Hoy en Chihuahua y en el país se requiere realizar una reflexión, lo más profunda que se pueda, sobre lo que es el Estado de derecho, contenido en diversas formulaciones en la Constitución general de la república.

Hemos vivido tiempos de profundo desprecio por el Estado de derecho, lo mismo bajo los gobiernos del PRI que del PAN y de MORENA, de menor o mayor gravedad.

Pero nunca se había elevado ese desprecio a los niveles –en hechos y pronunciamientos– como en los tiempos presidenciales del partido gobernante actual, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum.

El primero lo dijo explícitamente en algún momento: “No me vengan con que la ley es la ley”. De antaño, cuando el que esto escribe y López Obrador trabajábamos en la dirigencia del PRD, me percaté de su profundo desdén por un Estado en el que el derecho juegue un papel central y elevado. Eso para él era objeto de burla.

Al alimón que se declaraba juarista, decía que luchaba por un Poder Judicial de la Federación independiente, autónomo y respetado por la Presidencia de la República, haciendo una especie de revoltura de conceptos, como si asumirlos no tuviera consecuencias, lo que es propio de las personalidades proclives a la autocracia, tal y como ya se lo demostró al país entero.

Lo mejor de la ciencia jurídica en la escena internacional (hablo de juristas que generan reflexiones fundamentales para nuestro tiempo) postula e insiste en el papel primordial del derecho con relación a las formas y estilos de ejercicio del poder, como el que tenemos actualmente en México.

Es el viejo ideal de que el poder esté bajo control, empezando por el respeto a las facultades expresas y limitadas de que gozan al ser electos para cargos públicos por los que han de responder frente a un eventual fincamiento de responsabilidades.

Se trata de un debate central en el que los argumentos que subestiman al derecho son menos –mucho menos– sólidos que aquellos que se centran en el uso y abuso del poder, al que convierten en algo siempre legítimo por el sólo hecho de tener temporalmente la fuerza.

Cuando esto sucede, en la escena internacional y en la vida interna del país, se crea un campo de incertidumbre que todo lo entorpece, porque no hay reglas claras, porque todos están amenazados de un eventual sismo provocado desde el poder mismo para arrasar voluntades.

No se trata de teoría pura, detrás están los reclamos de una compleja sociedad que exige, para sus propios fines, que las reglas establecidas se acaten y se ocupen.

Sirvan estas líneas como una premisa mayor para examinar lo que pasa en dos escándalos internos que han escalado a la escena internacional en un diferendo de nuestro país con los Estados Unidos, y en un tema que la Constitución, las leyes reglamentarias y los convenios internacionales tienen previsto y con un entramado institucional inexcusable formalmente.

Se trata del caso del Gobernador, hoy con licencia, Rubén Rocha Moya y sus compinches; y el de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

No se necesita ser ni experto en derecho ni muy ducho en esta materia para arribar a la conclusión de que ambas partes están en falta y tratan de evadir el ajustarse a la ley y cumplir las responsabilidades que la misma previene.

Es inadmisible, constitucional y políticamente, que la Gobernadora de Chihuahua haya establecido convenios bilaterales con agencias norteamericanas para combatir al crimen organizado, como se quiere justificar exponencialmente con el desmantelamiento de un narcolaboratorio instalado en la sierra del estado, prácticamente en la vecindad con Sinaloa.

Aparte de la responsabilidad que le atañe, su actuación nos habla de un deterioro institucional que puede resultar altamente lesivo para mantener la integridad del país. Cuando los gobernadores empiecen a pactar bilateralmente con los Estados Unidos decisiones como las que vimos en Chihuahua, será el principio del fin de un país integrado, dando paso, al final, a una balcanización sólo conveniente a la voraz visión norteamericana, hoy exacerbada por el trumpismo.

De que la Gobernadora está en falta, que se le debe investigar y eventualmente sancionar, no me queda duda. De algún modo ella está tratando de legitimar la vieja idea que, por ejemplo, se contiene en memorable frase que nos viene de la sabiduría oriental: “Gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones”.

Tratar de argumentar que se fue eficaz en una acción contra el narco, de la que en realidad a estas alturas poco sabemos, y lo que sabemos es a consecuencia de los agentes de la CIA muertos en territorio chihuahuense, denota que se está a espaldas de una institucionalidad que se erosiona todos los días.

La Gobernadora debió compartir toda la información y las decisiones con el gobierno central. Pero en el campo pantanoso de esa erosión, quiso arrogarse todo el mérito, subrayar eficacia; pero es obvia la deficiencia y dudosa la legalidad de su empresa, trastocada por un trágico “accidente” que tuvo consecuencias binacionales.

Aparte del debate que hay en esto, entre los medios y los fines, lo que se alcanza a ver desde afuera y en lejanía, son los viejos trucos y las mañas con que se conducen los gobernantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, repite como Don Roque (el monigote del ventrílocuo Paco Miller) en el caso Rocha Moya: “Queremos pruebas, pruebas, pruebas…”. Lo hace con una falacia que afecta al Estado de derecho del que he venido hablando, desentendiéndose de las evidencias de una guerra que le ha costado a los sinaloenses muchas vidas, ausencia de justicia y connivencia.

El discurso presidencial, dígase lo que se diga, parece en apoyo del Gobernador con licencia y su séquito. Complicidad partidaria por encima de sus obligaciones como Jefa de Estado, que trascienden a los Estados Unidos.

Comparando ambos casos, se observa discriminación, ventaja para el amigo y rigor para el adversario; y eso es contrario, precisamente, al Estado de derecho. De esta manera se contribuye también al deterioro institucional que se observa tanto en las improvisadas mañaneras de Sheinbaum como en las declaraciones escurridizas de la Gobernadora Campos Galván.

El deterioro institucional que atañe a la Presidencia de la república se ve que es grave. A más de un año de instalado el gobierno federal, ya tuvimos la caída de un canciller, el relevo –malprocesado– del Embajador Esteban Moctezuma en Washington, donde no pudo tener un buen desempeño por su inexperiencia, y además por las dudas que la política interna de México procrearon.

Hay lentitud, no hay un viraje de política internacional que racionalmente despierte simpatías con el discurso presidencial. Repetir, también como Don Roque, “soberanía, soberanía, soberanía…” se constituye en un discurso chato para esta circunstancia tan delicada para el país.

Aquí la principal falta, que daña estructuralmente la idea de Estado de derecho, es que desde el interior mismo del Estado mexicano no se realiza la tarea para abatir al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de dinero que le es consustancial, y al dañino tráfico de armas. Hacer esto sería una marca de real soberanía, de acuerdo a viejo lenguaje jurídico.

Nunca será admisible que los Estados Unidos quieran extender una hegemonía tutorial a México. Sin embargo, para eso nuestro país debe demostrar que está haciendo la tarea, y eso no se ve.

Adentro de MORENA y del Gobierno federal hay delincuentes, pero hay temor de romper con ellos porque desarticularía al movimiento creado por López Obrador, quien, dicho sea de paso, hay que poner en su lugar y al margen de la desbordada influencia y tutelaje que ejerce.

Este país necesita ingresar en la ruta del Estado de derecho y dejar atrás la solución de problemas en agencias informales, a las que luego se les quiere barnizar con una capa jurídica.