La votación ocurrió a pocos días de que familiares de desaparecidos se dieran cita en el Senado a al foro “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas” , organizado por la ONU, en el que reclamaron a los legisladores no estar presentes y bloquear la ley aprobada hoy.
Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo/Efe).– El Senado aprobó hoy la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares respondiendo a la exigencia de los familiares de desaparecidos, quienes pedían que la norma pasara antes de que acabara el periodo legislativo.
El dictamen fue aprobado en la Cámara alta con 90 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, apenas unas horas después de que pasara en Comisiones.
A continuación, la ley, que lleva dos años discutiéndose en el Legislativo con la colaboración de familiares de desaparecidos y asociaciones civiles, será discutida en la Cámara de Diputados.
De no ser aprobada esta semana antes de que acabe el periodo legislativo, los diputados tendrán que aplazar la discusión hasta el mes de septiembre, cuando comience el próximo periodo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional celebraron la aprobación.
En un comunicado, el Senado destacó que la ley establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información de la materia entre instituciones.
Además, se crean protocolos con directrices para los procesos de búsqueda, se establece la declaratoria de especial de ausencia para reconocer la personalidad jurídica de las personas desaparecidas y se establecen los derechos de las víctimas y los mecanismos de apoyo.
La Ley establece penas de hasta 90 años de cárcel para quien cometa el delito de desaparición forzada.
Se prohibe que se inhumen, incineren, sepulten o destruyan los restos de alguna persona de las que se desconoce su identidad.
Establece la creación de Comisión Nacional de Búsqueda, en respuesta al mandato constitucional; una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información y registros nacionales importantes, tales como el Registro Nacional de Fosas y el Banco Nacional de ADN.
Asimismo, el texto garantiza que los familiares de las víctimas “estén informados en todo momento” de las investigaciones y les concede el derecho de participar en la búsqueda directa.
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De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en el país hay 30 mil 973 personas de quienes se desconoce su paradero.
Los familiares solicitan que la ley de desaparecidos sea aprobada para proporcionar un marco jurídico que estandarice los protocolos de investigación y búsqueda y con el que puedan exigir responsabilidades a los servidores púbicos.
La votación ocurrió a pocos días de que familiares de desaparecidos se dieran cita en el Senado a al foro “Necesidades forenses en México frente a las desapariciones y fosas” , organizado por la ONU, en el que reclamaron a los legisladores no estar presentes y bloquear la ley aprobada hoy.
ONU VE DEFICIENCIA EN BÚSQUEDA
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció este jueves en un comunicado que la ley “posee avances para enfrentar uno de los problemas más doloroso, urgente y complejo que enfrenta el Estado mexicano”.
Dichos avances responden a varias recomendaciones de organismos internacionales, incluidas las del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita al país en octubre de 2015, precisó la ONU-DH.
Asimismo, la ONU-DH “lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas, el más significativo de los temas materia de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos. Para la ONU-DH, el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado”.
La CNDH expresó en un comunicado su beneplácito por la aprobación del Senado de la República de esta ley y afirmó “que resulta de gran importancia para erradicar esa nociva práctica que es incompatible con los derechos humanos”.
El proyecto de ley, que lleva dos años discutiéndose en el Legislativo con la colaboración de familiares de desaparecidos y asociaciones civiles, fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
De no ser aprobada esta semana antes de que acabe el periodo legislativo, los diputados tendrán que aplazarla hasta el mes de septiembre, cuando comience el próximo periodo.
En ese sentido, Amnistía Internacional (AI) precisó en un comunicado que la ley “puede constituir un avance para hacer frente a la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Ahora sólo falta la aprobación de la Cámara de Diputados para que el proyecto de ley pueda avanzar con firmeza a ser una realidad”.
“La aprobación definitiva del proyecto de ley es decisivo para poner fin a la pesadilla que día a día viven miles de familias que buscan a sus seres queridos, enfrentando enormes riesgos y haciendo labores que corresponden a las autoridades públicas”, manifestó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.
