Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil, locales y nacionales, denunciaron la persistencia en “la violencia feminicida” que se vive en el estado de Hidalgo, por lo que exigieron la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para que se proteja a las mujeres y se investigue y diagnostique esta problemática.
De acuerdo con las asociaciones, en 2013 se tuvo el registro de 17 feminicidios mientras que en lo que va del presente año se han contabilizado 12, de los cuales, en sólo 4 se identificó a los “presuntos culpables” quienes no han sido sentenciados.
“En el estado de Hidalgo, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho que dista mucho de ser garantizado por las autoridades responsables. […] Consideramos que todo asesinato de mujeres en el estado, y a nivel nacional debe ser investigado y tomado como un feminicidio hasta que las investigaciones periciales con perspectiva de género, ratifiquen tal afirmación o la desechen”, dice un pronunciamiento firmado por la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Católicas por el Derecho a Decidir, Constituyente Feminista de Hidalgo y la Academia Hidalguense de Derechos Humanos.
Los organismo recordaron que en abril pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) emitió 10 recomendaciones al Estado de Hidalgo, las cuales pidieron sean abiertas a la opinión pública para valorar la actuación del gobierno de José Francisco Olvera Ruiz. Asimismo denunciaron la carencia de un mecanismo de seguimiento y evaluación a dichas recomendaciones.
Las ONGs refirieron que hasta el momento en Hidalgo no existen protocolos de investigación para el delito de feminicidio, ni la desaparición de mujeres. Acusaron que los lineamientos que el Estado ha establecido para la investigación de los feminicidios, no están publicados ni disponibles para ser revisados y evaluados bajo la perspectiva de género.
“La PGJEH cuenta con una Fiscalía Especializada en Delitos de Género que carece de suficiencia presupuestaria para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, razón por la que consideramos se debe crear una Subprocuraduría especializada en delitos de género, que cuente con las herramientas necesarias para garantizar el acceso a la justicia eficaz, efectiva y expedita en los delitos contra mujeres”, pidieron las organizaciones civiles.
Además manifestaron su inconformidad con la falta de perspectiva de género en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que solicitaron a las autoridades correspondientes a que abran el mismo a las organizaciones.
UNA ALERTA NUNCA DECLARADA
La Alerta de Violencia de Género (AVG) creada en marzo de 2008, se puede solicitar al gobierno federal por medio de organismos de la sociedad civil para investigar hechos que perturben la paz social por delitos cometidos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres en un territorio determinado.
En cinco años nunca ha sido decretada.
Ello, a pesar de que formalmente organizaciones la han pedido dos veces en Guanajuato, una en el Estado de México, otra en Hidalgo y una más en Nuevo León. El año pasado fue solicitada en Hidalgo y en Guanajuato.
De acuerdo con el Reglamento modificado en noviembre pasado, ahora será un grupo multidisciplinario compuesto por funcionarias y académicas, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y “una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate”, es decir alguien del instituto de la mujer estatal, los que determinen si en un estado hay hechos contra las mujeres que perturben la vida y seguridad de las mujeres.
En caso de ser así, entonces se harán recomendaciones a los gobernadores estatales para que en un plazo de seis meses las cumplan. Si en ese lapso las han incumplido entonces se decretará la AVG. Si nunca acepta las recomendaciones, no será necesario esperar los seis meses, sino que se decretará la AVG.
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género es parte del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada el 11 de marzo de 2008, firmada por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
