En el informe “Acuerdo Global UE-México: ¿derechos humanos o intereses comerciales?” se acusa a la UE de no aplicar las cláusulas de suspensión del tratado en materia de derechos humanos que ya existen en el presente acuerdo con México, lo que se define como “una decisión política”.

El texto, además, apunta directamente contra empresas españolas que “se están aprovechando de los privilegios que el tratado confiere a las transnacionales europeas”, como Aigües de Barcelona por “vulnerar el derecho al acceso a agua potable” o a Gas Natural Fenosa por “expulsar a indígenas que vivían donde instalan sus parques eólicos”.

Bruselas, 22 nov (EFE/SinEmbargo).- Activistas mexicanos acudieron al Parlamento Europeo (PE) para reclamar que la renovación del tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y México esté supeditada a la inclusión de “cláusulas vinculantes para evitar la vulneración de derechos humanos”.

“No se debería firmar el acuerdo mientras no se manifieste por parte del Gobierno mexicano la voluntad de cumplir con los derechos humanos”, denunció Olga Guzmán, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en una rueda de prensa en el PE.

La activista mexicana visitó el PE para participar en la conferencia “Acuerdo Global UE-México: ¿derechos humanos o intereses comerciales?”, organizada por los eurodiputados españoles Josep-María Terricabras (ERC) y Estefanía Torres (Podemos).

El propio parlamentario de ERC también solicitó un informe al PE que presentó hoy mismo, en el que se acusa a la UE de no aplicar las cláusulas de suspensión del tratado en materia de derechos humanos que ya existen en el presente acuerdo, lo que se define como “una decisión política”.

“En el Parlamento Europeo se han denunciado en diversas ocasiones violaciones de los derechos humanos en México, desde incrementos alarmantes de beneficios hasta una escalada de violencia en 2016”, denuncia el informe, que señala estos casos “son suficientes para aplicar las cláusulas”.

El texto, además, apunta directamente contra empresas españolas que “se están aprovechando de los privilegios que el tratado confiere a las transnacionales europeas”, como Aigües de Barcelona por “vulnerar el derecho al acceso a agua potable” o a Gas Natural Fenosa, por “expulsar a indígenas que vivían donde instalan sus parques eólicos”.

El eurodiputado ponente de este informe, el propio Terricabras, denunció en rueda de prensa que “se está desatendiendo la cuestión de los derechos humanos en la negociación del tratado con la excusa de apresurarse ante la nefasta influencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.

Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Estefanía Torres, criticó “la fe ciega en la potencia socializadora de los tratados comerciales que tiene en la UE” y que en estos “muchas veces se anteponen los derechos de las multinacionales a los de la ciudadanía y a los de los agricultores locales”.

De esta forma, la parlamentaria pasó a asegurar que su formación “sólo apoyará tratados que defiendan los derechos fundamentales a través de cláusulas y compromisos” y que el comercio “prospera cuando se da en condiciones de igualdad”.

EON ENTREGÓ TIERRAS DE INDÍGENAS

El primero de junio de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) e instruyó a la Secretaría de Hacienda a emitir los decretos de creación de las primeras tres zonas: la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, la de Puerto de Lázaro Cárdenas, y la de Puerto de Chiapas.

Ese cambio legal, “legitima un despojo de tierras de propiedad comunal. Perderlas es perder nuestra forma de vida. Encima, agentes privados de las empresas determinarán el precio a las tierras, y los municipios serán quienes las subsidien con su infraestructura”, acusó entonces Valencia Nuñez, miembro de APOYO. “Las ZEE van a tener un fuerte impacto en la región”.

Al estar dentro de la Zona Económica Especial, será posible expropiar las tierras sin límites. Aunque el artículo 30 de esa legislación declara esta ley como “de utilidad pública”, los “proyectos son pensados para empresas privadas”, expuso APOYO.

Asimismo, además de “obligarlos” a vender sus tierras al gobierno o a las compañías, “ellos decidirán su costo”; y, de acuerdo con el artículo 9 y 10, el presupuesto municipal “que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la población, deberá subsidiar los servicios públicos que utilicen las empresas y estarán obligados a darles las facilidades para que ocupen su tierra, destruyan su cultura y medio ambiente”.

En el Istmo de Tehuantepec hay agua y viento en cantidades importantes. En el 2002 se determinó que tiene un potencial para generar 33 mil mega watts de energía eólica, de acuerdo con el investigador y asesor de las comunidades indígenas, Alejandro Castaneida. El dato fue “el banderazo de salida para la inversión directa en la región”, dijo.

En el 2015 y en el marco del cambio climático, se implementó la Ley de Industria Eléctrica. El gobierno “abandonó” la responsabilidad de abastecer de energía al país y le pasó la estafeta a las empresas, expuso el científico.

La Secretaría de Energía (Sener) realizó en junio de 2016 la segunda subasta de proyectos de energía renovable, entre los cuales se adjudicó el parque eólico “Gunaa Sicarú” (mujer bonita) en Oaxaca.

En el Istmo de Tehuantepec, donde pegan vientos fuertes, hay 25 parques eólicos ubicados en entre 70 y 100 mil hectáreas. Pero, dijo Cruz, en ninguno de ellos se realizó una consulta previa e informada para implementarlos, por lo que viola sus derechos humanos.

-Con información de Dulce Olvera