El del ex Secretario de Energía y también de Telecomunicaciones, Luis Téllez Kuenzler, sólo es uno de decenas de casos de ex funcionarios que después de ocupar cargos en los que tienen acceso a información estratégica usan la puerta giratoria que les permite pasar de la función pública a la iniciativa privada, ya sea como consultores o como parte de la estructura corporativa.
Nombres como los de Georgina Kessel, Carlos Ruiz Sacristán y hasta el del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se suman a la amplia lista de políticos con nexos muy cercanos con los hombres del dinero. En su currículum lo mismo se encuentran puestos en la administración federal que nombres de empresas como la española Iberdrola, Citigroup, Goldman Sachs.
Esto, de acuerdo con académicos y organizaciones civiles, es un factor que inclina la balanza a la hora de otorgar contratos e, incluso, promover la competencia. Decisiones de gran importancia económica en materia de infraestructura y derechos de transmisiones de televisión, entre otros, se realizan de forma rutinaria por un pequeño círculo de los más poderosos ejecutivos de las empresas en México, la mayoría de los cuales tiene una estrecha relación con funcionarios que pasan por la puerta giratoria.
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Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– El de Luis Téllez Kuenzler es un caso típico de funcionarios que, cargados de información confidencial y contactos políticos, han pasado a las empresas beneficiadas por sus decisiones desde el Gobierno, pero no es el único.
Otro de los ejemplos más evidentes es el del ex Presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), quien en 1998 concretó la venta de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales) a Grupo México –que obtuvo 70 por ciento de las acciones– y a la norteamericana Union Pacific para, en 2001, apenas dos meses después de dejar el Ejecutivo, integrarse al consejo de administración de esta última. Con los años, y como varios de sus subordinados, Zedillo también fue sumando directivas empresariales a su currículum y, a la fecha, aparece en las administraciones de trasnacionales como Procter and Gamble, Alcoa, Citigroup y otras.
Martín Werner Wainfeld, subsecretario de Hacienda con este mismo Presidente e integrante del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), que convirtió en deuda pública los pasivos de varios bancos en 1998, pasó también directamente del Gobierno zedillista a jefe de inversión en América Latina de la firma Goldman Sachs; Guillermo Ortiz Martínez, Secretario de Hacienda también con Zedillo y, hasta 2010, Gobernador del Banco de México, presidió el Grupo Financiero Banorte –encabezado hoy por el nieto del priista Carlos Hank González.
El año pasado, Jesús Ramírez Stabros renunció como Coordinador de Vinculación de la Oficina de la Presidencia, luego de que se diera a conocer que, al mismo tiempo que era servidor público, se desempeñaba como miembro del Consejo de Administración de la Comisión de Auditoría de la empresa española Iberdrola México.
Pidió a la Secretaría de la Función Pública (SPF) que “inicie el procedimiento que corresponda a fin de que se esclarezca de forma transparente y contundente si existió o no conflicto de intereses en mi desempeño como servidor público”.
Otro caso más reciente, y que también involucra a la compañía española, es el de Georgina Kessel Martínez, Secretaria de Energía con Felipe Calderón Hinojosa y quien se fue a la administración Iberdrola, otra beneficiada con la apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada.
“Es la forma en la que los intereses económicos y privados capturan diferentes responsabilidades regulatorias, a través de sus influencias, y terminan controlando temas de políticas publicas”, dice Benjamin Cokelet, director del proyecto Poder.
Y los riesgos que entrañan estas redes de relaciones, agrega el experto, es que sientan las bases para que sus intereses económicos controlen las decisiones sobre los recursos públicos; fenómeno que los académicos describen como una “captura del Estado” por parte de los oligarcas.
Para investigar el poder político y la influencia que han ejercido en México los dueños de estos capitales, Cokelet realizó una investigación enfocada las redes creadas a partir del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), fundado en 1962 por empresarios como Jorge Larrea –padre de los hoy dueños de Grupo México–, Rómulo O’ Farril y Juan Sánchez Navarro, entre otros.
Y, luego de revisar factores como la capitalización de sus empresas, las relaciones entre sus negocios y con funcionarios del Poder Ejecutivo, Cokelet concluyó que, sobre todo en los últimos 20 años, menos de 40 nombres de ese Consejo, con acceso directo a los presidentes de la República, se han apoderado de una tercera parte de la riqueza de todo México.
“En colaboración con políticos y encargados de las regulaciones, el capitalismo de amigos ha socavado el crecimiento económico equitativo en un país donde las instituciones democráticas aún están en formación”, plantea Cokelet en su investigación, titulada “Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: política, élites y toma de decisiones en México”, publicada en 2013.
“Decisiones de gran importancia económica, como los contratos para proyectos de infraestructura o los derechos de transmisión de televisión, se realizan de forma rutinaria por un pequeño círculo de los más poderosos ejecutivos de las empresas en México, la mayoría de los cuales son miembros de citado Consejo Mexicano, que incluye actualmente la directores ejecutivos de empresas como Bimbo, FEMSA, Televisa y Banamex”, agrega.
PRIVATIZACIONES Y TLCAN, FACTORES CLAVE
En el documento, el autor ubica específicamente el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) como el periodo en el que se consolidó la influencia de esta agrupación empresarial sobre el Poder Ejecutivo.
Salinas de Gortari, dice el autor, se acercó con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios desde 1987, cuando estaba en la “pasarela” de presidenciables y cuando su plan de apertura económica lo perfilaron como el favorito del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y de los empresarios. Una vez electo, agrega Cokelet, Salinas le dio al CMHN poder sobre un amplio rango de asuntos, incluyendo las reformas legislativas que facilitaron las privatizaciones, la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, en general, la imposición del modelo neoliberal en México.
“A cambio del acceso a la Presidencia, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cumplió parte del trato promoviendo la imagen de Salinas en el extranjero, financiando la participación del sector privado en el apoyo de las negociaciones al Tratado de Libre Comercio y, por lo demás, legitimando su Presidencia”, dice la investigación.
“La visión tecnócrata de Carlos Salinas sobre la política económica se ajustó bien a la creciente preferencia de los empresarios por una mezcla de proteccionismo y neoliberalismo. Al final, las políticas de Carlos Salinas agrandaron la inequidad, profundizando la concentración de riqueza en manos de los integrantes del CMHN y otras élites de negocios y, al final, sentando las bases para la crisis del Peso en 1995”, agrega.
De manera específica, el estudio identifica la política privatizadora de Carlos Salinas como la “pieza clave” de la consolidación de los negocios de los integrantes del CMHN y la concentración de la riqueza nacional en sus manos.
“Si bien Miguel de la Madrid inició la venta de las compañías del Estado, fue Salinas quien llevó su papel de ‘vendedor en jefe’ a nuevos niveles, vendiendo casi todas salvo algunas de las empresas paraestatales más productivas”, dice Cokelet.
“Esta situación exacerbó el sistema caracterizado por el control de una élite sobre la toma de decisiones públicas. El proyecto de Salinas fortaleció la estructura oligárquica, principalmente en manos de los miembros del CMHN, y aumentó la pobreza en México”, sostiene.
También pieza fundamental de este sistema de concentración de riqueza, explica Cokelet, fue la aprobación del Tratado de Libre Comercio, en 1994, que terminó beneficiando sólo a los grandes exportadores.
Pacto de libre comercio en cuyas negociaciones, agrega el autor, el CMHN también tuvo participación directa a través, entre otros, de Juan Ignacio Gallardo Thurlow, cuñado de los Larrea y entonces titular de la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE) con la que el Gobierno mexicano consultó cada punto del nuevo marco económico.
La injerencia de esta organización en la firma del TLCAN apareció descrita incluso en un artículo de la revista Comercio Exterior, del Banco de México, publicado en 1997 y que explica que al grupo de Gallardo Thurlow le decían “el cuarto de junto” debido a que “la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se comprometió a no negociar nada sin consultarlo previamente con el sector privado”.
El artículo, titulado “La COECE: un caso de cooperación entre los sectores público y privado en México” agrega que, al final, los integrantes de la Coordinadora fueron los empresarios más beneficiados por las reformas económicas de Salinas; periodo en el que también, dice el artículo, la relación empresarios-Poder Ejecutivo había alcanzado un nivel inusitado.
“Sin duda, la participación del sector privado en las decisiones de la política económica ha llegado a un nivel sin precedente.
Desde cierto ángulo, el Estado ha perdido autonomía pero ha ganado colaboración en la formulación de la política económica”, dice el texto.
“Esto puede plantear problemas importantes en sus relaciones con el sector obrero, los campesinos y los movimientos populares, muchos de los cuales han sido sustento del PRI [Partido Revolucionario Institucional]. Algunos sectores consideran que el Estado ha hecho alianzas estratégicas privilegiadas con los grandes empresarios y que los pequeños no se han beneficiado con la nueva política económica”, agregó la publicación del Banco Central mexicano.
Carlos Alba Vega, sociólogo e investigador del Colegio de México (Colmex) para temas como las reformas económicas y sus efectos, así como relaciones empresarios-gobierno, atribuye también la práctica de ir del sector público al privado al “cambio en el modelo económico” que, coincide con los demás entrevistados, terminó dándole a los empresarios el control sobre millones en recursos públicos.
Esta relación, agrega Alba Vega, se fue estrechando también a partir de otros momentos políticos del país, como 1997, cuando el PRI perdió la mayoría de la Cámara de Diputados y los contactos con el Ejecutivo fueron insuficientes, por lo que surgió entonces la necesidad de oficinas de “lobbying” o cabildeo que acogieron también a varios políticos. Otra coyuntura, explica Alba, es la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la administración pública federal en 2000 que, como indican los datos, envió a varios ex funcionarios de alto nivel del zedillismo directamente a la iniciativa privada internacional.
“Todo esto es algo muy ventajoso para ellos y para las empresas. A ellos –los ex funcionarios– les permite acceder a poder económico, continuar con sus carreras, tener acceso a más recursos, a un muy buen pago, a decisiones”, dice el investigador.
Y para las empresas, agrega, “los políticos que salieron del Gobierno son útiles porque conocen el tejido de la administración pública, tienen los contactos con legisladores y funcionarios y tienen mucha información, que es muy valiosa y poderosa, para enfrentar la competencia, obtener permisos, defenderse… y ahí entran ellos con sus sugerencias, consejos, contactos e información”.
Pero en un país con tal desigualdad económica, explica el académico, también en coincidencia con los demás entrevistados, el peligro es que el interés público se desdibuja y no sólo porque el sector privado influya a través de los ex funcionarios, sino porque el entramado sugiere que desde el poder trabajan para los empresarios.
“Y uno se pregunta si eso tiene que ver con la falta de regulaciones como, por ejemplo, una Reforma Fiscal efectiva; si estas personas estaban en Hacienda y ahora son funcionarios de empresas trasnacionales, entonces no sorprende que no hayan promovido reformas que graven a quienes más tienen”, dice Alba.
“Y el interés público pasa a un segundo lugar, porque se defiende un interés privado, pero el asunto es que estamos en una situación muy injusta de desigualdad económica y social, y esto no favorece a equilibrar la distribución del ingreso; esto es apoyar a los que más tienen. ¿Quién defiende los intereses de la mayoría?”, cuestiona.
Los estados financieros de Grupo México dan una idea de la importancia que tienen para las empresas analizadas los negocios con el Ejecutivo. Entre 2005 y 2014, una de las filiales de Grupo México, Perforadora México, obtuvo 22 contratos con la administración pública federal, 14 de ellos con Pemex Exploración y Producción, para obras de la paraestatal como perforación en pozos marinos, arrendamiento de plataformas o cementación de las mismas instalaciones, entre otros servicios.
De acuerdo con la información del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), tan sólo estos 14 contratos con Pemex dejaron a la compañía Perforadora México más de 12 mil millones de pesos. Gran parte de esos recursos, además, fueron asignados de manera directa, como los del contrato 421002815, para operar un pozo en el Golfo, por dos mil 457 millones de pesos, convenido en mayo de 2012, en los últimos meses de la administración de Calderón.
La importancia de estos recursos generados por Perforadora México fueron mencionados en el reporte financiero que el Grupo México envió a los inversionistas, en el que explica que si bien las ventas de ese año –de nueve mil 357 millones de dólares- fueron menores un ocho por ciento a las del año anterior por la caída del precios de los metales, el impacto de esta reducción en las ganancias fue “mitigado por los importantes crecimientos” de su División Infraestructura.
“Esto es lo que constituye su poder e influencia –dice el análisis de Cokelet–. Influencia que los coloca en la esfera de clase gobernante, incluyendo a aquellos privilegiados que, sin funciones políticas, tienen influencia sobre quienes gobiernan y quienes los obedecen”.
CAPITALIZANDO EMPRESAS DESDE LA BMV
Como ocurre con el resto de los consejos de administración en los que trabaja, Téllez tiene relación en Sempra con otro grupo de directivos que también tienen una amplia experiencia en la “puerta giratoria” que los ha llevado en los últimos 20 años del sector público al privado, y viceversa.
Uno de ellos es, por ejemplo, Aaron Dychter Poltolarek, subsecretario de Transportes con el Presidente Vicente Fox Quesada, entonces uno de los principales impulsores de la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco y, a la fecha, presidente del comité de Auditoría de Ienova; o Jeffrey Davidow, ex Embajador de Estados Unidos en México.
El mismo perfil tiene el presidente del Consejo de Administración de Ienova, Carlos Ruiz Sacristán, Secretario de Comunicaciones y Transportes cuando Téllez lo era de Energía y a la fecha integrante de otros consejos administrativos, como Southern Cooper Corporation, que representa las inversiones de los Larrea en Perú y donde comparte consejo con Téllez; Banco Ve por Más; Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca y, también, de OHL que, entre otros contratos, administra y opera desde 2003 el Circuito Exterior Oriente, en el Estado de México.
La convergencia de los intereses de Ruiz Sacristán con los de Téllez –ambos ex secretarios de Energía y de Comunicaciones y Transportes– es tal que, cuando éste último dejó la presidencia de la Bolsa Mexicana de Valores en 2014 para irse al Fondo Mexicano del Petróleo, fue el hermano gemelo del primero, Jaime Ruiz Sacristán, quien lo sucedió al frente de esta entidad que, con una concesión de la Secretaría de Hacienda, organiza las actividades mercantiles en México.
De acuerdo con Cokelet, cuando la organización Poder empezó a analizar el comportamiento de la BMV, encontró que la cantidad de acciones emitidas desde esta bolsa es de las más bajas de los mercados de América Latina pero, al mismo tiempo, de las que presentan valoraciones más altas para las empresas.
“Esto se debe a que los grupos o ‘holdings’ mexicanos agregan a su vez decenas si no cientos de empresas, ninguna con el deber de desglosar o desagregar sus estados financieros o los impactos sociales y ambientales de sus subsidiarias (…) la BMV funciona, entonces, muy bien para colocar así el capital de los accionistas mayoritarios, atraer otros capitales sin perder el control de sus empresas y así subir el valor de sus acciones, a la vez de limitar la transparencia y la información disponible a los accionistas comunes y corrientes”, explicó.
“En otras palabras, la dirección de la BMV se dedica a cuidar el capital de los dueños, atraer el capital de los demás y a limitar el desglose y la transparencia de las actividades de sus emisoras”, dijo.
“Para los accionistas mayoritarios de las ‘holdings’ que cotizan en la BMV, los más importantes de los cuales conforman el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, su interés es colocar a los ‘insiders’ en posiciones de control para no democratizar la BMV y así asegurar una fuente de capital estable y rentable”, agregó el experto.
PROTEGIDAS E IMPUNES
Óscar Arredondo advierte cómo la nueva Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, si bien prohíbe los conflictos de interés, capítulos más adelante ofrece una vía para que cualquier consejero que incurra en perjuicio o quebranto a la Hacienda Pública Federal quede exonerado en los tribunales.
“En el artículo 25 hay una fracción que los exime de responsabilidades, porque dice que los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando, entre otros supuestos, actúen conforme a sus facultades o con base en su leal saber y entender”, dice.
“Pero ellos manejarán todo el dinero relacionado con las acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), miles de millones de pesos que serán un importante porcentaje del Producto Interno Bruto (…) y si este artículo ya los exime de responsabilidad, me parece muy grave”, agrega el investigador.
Arredondo recuerda que la última vez que el Gobierno mexicano creó un fideicomiso cuyas dimensiones pudieran compararse con las del que ahora administrará los recursos de los hidrocarburos fue cuando se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o Fobaproa, en el sexenio de Zedillo. “Y cómo nos fue”, dice en alusión al costo público del rescate a los bancos.
“Es muy grave; hay muy poca regulación para normar las actividades de los consejeros del Fondo Mexicano del Petróleo, que tienen responsabilidad sobre miles de millones de pesos y muy poco control”, agrega.
La misma opacidad y laxitud legal por parte del Gobierno federal se ha aplicado a las empresas en las que participan ex funcionarios como Luis Téllez o Ruiz Sacristán. Cuando en 2011, por ejemplo, Sempra Energy se vio en litigio con el municipio de Ensenada, en Baja California, porque su planta de Gas Licuado violó el Plan de Desarrollo Urbano de esa región turística, la Secretaría de Economía salió de inmediato y públicamente en su defensa.
“El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, ofreció a la empresa Energía Costa Azul, filial de Sempra Energy, buscar una solución rápida y clara (…) La empresa cuenta con todos y cada uno de los permisos que requiere para operar de parte de los tres órdenes de gobierno, por lo que no hay razón legal para la clausura”, indica un boletín de la SE, de febrero de ese año.
Un artículo publicado por la revista Proceso en agosto de 2014, en contraste, narró que el entonces Alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, en realidad había sido presionado por parte de funcionarios del PRI, como el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, para levantar los sellos de clausura a la planta de Sempra e incluso, publicó el semanario, que esta negociación se había llevo a cabo en la Embajada en Estados Unidos en México.
La protección de la que goza Sempra, sin embargo, palidece frente a la que el Gobierno ha dispensado a Grupo México, a la fecha presunta culpable de las peores tragedias laborales y los mayores desastres ambientales que ha vivido el país en los últimos 20 años.
Entre estos hechos está la muerte de 65 trabajadores que, en febrero de 2006, quedaron atrapados por una explosión en la mina de carbón “Pasta de Conchos”, en Coahuila, donde, de acuerdo con la recomendación 26/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal “toleró que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida” de las víctimas.
Con los cuerpos todavía en el interior de la mina -debido a que el Gobierno, según indica también la CNDH, no encontró forma de forzar a Grupo México a rescatar los restos-, el mismo consorcio volvió a causar otro siniestro cuando, en agosto de 2014, su empresa filial Buenavista el Cobre derramó en Sonora 40 mil metros cúbicos de ácidos en un arroyo, contaminando los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando diversos municipios del estado y a más de 24 mil personas.
Luego de que SinEmbargo solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales los datos de la operación del fideicomiso creado por Grupo México para reparar estos daños, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) respondió que la información había quedado reservada por un año.
Esta falta de transparencia como política en la relación de los empresarios con el sistema político mexicano aparece justificada también en el análisis de Cokelet, el cual cita al ex presidente José López Portillo diciendo que “si las reuniones de la élite de negocios se vuelven demasiado transparentes, las masas podrían pensar algo falso, o algo que debería ser falso: que el Gobierno favorece a los ricos”.
