nada de esto representa Rocha Moya.

El anuncio del Departamento de Justicia creó uno de los problemas políticos más grandes que ha enfrentado la Presidenta Claudia Sheinbaum. Por un lado, se ve obligada ante sus bases y ante muchos mexicanos a no actuar de manera subordinada a Estados Unidos deteniendo y extraditando sin más al Gobernador de Sinaloa y a los otros nueve implicados. La Presidenta Claudia Sheinbaum fijó su postura el jueves definiendo que afrontaría este problema bajo los principios de “verdad, justicia y soberanía”. A muchos les parecía que eso significaba una protección de Rocha Moya y el resto de los imputados por Estados Unidos.

Por fortuna imperó el sentido común y la real polítik y desde el Gobierno se operó para que el Gobernador de Sinaloa y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaran licencia a sus cargos en tanto la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo una investigación sobre las acusaciones en su contra. Pero ahora no debe repetirse el penoso teatro que ocurrió cuando Estados Unidos detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y que luego fue liberado a petición del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que finalmente fue exonerado tras una rápida “investigación” de la FGR.

Si no se investiga a fondo a Rocha Moya, se darán argumentos a la oposición para señalar al actual partido gobernante de vínculos con el crimen organizado y, más preocupante, dará argumentos al gobierno del Presidente Trump que varias veces ha sostenido que en México gobiernan los cárteles de la droga. Si Morena pretende presentarse como un partido distinto, es momento de deshacerse de sus personajes más indeseables (aunque la membresía decrezca), y debe empezar desde ahora por Rubén Rocha. De no hacerlo, está de más que insistan en que “no somos iguales”, como les gusta proclamarse.

Pero ya no se trata sólo del prestigio y de la rentabilidad electoral de Morena. De no hacerlo creará el pretexto perfecto para que el gobierno de Estados Unidos intervenga directamente en México. Claro, Estados Unidos mantiene una postura intervencionista, es su naturaleza. Por lo mismo, el Gobierno mexicano no debe darle más elementos para una intervención a otra escala, por eso debe investigar al Gobernador de Sinaloa con licencia y a los otros funcionarios implicados. Y la Presidenta debe utilizar su poder al seno de su partido para presionar a que el Senador Enrique Inzunza Cázarez también presente licencia al cargo para que sea investigado a fondo por la FGR. Hasta ayer se aferraba al cargo.

Lo que ha ocurrido en las últimas semanas en la relación entre México y Estados Unidos debe mirarse, además, en el contexto geopolítico en el que ocurre este episodio de la relación bilateral. El ascenso de China como potencia alternativa, el fracaso de Estados Unidos en su guerra en Irán, y su decisión de replegarse en “su” Hemisferio Occidental. Estados Unidos ya ha advertido que quiere a gobiernos afines a sus políticas en toda América.

Ya lo ha ido consiguiendo con aliados incondicionales como Javier Milei de Argentina o Nayib Bukele de El Salvador a los que se han ido sumando otros mandatarios como los de Ecuador, Honduras y Costa Rica. Claramente Washington ya trabaja para hacer lo posible para que llegue al poder en nuestro país un partido distinto a Morena. Los casos de Chihuahua y de Sinaloa muestran que Estados Unidos ya trabaja hacia un escenario de un gobierno distinto al de Morena. Razón de más que la Presidenta Sheinbaum y su partido se anticipen y se deshagan de todos los personajes indeseables, como Rocha Moya. Washington presiona a México como no lo hacía en muchos años atrás.