Melissa Galván
El pasado 1 de diciembre, Miguel Ángel Yunes Linares asumió la gubernatura de un Veracruz en crisis financiera, política y social con la promesa de capturar a su antecesor, hacer revelaciones que “cimbrarían” al país y solucionar la situación del estado en dos años. Sin embargo, los primeros días de su administración se han visto opacados por una ola de violencia que ni la nueva estrategia de seguridad logra contener.
El apellido Moreira ha marcado la vida política y social de Coahuila desde hace 11 años, cuando Humberto asumió la gubernatura en 2005 y cuya administración estaría marcada por la violencia derivada de las disputas entre los grupos delincuenciales, así como por la corrupción. Esa fue la entidad que heredó Rubén con la promesa, sin culpar a nadie, de que las condiciones (de inseguridad y endeudamiento) mejorarían.
El 27 de octubre de 2015, cuando Héctor Astudillo Flores asumía la gubernatura de Guerrero, el Gobierno federal implementó un nuevo Plan de Seguridad– el cuarto en nueve años– para fortalecer la presencia de fuerzas federales en las regiones más críticas del estado y reducir sus índices de inseguridad. A más de un año de iniciada esa estrategia, Guerrero es hoy la entidad más violenta del país.
Francisco Arturo Vega de Lamadrid recién cumplió tres años al frente del Gobierno de Baja California y la deuda de la entidad ya supera los 18 mil millones de pesos. “Kiko” Vega se ha sumado, además, a la lista de mandatarios señalados por enriquecimiento ilícito. El panista también enfrenta el reclamo de la sociedad por el repunte de las ejecuciones y la violencia en BC, y al de los periodistas, que le reclaman por emprender una campaña de desprestigio en contra de los medios de comunicación que atenten contra su imagen.
Francisco Vega de la Madrid apenas cumplirá tres años al frente del Gobierno de Baja California y ya huele a Gobernador prófugo, afirman sus críticos. El mandatario panista es señalado por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, por darse una vida ostentosa y, entre otras cosas, por aumentar la deuda de la entidad a niveles históricos. Por si esto fuera poco, la violencia en la entidad ha repuntado y Tijuana se ha vuelto de nuevo en el centro de disputa de cárteles del crimen organizado.
Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador de Puebla, está a unos meses de dejar su cargo y, desde hace meses, hace campaña en busca de la candidatura del PAN a la Presidencia de la República en 2018. Sin embargo, entre los saldos negativos que dejará su administración está la violación de los derechos humanos y el fracaso en el sistema judicial. Este años, sin más, Puebla ha tenido una crisis de feminicidios, con 68 asesinatos de mujeres, y el mandatario y su Fiscal han sido incapaces de impartir justicia y frenar los crímenes de odio en la entidad.
“Vamos a proceder con todo el peso de la Ley. No vamos a permitir que este tipo de casos se sigan dando en el Estado de México. Y que se sepa que quien toque a una mujer va a ser sancionado severamente”, dijo Eruviel Ávila Villegas en su pasado Quinto Informe de Gobierno. Pero organizaciones civiles acusan al mandatario mexiquense de responder de dientes para afuera y bajo la luz de los reflectores mediáticos, pues en lo que va de su sexenio la entidad se ha consolidado como la líder a nivel nacional en casos de feminicidios.
El próximo 30 de noviembre, Javier Duarte de Ochoa dejará de ser Gobernador de Veracruz. Desde los primeros meses, su administración fue un caos. Señalado por ciudadanos, ONGs nacionales y extranjeras, y un puñado de medios de comunicación que se atrevieron a denunciar sus acciones y omisiones, el Gobierno federal dejó al priista “trabajar” en la descomposición social y económica en el que dejará ese estado. El Presidente Enrique Peña Nieto hasta lo puso de ejemplo como parte de la nueva forma de gobernar del PRI. Hoy el tricolor le ha dado la espalda y la PGR lo investiga, lo mismo que a sus cercanos. Por si fuera poco fue la causa de que el Revolucionario Institucional sufriera una dolorosa derrota en un estado que aporta millones de votos, por primera vez en 80 años.
La gente merece honestidad y resultados, y Eruviel Ávila Villegas lo sabe, o al menos así lo menciona en los spots de cara a su Quinto Informe de Gobierno. Sin embargo, en los cinco años que lleva a cargo del Estado de México no ha emprendido las medidas necesarias para garantizar a los mexiquenses seguridad, derecho a la salud, una economía estable, calidad educativa y respeto a los derechos humanos, por mencionar algunos compromisos incumplidos de ese gobierno que “logra y trabaja en grande”.
Miguel Ángel Mancera Espinosa llegó a su Cuarto Informe de Gobierno con diferencias serias con el Presidente Enrique Peña Nieto y presionado por su vecino, el también priista Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México. El Ejecutivo federal propuso un recorte de 95.25 por ciento al presupuesto de la capital del país en 2017, respecto a lo asignado en 2016, y el Jefe de Gobierno expresó su malestar por lo que considera “es un ataque” contra los habitantes de la Ciudad de México. Además de este dolor de cabeza, Mancera Espinosa llega a esta instancia con su popularidad abollada: los habitantes de la urbe le reclaman el crecimiento de la inseguridad y también el deterioro en el transporte público, entre otros rubros.
Durante su campaña a la Gubernatura de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo dijo a los cuatro vientos que frenar la inseguridad y la violencia que padece el estado sería prioridad en su administración. Pero desde que llegó a ese puesto, hace 10 meses, se ha dedicado a minimizar la situación e incluso afirmó que no era “nada de qué preocuparse”. Pero las cifras desmienten al Gobernador: en lo que va de su sexenio se han registrado 916 homicidios dolosos, 678 cometidos durante el primer semestre de este año. Apenas el martes pasado, criminales lo desafiaron al derribar un helicóptero de la Procuraduría estatal.
A un mes de concluir su sexenio como Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez no sólo enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero, ahora también salieron a la luz las más de mil desapariciones forzadas y los más de 12 mil homicidios cometidos durante su sexenio.
“No solaparé a gobernadores corruptos”, sentenció el Presidente Enrique Peña Nieto sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado que pesan sobre Javier Duarte de Ochoa, mandatario de Veracruz; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, todos priistas, igual que el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien ya compareció por los mismos delitos.
El perredista Graco Ramírez Garrido Abreu pasa por su momento más bajo de cara a la aceptación de los morelenses: miles marcharon esta semana no sólo para pedir su renuncia sino también para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. Ciudadanos de todos los estratos sociales lo acusan de sumir a la entidad en la violencia debido a su inacción para atacar a los criminales: con Graco, dicen los cárteles han hecho de Morelos un paraíso. Además, como consecuencia del crimen y la impunidad, el estado es también un camposanto de fosas clandestinas –algunas incluso hechas y encubiertas por el Gobierno de Graco, como las de Tetelcingo y Jojutla–, mientras cientos de familias que buscan a sus desaparecidos son ignoradas por las autoridades.
Con la promesa de investigar y encarcelar al priista Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ganó las elecciones del 7 de junio de 2015 con el 48.8 por ciento de los votos. Para los neoleoneses, todo lo demás pasó a segundo término. Apenas esta semana, Medina de la Cruz compareció ante la justicia, pero las pruebas presentadas por la Fiscalía no son tan sólidas como el actual Gobernador prometió. Mientras su principal promesa se debilita, en 10 meses la administración de “El Bronco” no ha podido contra la inseguridad, tiene a los maestros inconformes y sigue sumando animadversión por sus declaraciones “chistosas”, pero muy irresponsables.
Hace unos meses, unas mantas colocadas en cuatro ciudades de Michoacán anunciaban el surgimiento de un nuevo grupo delictivo. Al respecto, el perredista Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de la entidad, afirmó que se trataba de “una bromita” y que no había “absolutamente nada” de qué preocuparse. Sin embargo, hoy, ya con nueve meses en el cargo, el perredista comienza a sentir la presión social por sus escasos resultados en seguridad y por un rebrote del crimen que sitúa a Michoacán como el cuarto estado más violento del país.