Charlotte (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Organizaciones de defensa de los derechos civiles, bajo el liderazgo de la Unión de Libertades Civiles (Aclu) de Carolina del Sur, anunciaron hoy que interpondrán una demanda en el caso que la gobernadora del estado firme la ley SB20.
El legislativo aprobó ayer la medida, que emula a la controvertida SB1070 de Arizona, que permite a la Policía revisar el estado migratorio de los detenidos y obliga a las empresas a comprobar la legalidad de los nuevos trabajadores con el uso del E-Verify.
La gobernadora republicana Nikki Haley ha reiterado en diversas ocasiones que está dispuesta a ratificar la ley que, a su criterio, combate la inmigración ilegal del estado.
“Es muy lamentable que los legisladores hayan convertido en una prioridad en la sesión del verano pasar esta ley, en medio de una crisis de presupuesto, y que nos regresa a la época de la lucha de los derechos civiles”, enfatizó Victoria Middleton, director de Aclu en Carolina del Sur.
En un comunicado, los grupos acusan a la SB20 de ser una ley discriminatoria y que viola la Constitución al motivar el perfil racial hacia los latinos y otros grupos con base en su aspecto físico y su acento.
“Bajo esta legislatura, la Policía está obligada a pedir ‘papeles’ a las personas que detengan y sospechen que se encuentran sin autorización en el país”, destacó el comunicado.
Dan Werner, director del Proyecto de Justicia del Southern Poverty Law Center, reiteró que su organización se unirá a Aclu y al National Immigration Law Center para preparar en conjunto una demanda que detenga la medida.
“Hemos visto como las cortes han bloqueado la ley de Arizona. Continuar con la SB20 en Carolina del Sur costará dinero a nuestro estado que no lo tiene y que ha visto recortes en programas esenciales”, enfatizó Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Applessee de Carolina del Sur.
Las organizaciones no dieron a conocer más detalles de lo que incluiría la acción legal. EFE
