Este jueves, un juez federal aprobó la extradición a Estado Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, luego de que su defensa impugnó los acuerdos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con información difundida en la prensa nacional.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo/EFE).–El juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera el amparo y protección de la justicia contra las órdenes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para extraditarlo a Estados Unidos.

El juez negó cinco amparos a Guzmán Loera con los que su defensa buscaba evitar su extradición.

En dos casos resolvió negar la protección y amparo de la justicia federal, mientras que los tres restantes determinó sobreseer los juicios.

La Procuraduría General de la República (PGR) mencionó que ya fue informada de la resolución del juez y que se mantendrá atenta al procedimiento hasta que dichas resoluciones queden firmes.

“La PGR se da por enterada de dicha determinación e informa que se mantendrá atenta a la continuación del procedimiento hasta que dichas resoluciones queden firmes”, indicó la dependencia.

Los abogados del líder del cártel de Sinaloa anunciaron en septiembre pasado que si el juez les negaba los amparos, impugnarían ante un tribunal colegiado, lo que a efectos prácticos implicaría un nuevo análisis del caso que duraría “entre tres y seis meses”.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, estimó el viernes pasado que la extradición de Guzmán se concretará en enero o febrero próximos, una vez el Poder Judicial resuelva las impugnaciones a la extradición de la defensa.

El capo, recluido en una prisión de Ciudad Juárez, afronta en la corte de Texas cargos por los delitos de asociación delictiva, contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero.

En tanto, en la corte de California es acusado de asociación para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.

Desde el pasado 20 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradición de “El Chapo” a las cortes federales de los distritos Sur de California, en San Diego, y Oeste de Texas, en El Paso, por una orden de aprehensión girada desde 1996 por el delito de asociación delictuosa e importación y exportación de cocaína con la intención de distribuirla, y por otros cargos de homicidio, lavado de dinero, delito contra la salud, delincuencia organizada, asociación delictuosa y posesión de armas.

A pesar de que sólo se presentaron dos procesos de extradición, Guzmán también enfrenta acusaciones de las fiscalías de Chicago, Nueva York y Miami.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos garantizó a México, mediante cartas de intención, que no aplicará a “El Chapo” la pena de muerte en caso de ser hallado culpable del delito de homicidio.

El líder del cártel de Sinaloa, recapturado en enero de este año, ha escapado de dos cárceles de máxima seguridad mexicanas, en 2001 y 2015.

En la última ocasión se fugó a través de un túnel que comunicaba el exterior con su celda del penal del Altiplano, en el central Estado de México, a la que regresó en enero pasado hasta que en mayo fue trasladado a una penal de Ciudad Juárez, fronteriza con EU.

DEFENSA DE “EL CHAPO” APELARÁ 

La defensa de Joaquín “el Chapo” Guzmán confirmó hoy que recurrirá la decisión de un juez mexicano de negar dos amparos interpuestos para frenar la extradición del capo a Estados Unidos.

A partir del próximo martes, la defensa tiene diez días hábiles para solicitar la revisión del fallo ante un tribunal colegiado, dijo hoy a Efe Andrés Granados, quien encabeza la defensa del líder del cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Granados, de estos cinco amparos tramitados por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, únicamente dos de ellos estaban relacionados directamente con la extradición, mientras que los tres restantes trataban “otras cuestiones”.

“Esos (tres) amparos que se sobreseyeron eran contra el traslado (de penal), contra el aislamiento, pero los que determinaban la situación de la extradición era el número 644 y 645 de 2016”, señaló el abogado.

Dijo que la nueva resolución podría tardar “otros tres meses, cuatro meses”, e incluso “un año”.

El abogado aseguró que, en el caso de perder la revisión ante el tribunal colegiado, seguirán otros caminos: pedirán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuma el caso y, si es necesario, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).