La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el proceso de análisis para determinar la constitucionalidad de la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada en marzo por el Congreso estatal, la cual avala la posibilidad del uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable”.
Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, envió al Congreso local una iniciativa para que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, conocida como “Ley Eruviel” o “Ley Atenco”, no entre en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine su constitucionalidad.
“No entra en vigor la Ley de Uso de la Fuerza Pública hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la sentencia correspondiente, se pronuncie respecto a las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron por diputados locales de nuestra entidad”, declaró el mandatario.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el proceso de análisis para determinar la constitucionalidad de la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aprobada en marzo por el Congreso estatal.
“Hay un riesgo de que la SCJN la haga constitucional. En términos legales, nos tendríamos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero lo que yo creo que va a pararlos son las movilizaciones y la lucha y presión social”, dijo el abogado José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), a SinEmbargo.
En marzo pasado, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley que regula el uso de la fuerza pública para manifestaciones y actos de protesta civil. Un mes después, la SCJN admitió tres acciones de inconstitucionalidad en contra.
Lara Duque expuso que la posibilidad del uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable” es lo que más se conoce de la “Ley Eruviel”, pero enfatizó una serie de puntos sobre cuándo una protesta es ilegal, quiénes son los responsables de las víctimas y si pueden ser denunciados.
De acuerdo con el abogado deben enfatizarse l0s siguientes artículos:
–Una asamblea o reunión se convertirá en ilegal cuando exijan a una autoridad que deje de hacer algo. Si una protesta demanda no construir un aeropuerto, ejemplificó, ya es ilegal.
–Rompe la cadena de mando porque, si hay disparos u homicidios, la ley dice claramente que los responsables serán los jefes del operativo. Con ello los gobernadores o presidentes municipales están totalmente exentos.
–El artículo 17 permite los infiltrados en las manifestaciones y asambleas, bajo el argumento de prever si la reunión se va a tornar en ilegal. Si la asamblea delibera una exigencia, explicó Lara Duque, obtienen la información suficiente para poder planear un operativo para combatir la protesta.
–El artículo 21 legaliza la detención mediante el ingreso a los pueblos. Ya en la prisión, la ley permite utilizar candados en las manos de los detenidos, así como esposas de muñecas o tobillos, cadenas y camisas de fuerza si son considerados peligrosos.
–Si una persona reclama haber sido víctima de un exceso policiaco, sólo puede hacerlo la persona misma. Es decir, si es asesinada o queda en coma, no hay otra forma de que alguien más lo denuncie.”Entonces se van asegurar que el afectado no pueda denunciar…”, sugirió.
–El artículo 53 “obliga a la represión” porque, cuando los mandos no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego, se les hará una investigación interna. “O sea, no quieren miedosos”, interpretó el coordinador del CDHZL.
