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Las autoridades habrían considerado que la condición del extitular de la PGR le permitía el traslado para continuar con la medida de prisión preventiva que enfrenta por el caso Ayotzinapa, sin embargo, su abogado, José Javier López García, expresó en un comunicado que dicha acción “pone en riesgo la salud y vida del licenciado Murillo Karam”.
Los abogados del Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel y del General José Rodríguez Pérez pidieron desechar la orden de aprehensión en su contra, así como la entrega de copias certificadas del pliego de consignación y del mandamiento judicial, sin embargo, el magistrado negó la entrega de la documentación bajo el argumento de que es confidencial.
La detención del uruguayo es clave para desentrañar el caso Ayotzinapa, incluso habiendo ocurrido a 200 kilómetros de distancia y dos meses antes del mayor crimen reciente de lesa humanidad del continente americano.
Encinas aseguró que reconoce el legítimo derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso de los militares, “sin embargo, es importante reafirmar que el ejercicio de las funciones de la Comisión de la Verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso”, indicó, para luego agregar que “la Comisión busca y da con la seria información sobre los hechos. No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos”.
Los litigantes acusaron a Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de entorpecer la investigación y fabricar pruebas falsas en contra de sus clientes: el Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el General José Rodríguez Pérez y el Capitán José Martínez Crespo.
Alejandro Encinas defendió las investigaciones por el caso Ayotzinapa y reiteró que se seguirá avanzando en la “búsqueda de la verdad y la justicia”.
De acuerdo con El País, el documento se basa principalmente en las declaraciones de nueve testigos protegidos, entre ellos cuatro antiguos integrantes de Guerreros Unidos, y mensajes de Blackberry intercambiados por miembros del grupo criminal interceptados por la DEA en Estados Unidos en la época del ataque.
El mandatario mexicano aseguró hoy que “se tienen todos los elementos para sostener la investigación” del caso Ayotzinapa, por lo que continuarán todos los procedimientos para irla fortaleciendo. “Se va a hacer justicia”, reiteró justo ahora que una serie de cuestionamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ponen a tambalear las indagatorias.
El Subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez dijo en entrevista con SinEmbargo Al Aire que el objetivo de la CoVAJ, que él encabeza, es saber qué pasó y dónde están los 43 normalistas, ya que la parte de la justicia, aclaró, le corresponde a la Fiscalía General de la República.
Uno de los elementos cruciales de la segunda investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron las 467 capturas de pantalla de 37 conversaciones de actores involucrados en el caso
Tras un peritaje de las 467 capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, que se incluyeron en el informe de la comisión gubernamental, los expertos reconocieron que la prueba presenta “inconsistencia” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron.
El GIEI indicó en conferencia de prensa que las omisiones, filtraciones o intento de cambiar ciertas pruebas sobre el caso Ayotzinapa deben de ser objeto de investigación. “La falta de claridad o consistencia de acciones generan mayor incertidumbre en familiares y en la propia sociedad”, dijo la experta Claudia Paz y Paz.
El exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero se encuentra recluido en el penal “El Rincón”, de Tepic, en espera de su traslado para iniciar el proceso judicial en su contra por presuntos vínculos con el grupo criminal denominado Guerreros Unidos.
Desde Palacio Nacional, el mandatario pidió a sus opositores “que no estén gastando dinero y perdiendo tiempo porque no nos van a descarrilar”. También refrendó su respaldo a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, en la conducción del caso Ayotzinapa.
Desde el 14 de septiembre, José Xavier López García, abogado del exprocurador, compartió que su cliente estaba cansado y en espera de los resultados médicos para conocer su estado de salud.
Documentos obtenidos en el hackeo a la Sedena ponen en evidencia el monitoreo que hacen informantes de esa institución, sin que se aclaren los propósitos. Vidulfo Rosales, abogado de las madres y los padres de los normalistas desaparecidos, se ve vulnerable a una agresión por sus diferencias con el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Ejército.