CIDH expresa preocupación por institucionalización de menores

23/04/2014 - 5:07 pm

México, 23 Abr. (Notimex).- La Comisionada y Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, expresó que para este organismo es de “especial preocupación” la persistencia del modelo de institucionalización de niñas y niños sin cuidados parentales.

“Este modelo supone el funcionamiento de grandes instituciones residenciales que mantienen bajo su cuidado a un elevado número de niños, sin muchas posibilidades de prestarle una atención personalizada y de calidad, lo cual repercute negativamente en su desarrollo”, dijo.

Al presentar el informe “Derecho del niño y la niña a vivir en familia” elaborado por este organismo, explicó que regularmente estas instituciones operan en regímenes cerrados que restringen innecesariamente el contacto del pequeño con su entorno habitual, además de no promover adecuadamente su reintegración familiar y social.

En el Senado de la República, Rosa María Ortiz comentó que de acuerdo con el documento evidencia que la institucionalización del menor lo expone a mayores riesgos de sufrir diversas formas de violencia, abuso, negligencia o explotación, a diferencia de otros que están en otras modalidades de cuidados alternativos.

Señaló que la mejor manera de evitar la institucionalización de los menores es fortalecer a la familia y a nivel local a su comunidad, “para que los niños y niñas sean de todos, de la comunidad, que no haya familias ni comunidades que expulsen a los niños”.

Refirió que entre las principales causas de la separación del menor de sus hogares están las limitaciones materiales de la familia a la pobreza y la exclusión social, la violencia, así como la renuncia al cuidado y el abandono.

El informe alerta que la pobreza no puede ser por sí sola la causa de la separación de niños de sus padres, sino considerarse como un indicio para tomar medidas para apoyar a la familia, así como la sobrerepresentación institucional de niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad.

“Lo cual amerita una atención especialísima del Estado para revertir esta situación y asegurar el derecho a la familia de estos niños y niñas”, manifestó.

Puntualizó que el concepto utilizado por la CIDH para referirse a la familia en el informe no se reduce al “vínculo matrimonial, ni a un concepto cerrado, unívoco e inamovible”, ya que no existe un concepto tradicional o limitado ya que esto interferiría al derecho a la vida privada de las personas.

Esto, apuntó, porque en la sociedad actual existen y conviven diversas modalidades de vínculos de carácter familiar.

En su oportunidad Juan Martín Pérez García, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), alertó que en el país se desconoce el número exacto de menores que se encuentran en cuidados alternativos en albergues.

Reportó de acuerdo a cálculos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) son 28 mil niños, sin embargo, apuntó que no es “una certeza”, como tampoco lo es “en el desagregado por género porque no es lo mismo ser niña en una institución que ser varón”.

“Estos son desafíos inmediatos porque significa que una niña o un niño que está en una institución, no solamente está en suspenso su proyecto de vida sino que incluso puede verse completamente trastocada”, manifestó.

Apuntó que investigaciones revelaron que los menores que pasan tiempo en estas instituciones comienzan a perder sus matices de personalidad, se homogeinizan y posteriormente enfrentan dificultades para establecer en el mundo adulto relaciones positivas.

“Es importante asumir que debemos avanzar en la lucha contra la institucionalización, ya Naciones Unidas y la CIDH ha señalado que los niños menores de tres años no lleguen a una institución, es un gran pendiente en nuestro país y que tenemos importantes desafíos”, indicó.

Asimismo, la legisladora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, añadió que este informe abonará para la articulación de un sistema nacional que garantice la protección integral de los derechos de los menores.

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