Por corrupción, los partidos políticos son la institución menos confiable para los mexicanos: IMCO

21/05/2015 - 12:04 am

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– A 18 días de que se lleve a cabo la jornada electoral intermedia, en la que se elegirán a nueve gobernadores, así como a legisladores y autoridades municipales, los mexicanos tienen una alta desconfianza casi en la totalidad de las instituciones por motivos de corrupción, siendo los partidos políticos los más afectados: el 91 por ciento de la población no confía en ellos.

Los resultados del estudio “México: anatomía de la Corrupción”, elaborado por María Amparo Casar Pérez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de la mano del Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO), plantean que estos grados de desconfianza son preocupantes ya que están depositados en los organismos que, en teoría, son los pilares de la democracia representativa, sistema con el que sólo el 27 por ciento de la población se siente satisfecho.

Otro dato de la investigación revela que el 83 por ciento de los mexicanos no confía en sus legisladores, y el 80 por ciento tiene recelo en las instituciones del sistema judicial.

“El desprestigio de los partidos políticos no es sólo producto de la corrupción, sino que es un fenómeno que responde a diversos factores, pero es muy preocupante que estas dos instituciones (partidos políticos y cámaras legislativas) sean las más desprestigiadas. Al ser las más cuestionadas por la ciudadanía, podríamos estar muy cerca de una crisis social e institucional muy seria […] No sólo se trata de exhortos a la cultura de la legalidad o al comportamiento ético que nos deben nuestros representantes populares, sino una cuestión de sobrevivencia del Estado mexicano. Los candidatos que quieren ganar las elecciones, ganar el poder, deben darse cuenta que la corrupción es algo que está valorando la ciudadanía”, comentó al respecto la investigadora.

Los niveles de percepción de la corrupción en instituciones de gobierno son las más altas en comparación con países como Brasil, España, India y Estados Unidos. La institución en la que más se desconfía, después de los partidos políticos, es a la policía, le siguen servidores públicos, el Poder Legislativo, Poder Judicial y el Ejército.

Lo mismo sucede con las instituciones encargadas de la procuración de justicia; el nivel de desconfianza de la policía de tránsito es de 78 por ciento, de 65 por ciento en ministerios públicos, 64 por ciento en jueces, 55 por ciento en la Policía Federal y 15 por ciento en la Marina.

De acuerdo con la investigación, una de las características de los actos de corrupción en el país es la impunidad, que lejos de haber disminuido se ha mantenido. “La única explicación a esta realidad es que los nuevos jugadores de la política han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida y que les resulta más rentable no llamar a cuentas a los adversarios si estos tampoco los llaman a cuenta a ellos”, puede leerse en el estudio.

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Según datos del Censo de Impartición de Justicia de 2014, del 100 por ciento de averiguaciones previas que fueron levantadas ese año, sólo el 2 por ciento de las referentes a los delitos cometidos por servidores públicos tuvieron como castigo la cárcel.

En el mismo sentido, otra investigación del CIDE realizó una comparación entre gobernadores de Estados Unidos y México en cuanto a los castigos por actos ilícitos. De 2000 a 2013, 41 gobernadores mexicanos tuvieron acusaciones en su contra por actos de corrupción y sólo en 16 casos se inició un proceso de investigación, pero sólo cuatro fueron detenidos.

En Estados Unidos, los nueve gobernadores que fueron acusados en ese mismo periodo fueron sometidos a investigaciones y posteriormente, se les detuvo.

PROBLEMA EN AUMENTO

María Amparo Casar y los investigadores del CIDE y el IMCO. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
María Amparo Casar y los investigadores del CIDE y el IMCO. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Casar Pérez incluyó en su investigación un dato obtenido a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, que coloca a la corrupción en el tercer lugar con 48 por ciento de las menciones entre los mexicanos, ubicándola por debajo de temas como la inseguridad (70 por ciento) y el empleo (51 por ciento),  y antes de la pobreza (39 por ciento).

En cuanto a la percepción en las 32 entidades federativas el índice promedio se ubica en 85 por ciento, siendo Querétaro el mejor calificado con 65 por ciento y el Distrito Federal el peor con 95.3 por ciento.

El estudio abonó con otra medición sobre el aumento de la percepción del tema de la corrupción entre los mexicanos, que es el del tratamiento informativo de los medios de comunicación. Entre 1996 y 2014, el número de menciones de la palabra ‘corrupción’ pasó de 502 notas periodísticas y 27 titulares, a 29 mil 505 notas y 2 mil 587 titulares.

Las causas son diversas, estimaciones del Banco Mundial (BM) ubican a México como uno de los más corruptos, situándolo en el lugar 127 de 175 que integran la lista, ya que ha obtenido calificaciones de 39 puntos de 100 posibles.

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Los esfuerzos de México para combatir la corrupción han sido fallidos. Desde 2004 las inversiones y el gasto destinado a combatir estas prácticas ha aumentado cada año. Pero las tasas de impunidad siguen siendo inadmisibles, consideró la investigadora.

Y es que desde 1982 se han creado diferentes organismos de combate a estas prácticas, como secretarías de contraloría, tribunales de justicia fiscal y administrativa, y más recientemente, el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción creado este año.

Tomando en cuenta el presupuesto destinado al Instituto Federal de Acceso a la Informción y Protección de Datos (Ifai), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR, registramos que entre 2004 y 2015 hubo un aumento de 97 por ciento. Sin embargo la calificación en el índice de percepción quedó intacto, “se gasta más pero no se gasta mejor”.

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Daniela Barragán
Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.
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