Es una guerra abierta contra las audiencias y sus derechos, pero es una lucha desigual.

De la mano con empresas de radio y televisión, el presidente Peña Nieto, la Cámara de Senadores, el PRI y sus partidos satélites, el PAN y ahora los diputados se arrepienten de haber impulsado uno de los ejes principales de la reforma estructural de telecomunicaciones y dan marcha atrás a los derechos de las audiencias.

Aunque saben que cuentan con el poder de hacer lo que les pega la gana con la ley, ni siquiera están dispuestos a escuchar a las organizaciones de sociedad vinculadas con el tema, a la academia y a quienes hemos tenido la experiencia de ser titulares de defensorías de las audiencias para tratar de convencerlos de los beneficios de estos derechos en el campo comunicacional y las positivas experiencias internacionales.

¿Para qué?, se preguntan, si lo que urge es el restablecimiento de las alianzas políticas con un sector de la industria en víspera de los procesos electorales. ¿Para qué?, seguramente se preguntan, si el tema no genera una amplia o robusta movilización ciudadana que impida los cambios legales o al menos los detengan durante un tiempo, además de que el Pacto por México murió hace mucho.

Por eso, a puerta cerrada, la Comisión de Radio y Televisión, que encabeza Lía Limón, aprobó la semana pasada la contrarreforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como un adelanto de lo que podría suceder durante estos días en el pleno de la Cámara de Diputados con la aplanadora priista y panista. Por eso, y sólo porque así conviene a sus intereses, no a las audiencias, el Poder Ejecutivo y el Senado, presentaron el pasado mes de enero controversias constitucionales en contra de los lineamientos aprobados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los artículos de la ley relacionados con estos derechos.

Desvinculados totalmente de la sociedad, el gobierno de Peña Nieto, partidos políticos y legisladores, se convirtieron en activos “promotores” de la libertad de expresión al nulificar los artículos de la nueva ley que supuestamente ponen en riesgo ese derecho, mientras México pasa a ocupar el primer lugar en América Latina en número de periodistas asesinados y agresiones a los medios de comunicación, como lo documentó la organización Artículo 19. En lugar de acabar con la impunidad por estos delitos, destinan recursos y tiempo para mutilar derechos fundamentales de las audiencias.

A DEFENDER EL ENGAÑO

Los funcionarios y los legisladores no defienden la libertad de expresión, como han argumentado, sino la posibilidad de seguir engañando a las audiencias con propaganda y publicidad insertada en un noticiario o en cualquier otro programa sin informarle a la audiencia que detrás de ese contenido hay un pago. Esto es así porque de una obligación para advertir que se distinga entre la publicidad y contenido de un programa, incluida en la ley, se podría pasar a la práctica de “abstenerse” de transmitir ese tipo de contenidos, sin que se prevea sanción alguna. También quieren quitarle a los radioescuchas y televidentes su derecho a recibir contenidos plurales, información veraz, los valores de la identidad nacional y aquello que se apegue a los fines establecidos en el artículo tercero constitucional, al tratar de eliminar de la ley esta obligación prevista en el artículo 256.

Paralelamente los legisladores desean defensorías de las audiencias a modo, que sean elegidas por los mismos concesionarios, aunque tengan conflicto de interés y no hagan su trabajo. Para evitar esto, la ley (aún vigente, claro) faculta al IFT para que a través de lineamientos “se establezcan las obligaciones mínimas que tendrán los defensores de las audiencias para la adecuada protección de sus derechos”, lo que incluye el establecimiento de requisitos deseables para que realicen su labor de manera independiente e imparcial. De aprobarse la contrarreforma, esta figura podría convertirse en una simulación en muchas estaciones de radio y televisión.

En cuanto al derecho de la audiencia de que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, los legisladores se han propuesto eliminarlo de la ley. El debate que particularmente este derecho generó hace semanas (una vez que el IFT publicó en diciembre de 2016 los lineamientos sobre los derechos de las audiencias y no cuando se aprobó la ley en julio de 2014) ha sido comprensible, pero se convirtió en un pretexto para expulsar del orden jurídico otros derechos de las audiencias y quitar facultades al IFT para dejar en letra muerta los avances regulatorios en esta materia.

IFT “SIN DIENTES”

Al IFT se busca despojarlo de la posibilidad de sancionar si hay un incumplimiento a los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias e incluso de ordenar la suspensión precautoria de transmisiones que violen la ley. Efectivamente, esta última atribución parece un exceso, pero su incorporación tiene su origen desde la misma Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de diciembre de 2014, en la que se considera la posibilidad de ordenar a los medios que “se abstengan de difundir información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la integridad, la dignidad u otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, reparen los daños que se hubieren ocasionado” (artículos 68 al 70).

El IFT, como la sociedad, fue ignorado por el Poder Ejecutivo y los legisladores. Pese a sus atribuciones constitucionales y de la ley, su pleno no muestra su propio músculo mientras se meten hasta la cocina de su casa. Su comunicado divulgado también la semana pasada es políticamente correcto, pero poco abona a la defensa de los derechos de las audiencias y sus obligaciones para garantizar lo dispuesto en los artículos 6º, 7º y 28º de la Constitución. Del órgano regulador esperamos la controversia constitucional si, como se prevé, sale adelante la contrarreforma.

Como bien explica Irene Levy, en El Universal (9 de abril), la contrarreforma es la tercera vía en caso de que las controversias constitucionales del presidente Peña Nieto y el Senado no prosperen, lo que es muy probable. Así que, a como dé lugar, se han propuesto desdibujar los molestos derechos de las audiencias y dejar sólo en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob) la regulación de los contenidos para que esta dependencia funcione como hasta ahora: sin ejercer sus facultades y atendiendo las exigencias de la industria y de los anunciantes.

El ejemplo más claro -lo explica Clara Luz Álvarez en Reforma (6 de abril)-, son los lineamientos de clasificación de programas de radio y televisión, emitidos por la Segob, que afectan a la niñez mexicana, como se ha concluido en el amparo concedido a la misma excomisionada de la Cofetel (véase mi artículo publicado en SinEmbargo el pasado 21 de febrero). Sin embargo, al gobierno no le importa lo que digan los jueces porque hay un interés todavía más superior: la política, el dinero y los triunfos electorales.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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