Grupos civiles señalaron que la situación de impunidad sobre desapariciones y violaciones a los derechos humanos por parte del crimen organizado en Coahuila se ha visto reforzada por el orden federal.

Hoy la Universidad de Texas dio a conocer el informe “Control… Sobre todo el Estado de Coahuila” en el que con base en testimonio rendidos por miembros de Los Zetas concluyó que militares y autoridades recibían pagos para dejar operar a los criminales en Veracruz y Coahuila.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil alertaron que México necesita de un organismo internacional para hacer justicia por la crisis de desapariciones por las que atraviesa el país.

“Nosotros creemos que en México actualmente no tenemos las capacidades instaladas par atender esta problemática […]. Creemos que el camino correcto es empezar a discutir sobre un mecanismo extraordinario internacional, que empiece a ver estos temas de fondo, para salir de esta espiral crítica que tenemos”, señaló Michael W. Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC.

Desde el 2001, cuando se aprobó el tipo de desaparición forzada, hay en pie sólo siete sentencias de desapariciones forzadas.

Durante la presentación del informe “Control… Sobre todo el Estado de Coahuila”, los colectivos apuntaron que la situación de impunidad en el estado gobernado por los hermanos Moreira, se ha visto reforzada por el orden federal.

“Yo no creo que las autoridades estén a la altura de las violaciones de derechos humanos”, dijo Ariel Dulitzky.

Sobre el informe Ariel E. Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, señaló que el trabajo está basado en los testimonios recabados en Texas.

“Las declaraciones de estos tres juicios demuestran claramente los nexos entre el crimen organizado y las autoridades en Coahuila […].”, dijo Dulitzky. “Como saben en Estados Unidos tiene que haber pruebas más allá de toda duda razonable por los delitos que se les acusaron. De tal modo que los juzgados les dieron pleno valor a los testimonios que analizamos”.

Los testigos relataron cómo los Zetas masacraron a personas que no tenían relación con el narcotráfico, particularmente, en las masacres de Allende y Piedras Negras. Esto fue posible, de acuerdo con el director, gracias a la “conexión, cooperación y control que los zetas tuvieron con varios niveles de gobierno del Coahuila”, que incluyeron a la oficina del Gobernador.

Según los testigos, Los Zetas realizaron pagos y ofrecieron sobornos a funcionarios locales para obtener control de una ciudad en particular para conseguir permisos de construcción y para ganar contratos de gobierno.

“Por ejemplo, la empresa de Colorado César, el acusado en el juicio de Petroservicios, fue financiada con fondos de los Zetas, recibió contratos de Pemex, y obtuvo grandes utilidades como resultado, estos contratos no sólo fueron fuentes de ingresos para los Zetas, sino que sirvieron para lavar dinero”, dijo el director de la clínica.

De acuerdo con el Centro Fray Larios, en Coahuila hay mil 790 averiguaciones en la Procuraduría General de Justicia estatal por desapariciones, de las cuales menos del 10 por ciento presenta procesos en contra de presuntos responsables.

“La violencia de los Zetas, por lo menos en Coahuila, tuvo como víctimas a innumerables personas civiles que no tenían relación con el cártel [..]. El caso más trágico es el caso de una niña es matada a hachazos en frente de sus padres, y luego la madre fue asesinada de la misma manera”, detalló el director de la clínica. Los Zetas desaparecían a las víctimas de múltiples maneras, incluida, el uso de barriles con ácido para desaparecer restos.

La Senadora Angélica de la Peña insistió en la necesidad de reconocer que hay una serie de problemas en México que han quedado reflejados en el caso de Coahuila.

“Las recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos han dado pie a un punto de acuerdo para recordar cada una de estas recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que por cierto ninguna se ha cumplido”, resaltó Angélica de la Peña.

Sin embargo, las autoridades de justicia parecen ser las primeras en obviar las carencias para acabar con la impunidad sobre las desapariciones.

“El estado de Coahuila se consigue como un estado garante de los derechos humanos”, defendió el Magistrado Juan José Arreola, otrora subprocurador de personas desaparecidas de Rubén Moreira, quien abogó en favor de lo hecho por el actual gobierno de Coahuila.

Sobre la masacre del municipio de Allende el 18, 19 y 20 de marzo del 2011, Yáñez recordó que tuvieron un origen en una venganza planeada y estructurada dentro de los miembros del cártel de los Zetas.

“A la fecha se han identificado a 27 víctimas. Y se han sancionado a los responsables. Con 26 órdenes de aprehensión, de las cuales han sido complementadas 20 en contra de Los Zetas y autoridades municipales”, señaló el ex Subprocurador.

En cuanto al caso de los ejecutados en el Cereso de Piedras Negras, Yáñez dijo que: “Se logró establecer que fueron 37 personas privadas de su libertad en distintos momentos, para ser ingresadas al interior del Centro de Readaptación Social”.

En este proceso se ha acreditado la responsabilidad de ocho ex funcionarios públicos, cinco detenidos; y nueve miembros de la delincuencia organizada, todos detenidos.

Hoy, resaltó, se discute en Coahuila sobre un plan de exhumación, y mil 200 muestras de ADN para la identificación de restos se han llevado a acabo.