En la época en que Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) gobernó México, un presidencialismo como el que ahora vivimos en la administración de Enrique Peña Nieto, ambos priístas, ambos pertenecientes al grupo político Atlacomulco, los gobernadores caían y las elecciones se anulaban. Era aquella, acaso lo es ahora también, una forma de, por un lado, imponer la figura presidencial entre los políticos priístas y los contrincantes ideológicos, y por otro, las gubernaturas fueron prenda de negociación.

No existía una Ley Electoral tan clara como la de ahora, como tampoco la organización de las elecciones estaba en un órgano ciudadano; todo el engranaje político electoral correspondía a la Secretaría de Gobernación, la posición número dos del Gobierno de la República, la misma que antes, como ahora, manejaba la seguridad y con ello a la Policía.

Ilegitimo su triunfo a la luz popular, Carlos Salinas de Gortari dio varios golpes políticos para legitimarse en la silla del águila; metió a la cárcel a políticos y criminales, tumbó gobernadores y anuló elecciones, amén de las medidas económicas, financieras y reformistas que le permitieron llevar su gobierno durante cinco años (al final, en 1994 se empezó a desmoronar) de una forma decorosa.

Enrique Peña Nieto no ha sido ajeno a ese ejemplo. Ilegítimo también el triunfo de Peña a la luz de la sospecha de la compra de votos que fue desestimada en Tribunales, como Presidente de la República inició con acciones estratégicas como el ánimo reformista que le llevó, de la mano de los partidos políticos a los cuales convenció, a la aprobación de sus renovaciones estructurales, pero dicho “logro” le duró apenas unos par de años. Al Presidente se le descompuso todo en 2014. Le sucedieron los casos de corrupción que lo tocaron de cerca a él y a su familia, los actos de violencia como el de Ayotzinapa, la inseguridad producto de los cárteles de la droga, las ejecuciones que se cuentan por decenas de miles, la crisis económica, la sistemática devaluación de la moneda mexicana, y se coronaron con la llegada de Donald Trump y sus ansias de muro y una política antimigrante e impositiva hacia México, y ahora para seguir acumulando desaciertos y exhibiciones presidenciales, las fugas de “El Chapo” y el espionaje del gobierno.

En el inter de tales acontecimientos que han marcado de una manera negativa, de forma pública, imaginativa y definitivamente de opinión, la Presidencia de Enrique Peña Nieto, recurrieron al mismo birlo del sexenio salinista: los gobernadores y las elecciones. Solo que en este caso son ex gobernadores.

Mientras Carlos Salinas depuso Gobernadores. A Víctor Manzanilla Schaffer en Yucatán, a Mario Ramón Beteta en el Estado de México, a Xicoténcatl Leyva Mortera en Baja California, a Guillermo Cossío Vidaurri en Jalisco, a Patrocinio González Garrido Blanco de Chiapas.

También depuso candidatos ganadores. En 1991 en Guanajuato el PRI postuló a Ramón Aguirre Velázquez al gobierno de aquel estado; Aguirre había sido nombrado por Salinas en la Lotería Nacional y de ahí ya se hacía Gobernador. Pero el candidato del PAN, Vicente Fox Quesada, denunciaría el fraude electoral, y haría una enorme campaña por ello. Entonces la autoridad ni sentenció al respecto, nada de investigar. En su defecto, se dice que el Presidente “convenció” al ganador que lo mejor era retirarse, y Ramón Aguirre obedeció. Declaró que ante las circunstancias no tomaría posesión, el Congreso del Estado de Guanajuato nombró un interino y sanseacabó.

Lo mismo hizo en San Luis Potosí en el mismo año. El candidato del PRI, Fausto Zapata, se alzó como “el triunfador” y hasta tomó posesión del cargo, pero el abanderado del PAN no seconformó. Don Salvador Nava inició la “Marcha por la Dignidad”, de San Luis Potosí a Ciudad de México, y en cuestión de semanas Fausto Zapata renunció (en el presidencialismo era renuncia y no licencia como marcaba y marca la Ley).

Ahora, el Presidente Enrique Peña Nieto intenta hacer lo mismo. Lo intenta, porque no ha depuesto a gobernador alguno, pero sí investiga y mantiene aprehendidos (aun en otros países), a varios ex Gobernadores, mayormente de su partido. En parte con la óptica de demostrar un combate a la corrupción (así sea en el Estado ajeno), y en otra para tener punto de negociación con los partidos políticos, pues ya todos, y no nada más el PRI, tienen gobernadores (en el salinato el primero fue Ernesto Ruffo Appel en Baja California).

Las elecciones, a vox populi, son y han sido, también prenda de negociación. Desde las candidaturas se definen los “ganadores”, un mal candidato para perderla seguro, un buen abanderado para apabullar en las urnas lo que no se acordó en la mesa de negociaciones, o una alianza o coalición para derrocar al que no se quiso alinear. Pero ahora, en Coahuila, el Presidente Peña Nieto está en el umbral de la anulación de una elección a Gobernador.

De hecho, el Instituto Nacional Electoral, en manos a veces ciudadanas, dio la pauta y difícilmente podrá echarse atrás (¿Acaso ese es la idea?) para anular la elección de Coahuila, probando violaciones a la Constitución por parte de los candidatos del PRI y del PAN. Los ojos entonces se quitan de la elección del Estado de México y el triunfo increíble (e improbable que fue) del primo del Presidente, y se concentran en Coahuila. Linda forma de pasar página y región.

De acuerdo al Artículo 41 de la Constitución, “La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

“a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

“b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

“c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

“Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

Considerando que la diferencia entre el priísta Miguel Riquelme (482 mil 891 votos) contra el panista Guillermo Anaya (452 mil 31 mil votos), es de apenas el 2.5 por ciento, y considerando también que excedieron por 31 y 26 por ciento respectivamente el tope de campaña fijado en 19 millones 242 mil 478 pesos con 57 centavos, están que ni mandados a hacer para ser la prenda de negociación.

Por ahora los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, no han cedido y todos los días pegan de gritos acusándose unos a otros de ser más sucios que el propio (nadie se salva de la corrupción electoral), pero la Comisión de Fiscalización del INE será difícil que de manera creíble, plausible y precisa, exonere a alguno de los dos excedidos y por lo tanto violadores de la Constitución.

Si así están las cosas, la elección para Gobernador en Coahuila se anula, y los contendientes actuales no podrán participar en la que sigue. Tanto PRI como PAN saldrán perdiendo para ganar otra cosa. Las negociaciones con las gubernaturas como prenda apenas empiezan en la recta final del sexenio peñista, en la que se vislumbra ya el turbio toma y daca que habrá de trazar el camino hacia Los Pinos.

Adela Navarro Bello

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