Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).– Su nombre es Mirna del Carmen Solórzano, vive en El Salvador. Desde el 22 de agosto de 2010 busca desesperadamente un indicio, una prueba, algo que le confirme que las cenizas que recibió del gobierno mexicano pertenecen a su hija, Glenda Yaneira, una de las 72 personas migrantes masacradas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, presuntamente a manos de Los Zetas.

“Yo me siento desesperada, buscando a mi hija porque no tengo ninguna prueba, tengo dudas de todo lo que han hecho porque nunca me buscaron a mí; a mí nunca me entregaron evidencias, no tengo ninguna foto. Sigo con las dudas, buscando a mi hija”, afirmó la madre de la migrante centroamericana en la sede del Senado de la República.

Acudió al recinto legislativo ubicado en Paseo de la Reforma para solicitar a los senadores que llamen a comparecer a Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su probable responsabilidad en la violación de derechos humanos de los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando.

El Padre Pedro Pantoja Arreola, de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, detalló que las masacres continúan en diversas partes del país, sin que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto.

“El clímax de la crueldad social fue la masacre en San Fernando en agosto de 2010, cuando fueron asesinados 72 migrantes. Ahora no se trata solamente de robar migrantes, de despojarlos, sino de exterminarlos. Esto abrió el cauce de un holocausto, que siguió después con la masacre de las fosas de Tamaulipas, cerca de 200 cadáveres; las fosas de Cadereyta, 49 cadáveres mutilados. Es una memoria histórica que no puede ser olvidada”, afirmó.

Mirna habló en nombre de las seis familias centro y sudamericanas que aún esperan tener la certeza de que los restos que les entregaron, efectivamente pertenecen a sus familiares.

La madre reclamó principalmente que la CNDH no verificó que se respetara el derecho de los familiares a ver los restos, ni preguntó si estaban conformes con la entrega de los mismos, a pesar de que tenía los medios y la obligación de hacerlo.

“Que nos rinda cuentas [Raúl Plascencia], el por qué no investigaron los derechos, y por qué no nos tomaron en cuenta a los familiares como víctimas. Por qué la CNDH nunca me buscó como madre, nunca buscó a otros familiares para tomarnos en cuenta”, reprochó Mirna del Carmen Solórzano.

Para apoyar los dichos de la mujer centroamericana, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, detalló el motivo de la solicitud de comparecencia de Luis Plascencia Villanueva ante el Senado, así como los argumentos para llamar a cuentas al Presidente de la CNDH.

Algunas de las principales violaciones cometidas en el proceso de investigación en el caso de la masacre de San Fernando son:

• La CNDH no verificó, ni garantizó que los restos fueran identificados conforme a los protocolos científicos internacionalmente reconocidos, que les fueran entregados correctamente a las familias, junto con la información donde se demostrara científicamente el proceso de identificación y sin que a ellas les quedara duda alguna.
• No vigiló que el estado hiciera una investigación eficaz   de los hechos, no se pronunció en modo alguno sobre eso no recomendó que se hiciera.
• Sobre la identificación de los cuerpos, desde el primer momento vio que las autopsias estaban mal realizadas, tan es así que envió medidas cautelares, pero no controló que se subsanaran las irregularidades, y tampoco vigiló que las identificaciones se realizaran de forma correcta.
• La Comisión no asesoró a los familiares de las víctimas frente a las autoridades responsables. No verificó que se respetara su derecho a ver los restos, ni preguntó si estaban conformes con la entrega de los mismos.
• Durante el proceso de investigación, los familiares de las víctimas no formaron parte, no fueron entrevistados, no pudieron aportar pruebas, y no fueron escuchadas sus denuncias y demandas.
• La CNDH no estableció con claridad los hechos violatorios dentro de sus facultades de investigar violaciones a los derechos humanos.
• No ejerció sus facultades para evitar que la PGR  violara los derechos de las víctimas, aunque las organizaciones de la sociedad civil enviaron escritos explicando que con esta acción se violentaban derechos de las víctimas
• La Comisión tampoco garantizó que los familiares pudieran ver los restos de las víctimas conforme a las reglas de acompañamiento que establece el derecho internacional.

NO SE INVESTIÓ CON SUFICIENCIA

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; el padre Pedro Pantoja Arreola, de la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila; Fray Tomás González Castillo, de la Casa del Migrante “La 72”, acompañados por más de 150 organizaciones defensoras de los derechos humanos y en temas de migración, firmaron la solicitud de comparecencia.

Todas juntas tienen el mismo reclamo: a más de tres años de la masacre de San Fernando , Tamaulipas, no se ha hecho justicia, la CNDH no ha investigado de forma exhaustiva los hechos, ni las autoridades correspondientes han fincado responsabilidades a los servidores públicos que por omisión han retardado la impartición de justicia o la reparación del daño.

“Pedimos al Senado también que requiera al titular de la CNDH para que […] se le solicite que inicie una nueva investigación por las violaciones graves, incluyendo entre otras: la desaparición, ejecuciones y demás violaciones cometidas directamente en contra de 72 o 74 personas migrantes, incluyendo los sobrevivientes, y las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra familiares de las víctimas que no han tenido ninguna posibilidad de acceder a la justicia en México”, afirmó Ana Lorena Delgadillo,  de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

PRD SOLICITARÍA COMPARECENCIA

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado anunció que preparará el punto de acuerdo por el cual solicitará la comparecencia de Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de que explique pormenores de la investigación de la masacre de San Fernando.

“Uno de los compromisos que asumimos, aparte de difundirlo en todo el Senado, es que vamos a presentar un punto de acuerdo para pedir la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que dé cuenta de este documento y de las diligencias que desarrollo para su esclarecimiento”, adelantó el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Encinas aclaró que la comparecencia sería exclusivamente para responder preguntas en torno a la recomendación emitida por la CNDH, el 23 de diciembre de 2913, tres años y cuatro meses después de los lamentables acontecimientos en Tamaulipas.

“Ya habrá tiempo después de discutir todos los programas que vaya presentar el gobierno [en materia de migración], pero nos debemos concentrar en una respuesta clara, sobre cuáles fueron los fundamentos de la Comisión para no emitir una recomendación, hacer las investigaciones que requería no solamente los análisis periciales forenses adecuados, sino el esclarecimiento y deslinde de las responsabilidades”, precisó.

Más explícita, la Senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Layda Sansores San Román, sostuvo que le preocupa la “tibieza” por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la hora de atender este caso y otros casos de fosas clandestinas, en lo que calificó como un “holocausto” y una “política de exterminio” contra los migrantes mexicanos y centroamericanos.

“Nos preocupa porque hoy el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que convertir a la institución en contrapeso, y hacer los señalamientos con todo rigor (…). Preocupa porque cuando están más dedicados por ver cuándo se reeligen, entonces  se vuelven obsecuentes y van a rendir informes a Los Pinos”, destacó la legisladora.

Por su parte, la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló que su bancada podría avalar la solicitud de comparecencia de Plascencia Villanueva.

La también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta indicó que su bancada estudiará el punto de acuerdo porque el PRI está interesado en atender todas las violaciones sistemáticas que se han realizado a los derechos humanos de los migrantes.

“En este punto de acuerdo que estaríamos considerando la posibilidad de que lo pueda firmar, no solamente una comisión, sino todos los senadores y senadoras que lo acepten, podríamos incluir también una consideración de que se contemple la correcta coordinación, entre estados, municipios y la federación, para esclarecer cualquier violación a los derechos humanos de migrantes”, dijo.

EL AMPARO

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho calificó como “parcial” y “violatoria” de los derechos humanos de los familiares de las víctimas la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió por la masacre de 72 migrantes en San Fernando, emitida en diciembre del año pasado.

Incluso, interpuso un amparo contra la recomendación y el proceso de investigación de la CNDH ante el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el 17 de enero de este año.

La Fundación, junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos resaltaron tres importantes fallas en la recomendación de la CNDH: violaciones al principio por persona establecido en el Artículo 1º constitucional; violaciones a los derechos de las víctimas y la sociedad; así como la inconstitucionalidad de que no exista un mecanismo de inconformidad o impugnación en contra de las recomendaciones de la CNDH, cuando sea ésta quien viole los derechos humanos.

En otras palabras, la Comisión falló al no haber calificado como grave violación a los derechos humanos, los hechos de San Fernando, minimizando así, los impactos en los familiares de las víctimas.

La Comisión violó los derechos reconocidos en el marco nacional e internacional de protección a los derechos de las víctimas, al no asesorar a los familiares, ni acompañarlos a la recepción de los restos o en apoyar a quienes tuvieron dudas sobre lo que estaban recibiendo.

Finalmente, la CNDH falló al no recomendar a las autoridades federales y estatales la reparación de los daños causados por las violaciones a sus derechos humanos, ni apeló a la Ley General de Víctimas para promover la reparación.