Gabriel Sosa Plata

Estos movimientos de GRC y de otros grupos radiofónicos han generado interpretaciones diversas. Por una parte, se habla de que la empresa realiza una reestructura para disminuir los gastos y mantener, por lo menos, los ingresos del año anterior. La información bursátil más reciente de la compañía revela que efectivamente los números no son tan favorables como quisieran sus accionistas.

Esperó más de siete horas su turno para abastecer con gasolina su auto. No lo logró.

Paralelamente se han presentado en la actual legislatura dos iniciativas. En una de ellas, el Diputado Mario Alberto Ramos, de Movimiento Ciudadano, propone modificar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para establecer un impuesto del 10 por ciento “a la enajenación de videojuegos que inciten o promuevan violencia explícita, apología del delito y delincuencia organizada, que se distribuyan en cualquier medio físico o digital”.

El nuevo escenario político nacional ha tenido y tendrá un impacto en la radiodifusión y en las telecomunicaciones

Las diputadas y los diputados están obligados a revisar con lupa este financiamiento y considerar las recomendaciones que al respecto han emitido organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los medios públicos de comunicación deben contar con un presupuesto estable y autonomía financiera que impida injerencias arbitrarias también del sector gubernamental”.

Estos reacomodos y otros que muy probablemente se concretarán en los próximos meses son consecuencia de los resultados electorales. He sostenido que si el PRI hubiese continuado en el poder, difícilmente se habrían abierto las puertas de la radio comercial e incluso de la radio pública a quienes no dejaron de denunciar la corrupción en el Gobierno de Peña Nieto y los gobernadores de su partido político.

En contraparte, si se sigue el guion del Presidente, los medios serán instrumentos y no actores fundamentales de la cuarta transformación. Marcar distancia entre ambos actores es obligado ante las nuevas circunstancias políticas. Los periodistas no deben ser amigos ni socios de los políticos. Es un principio ético que desde siempre se ha inculcado en el ámbito periodístico y por más buena onda que sea el Presidente aplicaría la misma consigna. Hacer periodismo en tiempos de una hegemonía política será un reto constante en los meses venideros.

Ayer, una importante cantidad de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas vinculadas a la comunicación y los derechos humanos, académicos, periodistas, especialistas, cineastas y artistas expresaron a través de un posicionamiento público, que “la participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debe de cambiar de inmediato”.

Estamos a días de conocer con más detalle cómo será la relación del futuro Gobierno con los medios de comunicación más allá de lo que hasta ahora se ha declarado sobre el respeto a la libertad de expresión de los periodistas, la nula injerencia en las líneas editoriales o que no se pondrán en práctica mecanismos de censura directa e indirecta.

Hasta ayer al medio día no se sabía el monto que pagará Televisa, lo que dio pie a un conjunto de especulaciones, que se alimentó por la ausencia, también hasta ese momento, de información de parte del IFT. En el caso de la televisora de Emilio Azcárraga el cuestionamiento ha sido mayor por su condición de agente económico preponderante en radiodifusión. ¿Se establecieron nuevas obligaciones a la empresa para mejorar las condiciones de competencia en la televisión abierta o se mantuvieron sin cambios sustanciales sus títulos de concesión?

Recuérdese que Vicente Fox y Felipe Calderón claudicaron en su objetivo de modificar la ley en la materia para promover mayor competencia, pluralismo e inclusión en la radio y la televisión, así como en la necesidad de establecer nuevas reglas democráticas en su trato con los medios impresos. Es más, en su haber están una mayor concentración en los mercados, la ley Televisa, el regalo del refrendo de las concesiones de televisión hasta el año 2021, las cabezas de los periodistas José Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui, entre otras “perlas”.

Alejandro Salazar relata que en esa ocasión, Azcárraga Milmo se encontraba “desbordando en todo momento de buen humor (lo que extrañó a muchos trabajadores de la transnacional) y haciendo gala de ironía”. El empresario encabezaba en sus instalaciones de San Ángel una ceremonia de entrega de reconocimientos a los protagonistas de la telenovela “Los ricos también lloran”, producción de Valentín Pimstein, por los resultados obtenidos en sus transmisiones en 40 países.

Pérez Cañedo informó vía Twitter que se despedía de la televisora, pero no ha explicado públicamente las razones. Sería positivo que lo hiciera en beneficio de la transparencia hacia las audiencias y para fortalecer a los medios públicos. Su testimonio tiene un enorme valor ante el cambio de Gobierno y la toma de decisiones sobre quién debe dirigir ese canal y hacia dónde deben estar encaminadas las prioridades en sus contenidos.

El futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido la Cuarta Transformación. La democracia, la justicia social y el combate a la corrupción son algunos de sus ejes fundamentales, pero será incompleta si no están incluidos los medios de comunicación.

Si José Antonio Meade, del PRI, hubiese ganado las elecciones presidenciales ¿la periodista Carmen Aristegui habría regresado a la radio abierta?

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