En octubre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pagó 292 millones de pesos a los ciudadanos Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández –dos habitantes del poblado San Jerónimo Acazulco, Edomex– a cambio de un convenio para construir el Tren Interurbano México Toluca en el tramo de 32 hectáreas denominada El Portezuelo a la altura de la zona turística La Marquesa. Entonces echó raíz para un conflicto entre dos pueblos, uno otomí y el otro náhuatl.

Los habitantes de la comunidad aledaña de origen náhuatl, Santa María Tepexoyucan, aseguran que la indemnización debió ser para ellos ya que ese territorio, donde siembran para vivir, les pertenece desde hace siglos de acuerdo con documentos del Registro Nacional Agrario.

“El Gobierno no está pagando la indemnización a las personas que deben ser. Mi inconformidad es que está pasando el Tren, las autopistas y las torres de electricidad sin que recibamos nada a cambio. No nos oponemos a la infraestructura, pero no está respetando los derechos de los indígenas”, aseguró la habitante Rosa González.

Tepexoyucan, Estado de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Simón González Reyes es un campesino de 67 años que habita la comunidad de origen náhuatl Santa María Tepexoyucan, adentrada en la boscosa y turística zona de La Marquesa en Ocoyoacac, Estado de México, pulmón de la Ciudad de México, Lerma, San Mateo y Toluca. Sin embargo, por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca ha perdido la tierra donde sembraba maíz para mantener a su familia de diez personas.

–Lo que sembraba ya no lo puedo cultivar. ¿Ya qué podemos vender, producir o cosechar? Ya nada. No los está quitando el gobierno– aseguró Simón parado frente a un fragmento de las 32 hectáreas del territorio comunal donde se realizan las obras a pesar de que a mediados de octubre el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa determinó suspenderlas. La agricultura, así como el turismo, son sus principales actividades económicas.

Tras resolver un recurso de queja, la autoridad judicial expuso que el convenio firmado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el supuesto Comisariado “hecho a modo” de los poblados San Jerónimo Acazulco-Santa María Tepexoyucan, por el que los representantes Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández recibieron casi 300 millones de pesos, “es violatorio” de la suspensión de obras solicitada en 2015 mediante un amparo, explicó el abogado de la comunidad, Gustavo Olivares.

–¿Cómo están sobreviviendo? –se le preguntó al campesino Simón.

–Pues de lo más mínimo que podemos… yo con mi edad, de la tercera edad, ya no puedo mantener a mi familia. Ahora menos, qué va a pasar.

El cronista del pueblo náhuatl de alrededor de 408 comuneros y 20 mil habitantes, Luis Miguel Torres, acusó que “el gobierno pasa encima de ellos y todas estas compañías [que construyen el Tren] pisotean sus derechos”, por lo que dejan de sembrar y obtener un recurso.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dividió la construcción en tres secciones con sus respectivas licitaciones: el tramo de la estación terminal Zinacantepec a la Sierra de las Cruces fue asignado a las compañías La Peninsular y Constructora de Proyectos Viales de México, filiales de OHL México; el tramo entre la Sierra de las Cruces y Portal Oriente realizado por la constructora mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y el tramo del Portal Oriente a la estación del Metro Observatorio.

“¿Cuánto ganará el gobierno con los boletos de los pasajes y qué reciben ellos aunque les quitan su tierra? Nada”, criticó Torres.

El Tren México-Toluca desata conflicto entre comunidades. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo

Pedimos que se respeten las tierras, porque ya no estamos dispuestos a perder un solo centímetro”: Francisco Montes, Jefe Supremo de la comunidad de Tepexoyucan. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo

Durante la plática, el campesino Simón aclaró que no están en contra de la construcción, pero acusa que el gobierno está invadiendo su tierra sin darles un pago de indemnización por el daño. La habitante Rosa González Díaz coincidió.

“El Tren nos ha afectado socialmente. San Jerónimo Acazulco, los compañeros incómodos, está menoscabando a nuestra comunidad. El gobierno no está pagando la indemnización a las personas que deben ser. Mi inconformidad es que está pasando el Tren, las autopistas y las torres de electricidad sin que recibamos nada a cambio. No nos oponemos a la infraestructura, pero no está respetando los derechos de los indígenas. Queremos que en el juicio que se está ganando a la SCT nos hagan caso. Somos un pueblo muy unido”, aseguró la mujer dedicada al hogar y al campo.

El Jefe Supremo de la comunidad de Tepexoyucan, Francisco Montes, porta un bastón que le da el poder de hablar en nombre de los habitantes. El joven hombre aseguró que además del Tren Interurbano, sus tierras han sido despojadas por la carretera privada de la zona y por las torres de electricidad.

“Es una obra emblemática para el gobierno de la República, pero transgrede los derechos de esta comunidad. Pedimos que se respeten las tierras, porque ya no estamos dispuestos a perder un solo centímetro”, aseveró.

Francisco Montes y Gustavo Olivares, Jefe Supremo y abogado, denunciaron que han enfrentado amenazas fuertes y hostigamientos para que retiren las demandas, pero advirtieron que seguirán buscando justicia a nivel jurisdiccional.

El activista Julio César Cervantes Ortega, de la organización Central Campesina Cardenista que ha acompañado este caso y otros similares, señaló que este conflicto es “algo típico que se ve prácticamente en todos los megaproyectos del país: corrupción, despojo, afectaciones ambientales y una falsa expectativa de desarrollo, ya que el dinero que se genera va a parar a unas pocas manos”.

El Tren Interurbano, apuntó, es solo una parte de un proyecto más grande del Gobierno federal que tiene como fin beneficiar a Toluca al conectarla con la capital del país para que se instalen en el Valle grandes empresas, viviendas, campos de golf y, dijo, hasta el Tecnológico de Monterrey, cuyas instalaciones sufrieron daños estructurales luego de los sismos de septiembre.

Agustín Montesino, habitante de Tepexoyupan, tampoco está en contra de la construcción del Tren Interurbano. “El progreso es beneficio para todos los mexicanos, pero está plasmado en la Constitución que en cualquier afectación pública el gobierno tiene que indemnizar a la comunidad que corresponda.

“El gobierno federal no respeta los derechos que tiene nuestra comunidad. Papeles ancestrales son los que nos respaldan y nos mantienen en esa lucha”, agregó bastón en mano y a espaldas a un fragmento de la construcción.

CHOQUE ENTRE PUEBLOS

El litigante Gustavo Olivares tiene en sus manos documentos obtenidos del Registro Nacional Agrario y del Archivo General de la Nación que avalan que la comunidad náhuatl Santa María Tepexoyucan data desde 1535 por lo que tiene derechos ancestrales. Sin embargo, a partir de una resolución presidencial en 1945, se le redujeron sus 25 mil hectáreas a mil 725 hectáreas y se le añadió el poblado otomí San Jerónimo Acazulco a través de un supuesto Comisariado, el cual “aceptó” la implementación de las obras del Tren Interurbano.

“Ese pueblo [San Jerónimo] se quiere hacer dueño de su historia, derechos y territorio. No estamos de acuerdo que el Registro Agario, la Procuraduría Agraria y la Sedatu esté desconociendo esos derechos. Cada pueblo tiene su origen y el de nuestra historia es rico así como lo tuvieron los aztecas y los mayas”, dijo. “Quieren segregarlos porque algunos políticos quieren esas tierras para hacer muchos proyectos donde ellos se vean beneficiados”.

El Jefe Supremo Francisco Montes afirmó que “San Jerónimo Acazulco ha sido un usurpador”, pero que ellos están firmes en defender el patrimonio y herencia que les dejaron hace siglos.

“La tierra es la que nos da sustento. Aquí se sembraba avena, haba y hortalizas. Con estas obras claramente es un despojo y con esta mutilación de tierra dónde quedarán las generaciones venideras. Va a afectar porque la gente ya no ocupará un carro, sino un tren [para pasar por La Marquesa]”, pronosticó.

En octubre de 2015,  la SCT les dio 292 millones de pesos a dos habitantes de San Jerónimo Acazulco, Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández, a cambio de un convenio para construir el Tren Interurbano en el tramo de 32 hectáreas denominada El Portezuelo a la altura de La Marquesa.

“Estamos generando una defensa en contra de la avaricia de ese pueblo y en contra de las autoridades porque Tepexoyucan quiere seguir siendo parte de la historia de México, quiere seguir existiendo. No está en desacuerdo de los proyectos que traen beneficio a la nación, están en desacuerdo de que su historia sea aniquilada”, afirmó el abogado agrario Gustavo Olivares.

Desde 2014 ha insistido a la SCT que tienen un problema en cuanto a la legalidad del Comisariado de bienes comunales del pueblo de “Santa María Tepexoyucan y San Jerónimo Acazulco” porque el Registro Nacional Agrario y la Procuraduría Agraria exponen que ese núcleo no existe. El Tribunal Unitario Agrario todavía no resuelve, pero la documentación del Archivo Agrario demuestra su origen como pueblo indígena.

“Los antecedentes históricos están ahí. Entonces son vicios del actual Delegado de la Procuraduría Agraria, Melchor Velázquez Garduño”, acusó. “Nos desconocen y crean un Comisariado a modo denominado San JerónimoAcazulco-Tepexoyucan”.

“¿Ya qué podemos vender, producir o cosechar? Ya nada. No los está quitando el gobierno”, reclama don Simón, habitante de Santa María Tepexoyucan. Foto. Crisanto Rodríguez, SinEmbargo

La construcción del Tren México-Toluca, una megaproyecto emblema del sexenio de Enrique Peña Nieto y bajo la mira de ASF por irregularidades en los recursos que se le han destinado. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo

Ante el incumplimiento de la suspensión de obras determinada por el Tercer Tribunal Colegiado, la Central Campesina Cardenista hará una manifestación en la Ciudad de México y acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defienda sus derechos ancestrales.

El cronista Luis Miguel Torres determinó que el gobierno está obligado a pagarles por la tierra, pero no han recibido nada ya que los 292 millones se los dieron a particulares de San Jerónimo, y no a la comunidad de Tepexoyucan.

“Están siendo robados y despojados. Si lo hacen aquí, lo hacen en miles de comunidades donde pasan carreteras, trenes y donde hacen presas”, consideró Torres.

El Tren Interurbano México-Toluca pasará por nueve comunidades a través de 58 kilómetros. Entre seis estaciones transportará a alrededor de 230 mil pasajeros diarios en 39 minutos del Valle de Toluca a la zona poniente de la capital del país, lo que implica una reducción del tiempo de traslado de 90 minutos en viaje redondo. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le ha detectado diversas irregularidades.

En la Cuenta Pública 2016 el órgano fiscalizador señaló “pagos indebidos” por mil 775 millones 319 mil 600 pesos de los recursos federales canalizados al proyecto, por lo que concluyó que la SCT y el Gobierno de la Ciudad de México “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”. Además, se hallaron importes por aclarar de mil 102 millones 29 mil 500 pesos por la falta de liberación del derecho de vía.

De igual forma, en el tramo de la Ciudad de México, de la Presa Tacubaya a la estación Observatorio del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no se ha realizado ningún tipo de trabajos por falta de aprobación de las comunidades.

“La Marquesa, además de ser un lugar turístico muy bonito, es uno de los pocos espacios que generan oxígeno y agua para la Ciudad de México y Toluca. La devastación que vemos en nombre del desarrollo tiene una distinta afectación al tumbar árboles. Este es el pulmón de la Ciudad de México donde hay días donde ya no es recomendable salir por la calidad del aire”, reflexionó el activista Julio César Cervantes.

Por ello, mediante la Central Campesina Cardenista han luchado para que se respete el derecho a una consulta libre, previa e informada para que los proyectos no se impongan con maquinarias sin que antes las comunidades o ejidos estén informadas sobre las posibles afectaciones y consecuencias.