Ciudad de México, 24 de ene (SinEmbargo).– Había pasado apenas una hora de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera liberar a Florence Cassez, cuando Joaquín López Dóriga hizo contacto con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. En vivo, en su programa en Radiofórmula, y le preguntó si habría alguna responsabilidad para quienes llevaron el caso de la ciudadana francesa. Es decir, si Genaro García Luna, el súper policía de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, tendría alguna responsabilidad.
Con una amplia experiencia en la política –mucha más que en el ámbito de justicia–, el funcionario federal respondió: “Eso habrá que determinarlo con precisión; aunque el fallo de la Corte sí significa una crítica a los sistemas de procuración de justicia”.
Murillo Karam dijo, además, que la decisión es “un llamado de atención a las autoridades encargadas de realizar los procedimientos penales, lo que hace necesario acelerar la entrada de un nuevo procedimiento”. Fue abundante en la crítica.
Y luego tocó otro caso: el de los militares presos, entre ellos generales, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue la última de las “grandes detenciones” del anterior gobierno.
El funcionario federal simplemente expresó:
“Lo que hay son evidencias de los testigos protegidos, pero nada que las confirme”.
Para cualquiera que hubiera dado seguimiento de los casos más escandalosos de arrestos en el sexenio de Calderón, realmente no hay sorpresa en la liberación de Florence Cassez, ni en que no existan pruebas contra los militares presos.
Ambos casos son un botón de muestra de la justicia durante el sexenio pasado, en donde decenas de mexicanos fueron detenidos sin pruebas y posteriormente liberados por jueces.
“Creo que nos tendríamos que dedicar a pensar cómo reconstruimos una institución que está colapsada, que ya no nos sirve, que solamente comete abusos, que no le sirve ni al acusado, ni a las víctimas, ni a nadie”, dijo a la cadena Televisa la constitucionalista Ana Laura Magaloni ayer.
Lo mismo dijo el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, a Milenio Televisión: “Lo necesario ahora es que la sociedad se pronuncie de manera muy severa contra estas actividades que hace la policía, que hace el Ministerio Público y que ponen en entredicho a la justicia”.
Plascencia, más claramente, hablaba de la cadena de fiascos desatada por la policía de García Luna, quien a pesar de las críticas fue sostenido durante seis años por el ahora ex Presidente Calderón.
La francesa Florence Cassez fue primero condenada a más de 90 años; luego un juez revisó el caso y le dieron 60. Ahora está libre, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encontró falla de procedimiento pero además violaciones a sus derechos humanos.
El 9 de diciembre de 2005, en medio de un gran despliegue mediático de Televisa y TV Azteca, miles de televidentes fueron testigos de la captura “en vivo” de Cassez y su pareja sentimental, Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. Presuntamente los habían detenido en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca.
En la transmisión, también tuvo lugar la presunta liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, Cristina Ríos Valladares y su hijo de 10 años por parte de elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo titular en ese entonces era Genaro García Luna.
Dos más tarde, el 5 de febrero de 2006, Cassez denunció el montaje de su detención en el programa Punto de Partida con Denise Maerker. Ante esto, García Luna reconoció que la escena fue recreada y se disculpó argumentando que se trató de “una reconstrucción solicitada por los medios de comunicación” y que esto no se tendría en cuenta durante el juicio.
Tras la declaración del funcionario, la televisora despidió a Pablo Reinah, reportero que cubrió esa mañana el operativo. Fue acusado junto con otros empleados de la compañía de planear con las autoridades la simulación. Sin embargo, el comunicador entabló a un juicio y publicó una carta en la que aseguraba que nunca se enteró que se trataba de una recreación. Después de un año de polémica, en marzo de 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que Reinah no recibió información de que el operativo era un montaje.
El Poder Judicial encontró motivos para sentenciar a la ciudadana francesa, según las pruebas presentadas a la justicia. Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian, quienes vivieron en cautiverio 54 días, identificaron supuestamente a Cassez por su voz.
El 27 de abril de 2012, en la Ciudad de México, la policía detuvo a Mario Vallarta Cisneros, presunto fundador de la banda Los Zodiaco. También se capturó a tres presuntos cómplices: Sergio Cortes Vallarta, Ricardo Estrada Granados y Eduardo Estrada Granados. Vallarta Cisneros, alias “El Chaparro”, declaró que Florence Cassez sí participó en los plagios que perpetró el grupo criminal.
Sin embargo, Cassez fue liberada. La Suprema Corte juzgó que las autoridades habían violado sus derechos más elementales y ya no entró en la materia que había originado su privación de libertad.
El caso Cassez es, quizá, el que más ruido ha hecho a nivel internacional sobre la condición del sistema de justicia y seguridad en tiempos de Calderón. Enfrentó a México y a Francia. Y hoy es motivo de discusión entre especialistas e interesados, porque ha puesto en evidencia a todo el aparato judicial mexicano.
Ni siquiera hay pruebas contra los generales
Fue otro golpe espectacular. El último del sexenio de Calderón.
Pero también en un hecho insólito, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo que reconocer ante un juez federal, apenas esta semana, que no tiene pruebas que incriminen al General Tomás Ángeles Dauahare de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.
El pasado 1 de agosto, el General Tomás Ángeles Dauahare junto con otros o cinco militares –los generales Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, el brigadier Roberto Dawe González, el Teniente Silvio Hernández Soto y el Mayor Iván Reyna Muñoz– fueron aprehendidos por supuesta protección a dicha organización criminal.
“Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados [las declaraciones] de los testigos protegidos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de ‘Jennifer’ y ‘Mateo’”, dice el oficio DGCPPAMDO/707/2013 de la PGR.
El juez ha fijado un plazo de 10 días hábiles para que el subprocurador general de Justicia Militar entregue el nombre del personal militar que se encontraba adscrito en diciembre de 2007 al aeropuerto internacional de Cuernavaca, donde supuestamente Ángeles Dauahare dejaba pasar cargamentos de droga del cártel de los Beltrán Leyva.
“Jennifer” es Roberto López Nájera, un abogado que sirvió a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, operador de los Beltrán Leyva, mientras “Mateo” es Sergio Villarreal, “El Grande”, segundo al mando en ese cártel hasta que la Marina lo detuvo en 2010.
Es muy probable que los militares salgan libres. Como Cassez.
Hank: Detenido, libre, detenido, libre… y absuelto
Cerca de las tres de la mañana del 4 de junio de 2011, el empresario y ex Alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, fue detenido junto con varios empleados en su casa por una “denuncia ciudadana”. Fue un gran operativo, con fuerte cobertura de medios: de los preferidos en la anterior administración.
En el inmueble, elementos castrenses encontraron 40 armas largas, 48 armas cortas, nueve mil 298 cartuchos útiles, 70 cargadores y una granada de gas, algunas de las piezas de este armamento fueron relacionadas supuestamente con homicidios perpetrados en el estado de Baja California.
Horas después, los militares trasladaron al político a las instalaciones de la PGR en Tijuana, donde en poco tiempo se reunieron decenas de priístas, quienes exigieron la libertad del también simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ese mismo día Hank Rhon fue trasladado a la Ciudad de México.
Cuatro días después el empresario regresó a la ciudad fronteriza, donde fue internado en el penal de mediana seguridad de “El Hongo”, en el municipio de Tecate, junto con las 10 personas más. Al día siguiente se le consignó ante un juez federal por el delito de acopio de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, un delito grave y, por tanto, sin derecho a fianza. Pese a esto, el priista recobró su libertad.
El 14 de junio, 10 días después de su detención, la juez noveno de Distrito en el estado de Baja California Blanca Evelia Parra Meza, decretó auto de libertad a Hank Rhon y 10 coacusados más, tras determinar que no existían elementos suficientes para acreditar los cargos que la PGR les imputó.
Sin embargo, horas más tarde el ex funcionario local fue arraigado nuevamente presuntamente por haber dado la orden para matar a Angélica María Muñoz, quien era novia de uno de sus hijos y fue asesinada en 2009.
La tarde de ese día fue liberado por segunda vez en menos de 24 horas por un juez estatal, quien dijo que faltaban pruebas en el caso del homicidio.
El PRI y Hank se quejaron del uso político de la justicia: el ex Alcalde se preparaba para contender por la gubernatura de Baja California.
Greg Sánchez: La “justicia” en tiempos electorales
El ex Presidente municipal de Cancún y ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, fue detenido el 25 de mayo del 2010 por sus presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva y Los Zetas. El arresto se dio en plena campaña electoral. Al día siguiente ingresó en el Centro de Readaptación Social 4 “El Rincón” en Tepic, Nayarit.
El 1 de junio el Juzgado Segundo del Distrito de Procesos Penales Federales resolvió que existían evidencias suficientes para someter al perredista a un proceso penal, por lo que no tendría derecho a la libertad provisional y se informó que le serían suspendidos sus derechos políticos. Un día después, la PGR lo acusó de haber participado en una cumbre de narcos realizada en Acapulco en 2009.
En agosto de ese año, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy SEIDO) comenzó una investigación contra su esposa, Niurka Sálica, por su presunta participación en el tráfico de indocumentados cubanos.
El 20 de julio de 2011 la Procuraduría General de la República (PGR) y la SIEDO le otorgaron un auto de formal libertad “con reservas de ley” -obligando el uso de un dispositivo electrónico- por falta de pruebas en su contra y ante la nula respuesta del Juzgado Quinto de lo Penal de Quintana Roo.
Gregorio Sánchez no pudo competir em las elecciones. El Ministerio Público no pudo fundamentar las acusaciones.
Ahora, el político se prepara para regresar a la política.
“Michoacanazo”: Otro golpe espectacular en elecciones
El 26 de mayo de 2009, en un operativo federal fueron aprehendidos 27 funcionarios estatales y municipales de Michoacán. Estaban acusados de mantener vínculos con la delincuencia organizada, especialmente con La Familia. La cifra de detenidos aumentaría hasta llegar a 38.
El arresto, espectacular, se dio justo semanas antes de las elecciones federales intermedias, en donde, por cierto, el Partido Acción Nacional sufrió una derrota tan contundente que obligó a Germán Martínez a convertirse en el primer presidente nacional panista en renunciar a su cargo.
Poco más de un mes después, el 29 de junio, fueron liberados los entonces alcaldes Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortes Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista Tomatlán. Los tres fueron restituidos.
Meses más tarde, a finales de enero de 2010 se ordenó la liberación de 12 personas más, entre ellos los ex presidentes municipales de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez, quien volvió a sus funciones; de Uruapan, Antonio González Rodríguez, también continuó al frente de la alcaldía; de Ciudad Hidalgo, José Luis Ávila Franco, quien junto con Adán Tafolla de Tumbiscatío, regresó a su puesto.
También salieron de prisión el ex juez Jaime Liera Álvarez; la ex secretaria de Seguridad Pública estatal, Citlali Fernández González; el ex subprocurador de Justicia del Estado, Ignacio Mendoza Jiménez; la ex policía ministerial Gabriela Mata; el ex síndico de Lázaro Cárdenas, Abel Salazar, el ex policía municipal de Lázaro Cárdenas, Baldomero Morales; el ex director de Seguridad Pública de Tumbiscatío, Roberto Rubio Vázquez y el ex director de obras públicas de Arteaga, Salvador Dionisio.
Poco a poco los demás inculpados dejaron la cárcel. Siguieron Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela de Zitácuaro, donde continuó en funciones; el ex Alcalde de Apatzingán, Genaro Guízar, quien también fue restituido; el ex director de Sin Financia, Ricardo Rubí Bustamante; Juan Gaona Gómez, ex jefe de agentes de la Secretaría de Gobierno, y Ramón Ponce Ponce, ex asesor de la Procuraduría de Justicia.
A mediados de 2010, Mario Manuel Romero Tinoco, ex Alcalde de La Huacana fue el siguiente en quedar en libertad; así como Jairo Germán Rivas Páramo, ex Alcalde de Arteaga; Victorino Jacobo Pérez, director de seguridad Pública de ese municipio; José Lino Zamora, abogado litigante; tres policías ministeriales, e Israel Tentory García, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal.
Tras salir del Cereso “Mil cumbres” en Morelia, Rivas Páramo notificó al Congreso michoacano que se reincorporaría a la presidencia municipal.
Las liberaciones continuaron y en agosto también salieron de prisión Lorenzo Rosales Mendoza, ex agente del Ministerio Público Federal, y Mario Bautista Ramírez, ex director de Seguridad Pública estatal.
Al siguiente mes, el juez encargado del caso, Efraín Cázares López, indicó que la PGR no había aportado pruebas suficientes para inculpar a Mariano Ortega Sánchez, Alcalde de Lázaro Cárdenas, por presuntos vínculos con el crimen organizado, por lo que incluso fue reinstalado en su cargo.
El 28 de septiembre cinco policías ministeriales quedaron en libertad.
El último en salir de la cárcel fue Armando Medina Torres, ex Alcalde de Múgica, quien estuvo preso un año, siete meses y ocho días.
La última noticia en torno al caso se dio el 24 de octubre de 2012, cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó destituir de sus funciones al titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, quien estuvo al frente del caso y dejó en libertad a ex funcionarios y policías.
Julio César Godoy: El colmo de la ineficiencia
En septiembre de 2010, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del ex Gobernador Leonel Godoy, se dio a la fuga. Estaba acusado por el mismo caso de funcionarios detenidos en Michoacán: por tener nexos con el crimen organizado. Su caso fue presentado con gran escándalo. Las autoridades federales dieron a conocer grabaciones y evidencia que parecía, en efecto, vincularlo con cabezas del narcotráfico.
Ese año, a escondidas y burlando a la Policía Federal, Julio César se presentó en la Cámara Baja y rindió protesta como Diputado federal. Gracias a esta acción, el político obtuvo el amparo de la figura de fuero constitucional, que se otorga a los legisladores.
Godoy Toscano fue electo Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las elecciones del 5 de julio de 2009,. Sin embargo fue hasta un año después logró tomar posesión de cargo, ya que enfrentaba un proceso legal presuntamente apoyar las actividades de La Familia Michoacana en el municipio de Lázaro Cárdenas.
En su momento, Godoy Toscano calificó de “tontas y pendejas” las acusaciones de la PGR que lo vinculaban con la organización criminal y acusó al gobierno federal de organizar un golpe de Estado contra la administración de la entidad. Denunció un acoso político por parte del ex Presidente Felipe Calderón para atacar y derrotar al PRD en Michoacán.
Luego fue desaforado. Hoy, está prófugo.
Néstor Moreno: Una bofetada a la opinión pública
Tras pagar una fianza de 15 millones de pesos, el ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, pudo salir del Reclusorio Oriente para cenar en Navidad con su familia, en diciembre pasado.
Su rostro, lleno de cirugías, siempre estuvo ligado con la corrupción gubernamental. Hoy está libre. La Jueza Cuarta de Distrito en Procesos Penales Federales del DF, Taissia Cruz Parcero, concedió libertad condicional al ex funcionario luego de que su defensa promoviera que se entregaran el pasaporte y la visa de Moreno “como demostración de que no pretende salir del país”.
En septiembre de 2010, la SEC informó que ABB pagaría 58.8 millones de dólares para resolver un contencioso con Estados Unidos, que le acusaba de pagar sobornos a funcionarios mexicanos para obtener contratos de energía. La SEC sostuvo que entre 1999 y 2004 ABB Network Management, la filial estadounidense de ABB, sobornó a funcionarios de las estatales mexicanas CFE y de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Entre los funcionarios que recibieron sobornos está Moreno, quien, se presume, recibió como regalo un lujoso yate, un Ferrari y miles de dólares en efectivo, entre otras cosas.
Moreno Díaz trabajó en la CFE desde los años setenta y contó con influencia hasta septiembre de 2010, después de que Estados Unidos iniciara una investigación.
Fue detenido el 7 abril de este año y procesado por presunto enriquecimiento ilícito en un monto cercano a los 34 millones de pesos.
Su libertad, en un sexenio en el que ningún alto funcionario cayó por corrupción, es considerado, hasta hoy, una bofetada a la opinión pública.
