Leopoldo Maldonado
Las autoridades decidieron ponerse en el ojo público y deben entender que esa labor de interés público les somete a un intenso escrutinio.
El interés del Presidente en conocer los ingresos de periodistas con nombre y apellido es para atacarlos, no para plantear acciones que dignifiquen la labor de miles de colegas precarizados.
El Presidente se asume como una víctima de los poderes fáctico-mediáticos. Despojándose de su investidura de Jefe de Estado, AMLO articula su discurso contra los medios de comunicación y periodistas desde una pretendida posición de ciudadano común, o en su caso, líder opositor.
Los estándares internacionales señalan que la consideración de la actividad periodística no está supeditada a certificación oficial
ARTICLE 19 ha documentado que los periodistas son atacados principalmente por autoridades públicas.
En Cuba existe un sistema totalitario —aunque se dice democrático—, en que el partido único absorbe y decide todo sobre la vida de las personas.
La publicidad oficial usada como mecanismo de “premio y castigo” a las líneas editoriales de los medios de comunicación es un obstáculo para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la construcción misma de una democracia constitucional.
Quizás la combinación de periodismo y activismo en favor de la comunidad lo volvió más peligroso a ojos de la autoridad.
“Jalisco está en el ojo del huracán por muchas razones. Las principales no está de más recordarlas. Desapariciones, asesinatos, represión policial, violencia desmedida. Actos atroces protagonizados por fuerzas estatales y grupos criminales en un estado donde se difuminan las fronteras entre Estado y crimen organizado”.
En México, la crisis en materia de derechos humanos lleva 16 años y contando.
La Ley Chayote incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, pues considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de “logros de los gobiernos y sujetos obligados” abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos generando una sobre-exposición de los mismos a la sociedad mexicana.
“Con esta determinación el Presidente habilita a las dependencias federales brincarse procedimientos y autorizaciones vitales”.
Las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han generado una distancia social que separa -en términos de privilegios, oportunidades, derechos y libertades- a aquellas personas que tienen acceso a las TIC de quienes no.
En México se expuso a través de Aristegui Noticias y Proceso sobre la red de empresas comercializadoras del software espía, conocidas como KBH y filiales.
Para quienes gustan de narrativas simplonas que vinculan la violencia letal únicamente a la acción del crimen organizado, no hay mejor prueba que estos grupos actúan bajo una lógica política y con los políticos.
Algo queda claro para las relatorías, hay que hacer frente a la “pandemia” de expresiones estigmatizantes que se registran a lo largo del planeta, alegando un malentendido derecho a la libertad de expresión (o incluso derecho de réplica) por parte de Jefes de Estado y otras personas del servicio público.