De acuerdo con la interpretación liberal de la condición humana, cada uno de nosotros es falible en nuestra percepción de la realidad, pero lo importante -lo que distingue a la persona virtuosa de quien no lo es- es ejercer la humildad de reconocer cuando nos equivocamos.

En un sentido muy parcial habrá que reconocer que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho bien en dar marcha atrás a una parte de su Reforma Judicial. En efecto, la última propuesta de la Presidenta es una iniciativa de reforma constitucional que implica algunos cambios importantes.

Por un lado, se propone aplazar la elección del Poder Judicial del año 2027 al domingo 4 de junio de 2028. La medida, diseñada en conjunto con la Consejería Jurídica a cargo de Luisa María Alcalde y el Ministro en retiro Arturo Zaldívar, busca simplificar el proceso electoral, reducir costos logísticos y evitar la saturación de las casillas.

De ser solicitada legalmente, la jornada judicial se realizará de manera simultánea con la consulta de revocación de mandato en las mismas ubicaciones y casillas. Esta salvedad parece ser una decisión para elevar el número de personas que acudan a la casilla para elegir al Poder Judicial.

Asimismo, se adelanta tres meses el plazo legal para que el Senado emita la convocatoria general (cambiando de septiembre a abril del año anterior), otorgando mayor tiempo de evaluación a los comités.

Otro cambio positivo es la creación de un órgano con tres integrantes (uno por cada Poder de la Unión) encargado de homologar criterios, verificar los requisitos formales y aplicar exámenes de conocimientos obligatorios a los aspirantes. Paralelamente se busca que cada ciudadano vote únicamente por un Juez y un Magistrado por cada especialidad técnica. Asimismo, las boletas tendrán un diseño simplificado para identificar claramente qué poder postula al candidato.

De acuerdo con el plan, se reducirá el número total de aspirantes que aparecerán impresos para evitar confusión en el electorado. Este es un punto controversial, pues el número de aspirantes debería estar determinado por las necesidades reales y no principalmente por la facilidad de acceso al voto.

De igual manera, se propone que el escrutinio y cómputo de votos judiciales se realice en las mismas casillas ordinarias garantizando que los partidos políticos no intervengan directamente en el conteo. Habrá que ver si la ciudadanía sale a votar en masa cuando en los hechos no habrán campañas políticas.

Otro punto a considerar es el de las nuevas secciones en la SCJN: se plantean dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desahogar asuntos menores y agilizar el pleno. En este sentido se específica que, en caso de fallecimiento, renuncia o destitución de un juzgador, el puesto no se asignará automáticamente al segundo lugar de la votación anterior, sino que quedará vacante hasta renovarse en la siguiente elección formal.

Finalmente, se espera que el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial coordinarán programas obligatorios de actualización y evaluación de desempeño desde el primer año de funciones.

Esta propuesta ya ha sido formalizada por el Gobierno de México para ser enviada al Congreso de la Unión, requiriendo modificaciones a diversos artículos constitucionales.

En conjunto, esta serie de reformas mejoran lo que existía antes. No obstante, habría que decir que no resuelven el verdadero problema: pretender que los jueces, ministros o magistrados deban elegirse por voto popular.