El concepto “soberanía”, de tanto circular como las monedas, va perdiendo sus caracteres esenciales. De ser un término clave en la historia jurídica y política desde hace varios siglos, hoy aparece como retórica, si por tal entendemos su empleo multívoco y oportunista. Actualmente en el país, cuando se pronuncia esa palabra con sentido casi sacramental, se dice mucho y nada a la vez.

En nuestra historia es un concepto señero porque está asociado a nuestro origen como nación independiente al separarnos de España, luego de 300 años de dependencia extrema que se agudizó cuando se le convirtió en una colonia, sin más ni más. Es un tema que ha ocupado a nuestros mejores historiadores.

La soberanía también se reivindicó contra las intervenciones, particularmente contra la que intentó Napoleón III y que fue derrotada bajo el liderazgo de los liberales y republicanos que encabezó Benito Juárez.

Abundando en datos históricos, sólo apuntaré que la soberanía fue argumento para llevar a cabo la realización de la Expropiación petrolera durante la presidencia de Lázaro Cárdenas y de un cúmulo de luchas nacionalistas y antiimperialistas que se levantaron contra el saqueo despiadado de los recursos naturales del país. Hablo de una historia por demás conocida.

Pero la soberanía llegó también por otros cauces, reivindicándose la de carácter popular que reconoció, por voz nuevamente de los liberales, que todo poder dimana del pueblo y se instituye en su beneficio. Es otra arista, importante porque nos define, al margen –sólo al margen– de la siempre presente tendencia a la autocracia.

Sin duda, amalgamando todas estas ideas, reconozco que la soberanía es una piedra angular de nuestro derecho público. Nos hace independientes frente a las potencias exteriores, pero también demócratas y republicanos, para decidir quién ha de ejercer el liderazgo público de la nación.

Este, que no es otra cosa que la jefatura del Estado, tiene obligaciones tangibles, como sería el respeto a la división de poderes, al entramado institucional que se rige bajo el principio de que los funcionarios, aparte de rendir cuentas por sus responsabilidades, están obligados a ceñirse a sus facultades expresas y limitadas. También a reconocer que el derecho internacional y los derechos humanos están en la cima de la pirámide.

La tendencia a la autocracia es lo que ha sido frecuente entre nosotros, como lo podemos ver a lo largo de los últimos ocho años en que Morena ha ocupado el poder, distorsionando una historia que discrepa con lo esencial del sentido de la soberanía que nos llegó fuertemente, sobre todo a partir de la Independencia y la construcción del Estado moderno mexicano.

En un mundo como el actual, del que México forma parte y frente al cual debe estar absolutamente abierto en el ámbito cultural y económico, conviene la construcción de un consenso para definir lo que se entiende por soberanía, más frente a la agresión desmedida del imperio expansivo de los Estados Unidos.

En tiempos en que las potencias privilegian el intervencionismo, los juristas y políticos de renombre tienden a caracterizar a la soberanía nacional en sus múltiples aristas, reconociendo su relativismo, que se pretende debilitar por otras potencias. México es soberano, sí, sin duda. Pero los problemas internacionales y bilaterales obligan a convenios en áreas como economía, comercio, seguridad, narcotráfico, tráfico de armas y definiciones en relación a otros países que no profesan nuestro ideal constitucional. No somos una isla, pero tampoco un protectorado.

El hecho de que seamos soberanos no justifica que se apoyen dictaduras, como ha sucedido con nosotros durante los últimos años; y no se está hablando de un injerencismo, porque en tiempos en los que el imperio trata de imponer un tutelaje hegemónico, hay que hablar claro en favor del sistema democrático sin que esto signifique agresión o ruptura, salvo en casos extremos.

La política exterior mexicana ha tenido estas notas. Baste recordar que se incorporó a la alianza para abatir el nazi-fascismo en Europa y la expansión japonesa en el Pacífico. Para qué hablar del papel de México con relación a la República española, que nos llevó a un largo divorcio con el país ibérico mientras estuvo instalada la dictadura de Francisco Franco.

Sin desconocer las dificultades actuales con los Estados Unidos, la soberanía de México debe ser colaborativa, y de hecho lo es, pero muchas veces al margen de la legalidad y de lo convenido. El caso de la CIA en Chihuahua es aleccionador, pues de él sólo nos enteramos por la muerte, supuestamente accidental, de dos agentes de la intervencionista agencia, agresiva en el mundo entero, como se reconoce en su historia.

No se puede defender el discurso de la soberanía como lo ha hecho la Presidenta Sheinbaum si no hay un estricto apego, en primer lugar, a la Constitución y luego a los convenios que establecen compromisos, en este caso con los Estados Unidos. En la informalidad se ha entregado un grueso ramillete de narcotraficantes a ese país, y eso no es correcto ni muestra pericia para encarar el problema. ¿Dónde quedó la soberanía que se proclama?

Que políticos con poder, de los más diversos signos partidarios, están coludidos con el narcotráfico, que han sido refaccionados para alcanzar sus cargos, que han comprometido sus atribuciones para favorecer la delincuencia, es más que sabido.

Que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su equipo cercano, apalancado desde Morena, ha estado señalado por esa siniestra dualidad de gobernante-delincuente, se ha anunciado demasiado, si vemos las declaraciones por boca de los representantes del imperio. Todos sabíamos que de lo que hoy estamos viendo en escena, únicamente lo que ignorábamos era la hora y la fecha del “reclamo” que indefectiblemente iba a llegar, como igualmente sabemos que llegarán nuevos casos que pondrán a temblar a la clase política mexicana en el poder. Rocha es hoy insostenible.

Frente a eso suenan huecas las palabras presidenciales de defensa de la soberanía, injerencismo, reclamo de verdad, escrupulosidad en los procedimientos penales binacionales, por una sola razón: un país soberano que sabe que va a encarar un problema de la magnitud que hoy está en escena, debió haberse adelantado, sin facciosidad, sin defensa del propio partido, a hacer lo que le obliga la ley, y no poner en riesgo al país. Soberanía que se instituye en beneficio del pueblo y que desde hace mucho tiempo debió haber actuado contra el crimen, aquí y ahora.

O sea, un país que se reclama soberano a plenitud, empieza por cumplir con su deber, desterrar el deterioro institucional, adelantarse al reclamo internacional, demostrar que esa soberanía al interior significa que nadie es impune, para que cuando las manos de fuera lleguen, aquí ya se haya cumplido.