Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La impunidad y la falta de normatividad en México no sólo afectan a sus ciudadanos, sino también a la naturaleza, que en ocasiones se ve perjudicada por la mano humana sin encontrar, y otras veces sin siquiera buscar, a los culpables. Tan sólo en un mes, se registraron seis tragedias ambientales, todas ellas relacionadas con derrames de gasolina, petróleo o aguas negras, provenientes, la mayoría, de tomas clandestinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) o empresas privadas con ingresos millonarios que a lo mucho recibieron una multa.

En septiembre, la organización pro ambiental Greenpeace denunció que “México es un paraíso para contaminar debido a la normatividad insuficiente para prevenir daños ambientales”, detalló que en los dos primeros años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se han registrado mil 124 casos de daño ambiental.

El grupo ambientalista informó que en el país, la contaminación y el cambio climático han disminuido la disponibilidad del líquido per cápita de 11 mil 500 metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 m3 en 2011. Además, informó que de acuerdo con cifras de 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 70 por ciento de los ríos presentan algún grado de contaminación.

“Por años, Greenpeace ha señalado la mala gestión del agua en México y ha exigido su protección. En vez de eso tenemos más agua tóxica cortesía de la industria y de la laxitud de las leyes […] Lamentablemente no existe normatividad suficiente para prevenir la contaminación de los ríos, la legislación no ha sido actualizada desde 1996, no hay implementación ni supervisión adecuada y se gasta más en reparación de daños ambientales que en prevención, lo que convierte a México en un paraíso para contaminar”, refirió el organismo internacional.

Apenas, el 23 de octubre pasado protestó frente a Palacio Nacional  con la consigna de dejar en claro a Peña Nieto que no están “dispuestos a mantener un ambiente de injusticia y de desastres”.

“El panorama de México en las últimas semanas ha mostrado un estado terrible de indignación ante hechos que siguen siendo todavía increíbles. Cada una de las historias que han sido protagonistas en los días recientes, tienen indudablemente un toque de impunidad”, destacó la organización en un comunicado.

“Peña Nieto estás destruyendo México. ¡Basta de impunidad!”, señalaron para exponer las catástrofes naturales que “son sólo responsabilidad de la pésima política ejercida y apoyada por nuestros gobernantes”.

El ecocidio de Sonora

En medio de versiones contradictorias por parte del gobierno local, las autoridades de Protección Civil, Grupo México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el estado de Sonora vivió el peor desastre ecológico en México durante el 2014.

Por lo menos 22 mil personas de los siete municipios aledaños al Río Sonora, en donde el 7 de agosto de este año se derramaron, según  la versión oficial, 40 mil litros de productos químicos tóxicos provenientes de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, se vieron afectadas pues la contaminación los dejó sin agua potable durante tres meses y con riesgos de quemaduras e intoxicación, además de las implicaciones medioambientales y económicas que trajo consigo.

Durante este tiempo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio cuenta de comercios en los que un garrafón de agua se vendía hasta en 150 pesos, además del caso de un mujer que denunció tener quemaduras en la piel tras meterse a bañar al río Sonora dos días después del derrame, sin saberlo, pues la primera alerta del gobierno federal se dio hasta el día 11 de ese mismo mes.

De acuerdo con la información que dio la Profepa a inicios del mes de octubre, los daños al ecosistema por dicha contaminación se estiman en mil 800 millones de pesos, sin embargo, las consecuencias en la flora y fauna cercana a los ríos afectados por la mina Buenavista del Cobre, se registrarán a mediano y largo plazo por los componentes de los metales.

Esta cifra, al igual que la estimada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de 2 mil millones de pesos, contradijeron los 800 millones que en un inicio sugirió un reporte de diputados y los 100 millones de pesos que el Gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, había señalado.

Por su parte, Grupo México, empresa responsable de la mina de Cananea, creó una reserva de 300 millones de  pesos para asegurar la reparación de los daños ocasionados y sanciones administrativas correspondientes debido al derrame de miles de metros cúbicos de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas . Al final, la multa fijada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue únicamente de 40 millones de pesos, calificada como “ridícula”, por activistas, afectados y hasta miembros de partidos políticos, pues la compañía generó en el año pasado ventas anuales por 122 mil millones de pesos y utilidades netas por 29 mil 298 millones de pesos. Por ingresos, Grupo México también fue la cuarta empresa pública más importante del país en el mismo año.

Apenas este 4 de noviembre, casi 90 días después de la tragedia, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron por concluida la fase de emergencia ocasionada por la contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi y anunciaron el inicio de la etapa de remediación y determinaron que el agua de los pozos presenta niveles aptos para el consumo humano.

Agua cianurada en El Oro, Durango

El 13 de agosto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó una emergencia ambiental generada por el derrame de 2 mil metros cúbicos de solución cianurada en la mina Proyecto Magistral, en el arroyo La Cruz, que conecta con el arroyo Magistral ubicado en el municipio El Oro, Durango, afectando 400 metros cuadrados de suelo natural.

La “solución cianurada” es derivado del cianuro, un químico altamente tóxico que puede provocar la muerte. Por lo regular, la solución cianurada se utiliza en el proceso de extracción de oro.

En un comunicado la dependencia detalló que la Subprocuraduría de Inspección Industrial, reportó que debido a las fuertes lluvias registradas en Durango, se suscitó el derrame de la solución  que se encontraba almacenada en la presa de demasías en dicha Planta.

Ante ello, la delegación de la Profepa en la entidad acudió a la zona y ordenó cinco medidas de urgente aplicación para la reparación de los daños ambientales que hayan ocurrido, además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente contra la empresa.

Entre las medidas ordenadas se encuentran: realizar la caracterización de los jales y agua cianurada depositados en su actual presa de jales, y presentar los resultados ante la Delegación Federal de la Profepa en Durango.

Además la empresa deberá colocar una geomembrana en todo el perímetro que abarca la presa de jales actual para prevenir que el agua cianurada tenga contacto con el suelo natural y tendrá que levantar la cortina contenedora de la presa de jales hasta una altura de 3 metros, colocando además del jal, material resistente capaz de soportar el empuje de los jales y el agua almacenada.

Y tendrá que utilizar la galería de inspección y presa de demasías únicamente como drenaje pluvial, asegurándose que dentro de ésta no se sigan generando escurrimientos de la presa.

Más de 200 toneladas de peces muertos por tóxicos en Jalisco

A finales de agosto autoridades de Jalisco emitieron una contingencia ambiental por la muerte de toneladas de peces de la especie popochas en la laguna de Cajititlán, debido, supuestamente a la falta de oxigenación del agua y al temporal de lluvias que arrastra fertilizantes por los afluentes que desembocan en el hábitat de los animales. Esta era la cuarta vez que una situación así se presentaba en este poblado.

Sin embargo, y contradiciendo las 4.5 toneladas de peces muertos reportadas por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Tlajomulco, municipio donde se encuentra la laguna, los pescadores de la zona dijeron a la agencia Efe que habían retirado entre 45 y 50 toneladas. Para el 4 de septiembre, sólo cuatro días después de dada la primer cifra, el vocero de la administración estatal, Gonzalo Sánchez García, elevó la cifra a “un total de 112 toneladas, es decir, cuatro millones 300 mil peces muertos”.

Una vez más desmintiendo la primera versión oficial que apelaba a causas ambientales, la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del gobierno estatal, Magdalena Ruiz Mejía, dijo el 1 de septiembre que la muerte de estas especies fue consecuencia de un mal manejo de los desechos tóxicos que se vierten en el manto de agua y no por cuestiones naturales como explicó inicialmente el Ayuntamiento.

Funcionarios de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y la Comisión Estatal del Agua afirmaron tener pruebas de que existe un manejo inadecuado de lodos en tres plantas de tratamiento del municipio, mismos que podrían estarse vertiendo en la laguna y ocasionando la muerte a millones de peces. No obstante, descartaron tener estudios para incriminar a las plantas de tratamiento por la contingencia, aunque sí dijeron que aportaron las pruebas existentes a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue un eventual delito ambiental.

Ocho días después de levantarse la contingencia, la Semadet la dio por concluida al terminar con el retiro de 196.9 toneladas de peces muertos de la laguna, sumadas a las poco más de 70 toneladas que levantaron los pescadores una semana previa.

Arroyo de Veracruz se tiñe de rojo por derrame de gasolina

El mismo 31 de agosto, se dio a conocer sobre una fuga de gasolina Premium en una toma clandestina en Tierra Blanca, Veracruz provocó la muerte de decenas de peces, tortugas, conejos y pájaros al derramarse en por lo menos seis kilómetros del arroyo Hondo.

Los representantes del municipio acusan a Pemex de no actuar a tiempo, pues en cuanto se detectó la fuga se hubiera evitado el ecocidio si se hubiera librado una sustancia que absorbe el combustible y evita su expansión, además de que la empresa sólo pretendía hacerse responsable del daño de 1.2 kilómetros del cuero de agua.

“El derrame tiñó de rojo el agua del arroyo pues se presentó la muerte de numerosas especies como anguilas, tortugas, pero a nivel de tierra también de conejos, ratones, entre otras especies”, dijo a los medios de comunicación Franco Osorio, director de Seguridad Pública del municipio.

Fue mediante un comunicado que la paraestatal informó del derrame de hidrocarburo, el cual escribieron, fue “provocado” por una toma clandestina y “causó afectaciones” en 1.2 kilómetros del arroyo Hondo.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por las presuntas violaciones contra habitantes de Tierra Blanca afectados por el derrame de hidrocarburos en el arroyo que desemboca en la Laguna María Lizamba.

Ahí precisaron que fue el 27 de agosto a las 5:00 de la mañana que se detectó la fuga de una toma clandestina, sin embargo, el incidente se resolvió hasta 12 horas después, poniendo el riesgo a las comunidades aledañas a la zona, además de la flora y fauna.

 

Herbicidas matan a más de 33 millones de mariposas monarca

Este año, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) dio a conocer un informe sobre la Reserva Monarca de México, en el que registró que durante 2013 murieron por lo menos 33 millones de mariposas de esta especie, las cuales migran cada año provenientes de Canadá para pasar el invierno en la reserva destinada a su reproducción en Michoacán en sus límites con el Estado de México.

La organización fichó como los principales culpables al clima extremo, la tala de árboles, pero especialmente al uso de herbicidas a gran escala en Estados Unidos, país por el que transitan durante su ruta de cuatro kilómetros para llegar a los bosques de oyameles michoacanos, en donde encontraban las condiciones ambientales idóneas para desarrollarse y aparearse desde el mes de noviembre hasta alrededor de marzo, antes de regresar a su lugar de origen.

La empresa Monsanto es una de las señaladas por este desbalance, pues uno de sus herbicidas llamado “Roundup PowerMAX” ha contribuido a la pérdida de numerosas planteaciones de algodoncillo en la Unión Americana, específicamente en la región Medio Oeste, en donde se encuentra el conocido “Cinturón del Maíz”. Esta planta es clave para la reproducción de la mariposa monarca pues es la única en donde estos insectos ponen sus huevecillos y resulta la primera fuente de comida para las larvas.

Aunado a esto, la tala clandestina dejó el año pasado el espacio ocupado por las mariposas en .67 hectáreas de la reserva, que comparado con las 1.19 hectáreas ocupadas en 2012, derivó en un 43.7 por ciento menos de espacio utilizado para su estadía, de acuerdo con el WWF.

La Reserva Monarca protege 56 mil 259 hectáreas de bosques, incluyendo una zona núcleo de 13 mil 551 hectáreas en donde cada invierno se establecen las colonias de mariposas monarca que migran a México.

 

Peces de El Infiernillo, Mazatlán, mueren por descargas de aguas negras

Para el 2 de septiembre, pescadores reportaron el hallazgo de miles de peces muertos a la orilla del estero El Infiernillo, en Mazatlán, Sinaloa, quienes alertados por las capas plateadas que resaltaban en el lugar, notaron que se trataba de los animales agonizantes.

Al respecto, el diario local Noroeste recogió los testimonios de varios pescadores quienes indicaron que en el sitio se suelen tirar desechos tóxicos y basura sin que ninguna autoridad actúe al respecto.

“Aquí la Jumapam [Junta Muncipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán] descarga aguas sin tratar, ayer estuvieron dragando todo el día, las aguas de las alcantarillas también llegan aquí, es eso, los químicos y la suciedad los dejó sin oxígeno”, dijo uno de ellos.

“Aquí es una área de reproducción de muchas especies, si así está la orilla ¿cuántos millones de pescados murieron?, son toneladas”, indicó otro de los líderes de pescadores.

“La Jumapam tiene muchas descargas, nosotros lo vemos cuando vamos a pescar carnada, pero nadie hace nada. Aquí todo el día es una pestilencia, porque los olores de las aguas negras son feos y lo peor es que esas aguas llegan aquí, caen en este lugar”, dijo un pescador.

Mientras que la Semarnat desconoció el hecho y dijo no tener injerencia, la señalada Jumapam recorrió la zona unas horas después del aviso y aceptó que mantiene dos descargas de aguas sobre el estero El Infiernillo, pero no “graves”, y aseguró que en un recorrido de inspección, confirmó que los peces entraron con la marea.

Posteriormente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que una fractura en una tubería de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, que filtró aguas residuales al estero El Infiernillo, fue la causa de que miles de peces aparecieran muertos.

Pemex “el más agraviado” en derrame de Cadereyta

El tercer fin de semana de agosto una nueva tragedia ecológica ocurrió cuando una fuga de petróleo procedente de una toma clandestina contaminó el río San Juan en Cadereyta, Nuevo León.

Para el 29 de agosto y tras realizar un recorrido por la zona, el titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, declaró que el derrame de crudo fue de 3 mil a 4 mil barriles aproximadamente, y el costo por pérdidas y reparación de daños fue de alrededor de 150 millones de pesos.

La fuga se registró a 15 kilómetros al sureste de la refinería de la paraestatal, quienes efectuaron “acciones de contención y limpieza del derrame suscitado el pasado 16 de agosto, provocado por una toma clandestina en el oleoducto de Madero-Cadereyta, ubicado en las inmediaciones del poblado San Juan en este municipio”, informaron en un comunicado.

La CNDH inició una investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Cadereyta, Nuevo León, afectados por el derrame.

A través de un comunicado, la CNDH afirmó que el Ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, ordenó el traslado de Visitadores Adjuntos a fin de recabar información y atender de inmediato las quejas de las personas afectadas. Además, señaló el informe, tienen la obligación de brindar asesoría y recabar la mayor cantidad de elementos que permitan conocer los impactos generados a la población y al ambiente para promover el derecho de acceder al agua para consumo personal “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Pese a ello, y a que los habitantes de las zonas aledañas se vieron privados del agua potable por varios días, y tampoco pudieron regar sus plantíos, Lozoya Austin declaró que el principal agraviado era Pemex.

Otra fuga de gasolina, ahora en Tabasco

Tan solo una semana después de incidente registrado en Nuevo León y días antes de la tragedia en Veracruz, el 22 de agosto se reportó una nueva fuga de miles de litros de gasolina, ocasionada por una toma clandestina, la cual provocó afectaciones en parcelas que ocupan tres hectáreas del ejido Pico de Oro, en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco.

La fuga del combustible, de acuerdo con lo mencionado por lugareños y propietarios de parcelas, inició al anochecer del viernes 22 y, durante todo el fin de semana, estuvieron avisando a personal de Pemex pero éste no atendió el aviso, fue hasta la mañana del lunes 25 cuando Protección Civil y el Ejército Mexicano acudieron al sitio mencionado, confirmando que miles de litros de gasolina -de los barriles- ya estaban esparcidos.

De acuerdo con la información de prensa local, el derrame que afectó tres hectáreas de terreno fue causado por personas dedicadas al robo de hidrocarburos quienes manipularon el ducto. Al sitio, y de acuerdo con los testigos, cientos de lugareños acudieron hacia el sitio guiados por el olor para recoger el combustible con cubetas y hasta tinacos, sin importarles el riesgo que corrían.

Al igual que en otros casos, la CNDH inició una queja para investigar las violaciones a las garantías individuales de los habitantes del municipio de Huimanguill afectados por el derrame.

“Odile”: El único desastre natural

El 14 de septiembre, el titular de la Conagua informó que el huracán “Odile”, el octavo de la temporada, tocaría tierra en Baja California Sur, dos días después, los daños eran casi incuantificables.

Los Cabos y La Paz, dos de los puntos más turísticos del estado fueron contra los que más se ensañó el fenómeno meteorológico, al 21 de septiembre se reportaron nueve muertos y para el mes de octubre, la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu dio un monto preliminar de las afectaciones por siete mil 870 millones de pesos.

A su paso por estas ciudades arrasó con árboles y postes, rompió cristales, dejó sin agua y sin electricidad a Los Cabos y La Paz.

“Las antenas de celulares están dañadas y requieren de electricidad. La energía está muy endeble. Los puertos están cerrados. La circulación está muy difícil. El aeropuerto presenta destrozos. No hay condiciones para reanudar vuelos”, informó en su cuenta de Twitter Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Fue hasta el 16 de septiembre que las autoridades federales se presentaron en Los Cabos para atender la situación. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llegó al municipio de Los Cabos para evaluar daños y coordinar las acciones de recuperación tras el paso del huracán.

Esa misma tarde también llegó el Presidente Enrique Peña Nieto luego del Desfile Militar en el Zócalo de la Ciudad de México para coordinar las acciones de apoyo y reconstrucción de las comunidades afectadas.

Otomíes denuncian ecocidio en Edomex

Desde el mes de abril se han dado diversos enfrentamientos entre autoridades del Estado de México y comuneros de San Francisco Xochicuautla, Santa Cruz Ayotuxco y San Lorenzo Huitzilapan, debido a que se oponen a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, abogando que se está afectando al Parque Otomí-Mexica y el Bosque de Agua, ambos considerados áreas naturales protegidas.

El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (FPIDMT)  ha dado la cara por los cientos de habitantes de esta área y señalan tanto a las autoridades estatales como a la  constructora Autovan S.A. De C.V de cometer un ecocidio,.

denunció el “ecocidio” que está cometiendo la constructora Autovan S.A. De C.V. al derribar cientos de árboles en territorio comunal protegido por amparo para construir la autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de México.

“Hoy volvemos a comprobar el terrorismo y la desviación de poder del gobierno del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, junto con las empresas que protege”, dijo en un comunicado de la organización publicado el 18 de octubre pasado.

Ahí denunciaron que la mañana del viernes 17 de octubre sufrieron una invasión de otros 400 granaderos que protegieron a la empresa “que destruyó de nuevo parte de nuestro bosque sagrado”.

Previamente los campesinos señalaron que “la construcción de la carretera generará graves afectaciones al abastecimiento de agua a la ciudad de Toluca y al Sistema Cutzamala, que origina el líquido que todas y todos usamos, y causaría daños irreversibles a los ecosistemas y al entorno natural y cultural del sitio”.

“Han avanzado hasta las puertas del bosque sagrado sin consultar a los pueblos y ocultando información, han dividido y corrompido a miembros de las comunidades, han continuado con las obras de construcción talando árboles a pesar de no contar con autorización para ello, y han incumplido con la autorización de Impacto Ambiental que indebidamente les fue otorgada”, dijeron.

Además de ello, recientemente, el 3 de noviembre, los integrantes del (FPIDMT) denunciaron la detención arbitraria de ocho miembros de la comunidad de San Francisco Xochicuautla por parte de la policía del Edomex, la cual disolvió un bloqueo con el que comuneros protestaban por dicha construcción.